Esta iniciativa fue presentada por un diputado del partido en el poder, Arturo Ávila Anaya, quien finalmente la retiró después de platicar con ministros de culto cristianos y obispos católicos quienes la habían calificado como “un ataque encubierto a la libertad de expresión” de los ministros de culto.
Aunque no fue siquiera debatida, plantea dudas importantes: ¿podría reaparecer con otro formato o a nivel estatal? ¿Qué implicaciones tiene para la libertad de expresión de los sacerdotes, religiosos y laicos comprometidos con la doctrina social?
Cuando el poder quiere definir la fe
La Iglesia ha sido siempre, a lo largo de los siglos, fiel a su misión. El anuncio y la denuncia han sido siempre profecía y acción lo cual puede implicar pronunciarse sobre valores sociales, morales y éticos sociales y no solo cristianos.
Una ley que regule “lo que puede decir un sacerdote en redes sociales” abre la puerta a la arbitrariedad: ¿quién define cuándo es “ideología” y cuándo es doctrina? Las leyes que usan términos vagos: “mensajes ideológicos”, “expresiones contrarias a la neutralidad del Estado”, “discurso con implicaciones políticas”, son peligrosas porque dependen de la interpretación del poder de turno.
El problema no es nuevo. En la historia mexicana, los primeros pasos hacia la persecución religiosa comenzaron siempre con “regulaciones administrativas”. Durante el tiempo de la “Cristiada” bastó con imponer licencias a los sacerdotes y limitar la educación religiosa para que el Estado terminara decidiendo quién podía ejercer su ministerio y quién no.
Cuando un gobierno empieza a decidir qué tipo de fe es aceptable y cuál es “ideología”, la frontera entre laicidad y autoritarismo se desvanece.
El Evangelio no es ideología
El Papa Francisco, en Evangelii Gaudium (183), advierte:
“Nadie puede exigirnos que releguemos la religión a la intimidad secreta de las personas, sin influencia alguna en la vida social”.
Y el Papa Benedicto XVI, en Deus caritas est (28), explicó:
“La Iglesia no puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la justicia”.
La fe cristiana tiene consecuencias sociales y políticas, no en el sentido partidista, sino por la defensa del bien común y la dignidad humana. Por eso, que un sacerdote hable de la vida, la familia, la justicia social, la corrupción institucional o la paz, no está haciendo ideología, está cumpliendo su misión profética.
Lo ideológico es imponer una visión política desde el altar. Lo doctrinal es iluminar la vida pública con la luz del Evangelio. Confundir ambas cosas —y más aún, permitir que el Estado decida cuál es cuál— es lo que abre la puerta a la persecución religiosa.
El patrón que preocupa es este:
- Primero se regula el discurso religioso “por motivos de orden público”.
- Luego se condiciona la visibilidad de los contenidos religiosos en medios y redes.
- Después se penaliza a quienes, desde la fe, denuncian la injusticia.
Así comienzan las persecuciones modernas: no con cárceles ni hogueras, sino con algoritmos, sanciones administrativas y leyes ambiguas.
Una fe que no silencia
La Iglesia no busca privilegios, sino la libertad de predicar el Evangelio en todos los ámbitos: templos, calles, medios y redes. Limitar esa libertad —aunque sea bajo el pretexto de “regular”— es limitar el alma de una nación que se formó con la fe en Cristo.
“La Iglesia no puede amar en silencio. Callar ante la injusticia sería traicionar el corazón de Cristo, que habló con ternura y con verdad”.
Y si el amor habla, nadie debería tener el poder de silenciarlo.
