El Papa León XIV promulga nuevas normas para la Curia Romana

El resultado de su trabajo, muy esperado según una fuente vaticana, son los dos nuevos reglamentos firmados por León XIV el domingo 23 de noviembre y publicados este lunes: el Reglamento General de la Curia Romana y el Reglamento del Personal de la Curia Romana.

Estos sustituyen al Reglamento General único de la Curia Romana, promulgado por el cardenal secretario de Estado Angelo Sodano en 1999 con la aprobación del Papa Juan Pablo II. En aquel entonces, el objetivo ya era implementar una nueva Constitución Apostólica, Pastor Bonus —precursora de Praedicate Evangelium— , firmada por Juan Pablo II en 1988. El Papa polaco tuvo que hacer dos intentos, ya que el reglamento de 1999 sustituyó a otro texto promulgado en 1993.

El primer reglamento establece las normas generales que rigen el funcionamiento de las instituciones y oficinas que conforman la Curia Romana. El segundo regula las normas organizativas, disciplinarias y económicas relativas a las relaciones laborales del personal de la Curia Romana. Ambos textos entrarán en vigor el 1 de enero de 2026.

A diferencia de las regulaciones de 1993 y 1999, fue el propio Papa, y no el Secretario de Estado, quien firmó ambos documentos. Esta diferencia es coherente con el Praedicate Evangelium, que había disminuido la influencia de la Secretaría de Estado, a pesar de ser un órgano central de la Curia Romana.

Por otro lado, la Secretaría de Economía, el órgano ejecutivo económico de la Santa Sede, cuya importancia ha ido en aumento desde su creación en 2014, se menciona 61 veces en ambos reglamentos. Los textos confirman que es la entidad rectora del sistema económico del Vaticano, responsable de controlar y aprobar diversos gastos, promociones y contrataciones.

El Reglamento del Personal de la Curia Romana incluye los principales cambios que afectarán directamente a los empleados del pequeño estado. La nueva normativa es notablemente más restrictiva en cuanto a las licencias. Las bajas por enfermedad deben justificarse con un certificado médico cuando superen un día de ausencia (en lugar de dos antes) y no pueden exceder los veinte días (en lugar de los cuarenta) al año sin necesidad de un reconocimiento médico. Además, los numerosos empleados extranjeros ya no disfrutan de licencias adicionales (entre tres y cinco días al año) para regresar a sus países de origen.

Los empleados de la Santa Sede ya no pueden ejercer ningún otro empleo remunerado fuera del Vaticano. También se les prohíbe infringir las disposiciones relativas a la protección del medio ambiente o la seguridad, aceptar puestos en otras organizaciones de la Santa Sede sin la autorización expresa de su superior o hacer mal uso de su correo electrónico profesional.

Las causas para despedir a un empleado de la Santa Sede, algo culturalmente muy raro dentro de los muros leoninos, son ahora mucho más numerosas. Ahora es posible ser despedido por "rendimiento insuficiente persistente y negligencia en el ejercicio de las funciones profesionales", por ausencias reiteradas del trabajo, por haber sido culpable de "reiteradas evaluaciones negativas de rendimiento por parte del gerente" o por haber demostrado "grave abuso de autoridad".

El reglamento también regula de forma más estricta los procedimientos para todas las formas de colaboración profesional autorizadas en la Santa Sede, desde prácticas y asignaciones temporales hasta voluntariado. A partir de ahora, la contratación de becarios no podrá "en ningún caso tener como objetivo compensar posibles déficits de personal".

Un cambio notable se refiere a los idiomas utilizados en el Vaticano. Anteriormente, los empleados de los dicasterios debían redactar sus documentos generalmente en latín, y solo se permitían otros idiomas cuando fuera necesario. Esta norma no se adaptaba a la realidad actual del trabajo en el pequeño Estado, donde los empleados ahora pueden escribir en latín o en otro idioma, sin que se priorice el latín, aunque sigue siendo el idioma oficial de la Iglesia.

El nuevo reglamento también estipula la formación profesional continua obligatoria para los empleados, les exige declarar cualquier posible conflicto de intereses y exige evaluaciones anuales de desempeño. Asimismo, establece un protocolo para la tramitación de las solicitudes dirigidas a las distintas entidades de la Santa Sede, que ahora deben registrarse, asignarse a un responsable y recibir una respuesta. Esta medida pretende garantizar la transparencia procesal para que ninguna pregunta quede sin respuesta.