Si bien los templos no cerrarán tras la decisión del régimen de Ortega del congelamiento de cuentas bancarias de la Iglesia, algunos efectos ya se empiezan a notar
El último gran golpe del régimen encabezado por Daniel Ortega y Rosario Murillo contra la Iglesia católica en Nicaragua ha tenido que ver con el cierre de cuentas bancarias de varias diócesis acusadas de «malversación de fondos» como «parte de una red de lavado de dinero».
Más allá de que se trate de una inverosímil acusación empujada por supuestas investigaciones desarrolladas por la Policía Nacional, tal cual recordó un reciente informe de Jaime Septién en Aleteia, en la que dan cuenta de actividades ilícitas en el manejo de fondos, medios locales como Confidencial señalan que los templos no van a cerrar por esta decisión del régimen.
Sin embargo, añade el medio nicaragüense, el congelamiento de las cuentas bancarias de la Iglesia provoca un «estrés financiero» en las parroquias del país. Esto ha derivado, por ejemplo, en la suspensión de algunos proyectos de infraestructura, lo propio en cuanto a la retención de sueldos en colegios católicos y hasta el tener que despedir a colaboradores.
En ese sentido, tal cual expresó un integrante de una parroquia de Nicaragua a ese medio, las iglesias ya funcionan «de manera reducida».

La ofrenda, principal fuente de financiamiento
Debido a esta situación generada por el congelamiento de cuentas, las parroquias de Nicaragua ahora dependen solo de ofrendas y limosnas que se puedan ofrecer desde la feligresía, ya que se ha transformado en impedimento «el apoyo directo de familias» a través de otros medios.
Esto también fue dicho por dos sacerdotes exiliados a Confidencial (pidieron anonimato), quienes manifestaron que la ofrenda es la principal fuente de financiamiento de las parroquias en casi todo el país, algo que permite el sostenimiento a pesar del congelamiento de cuentas bancarias.

Recortes y suspensiones de pago
En este contexto, los templos se pueden mantener de manera general, pero no todos «tendrán la capacidad de continuar pagando salarios de sus colaboradores, servicios básicos y obras de mantenimiento», insistió el integrante de una parroquia a Confidencial, que cuentan con una fuente de ingresos alternativa también a través de celebraciones privadas como bodas, bautizos y otras ofrendas individuales.
Sin embargo, se subraya, nada de eso amortigua el impacto de la medida del régimen de Ortega contra la Iglesia en Nicaragua. Por ejemplo, todo eso también deriva en la imposibilidad de pagar sueldos a algunos colaboradores en parroquias. Lo propio con respecto a las complejidades para pagar a docentes de colegios vinculados a las diócesis nicaragüenses afectadas.
Por último, el pago de servicios básicos, algo que también se estima se verá atrasado debido a la imposibilidad de acceso a las cuentas.
«Los montos son muy elevados y no solamente es una factura. Se paga el servicio de energía de la parroquia, de la casa cural y en algunos casos, si tienen auditorios aparte, es un recibo adicional», dijo uno de los sacerdotes bajo anonimato.

Monseñor Álvarez, toma de colegios y expulsión de religiosas
En medio de esta embestida, recientemente se recordó también que el obispo de Matagalpa lleva más de un mes desde su última aparición pública desde la cárcel La Modelo de la mano del régimen de Ortega.
El pasado 3 de junio, Álvarez cumplió 70 días sin recibir visitas en la cárcel, apunta otro medio como Despacho 505. Al mismo tiempo, en base a la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), se afirmó que se ha obtenido información de que las condiciones de prisión del obispo «violan normas y estándares internacionales de derechos humanos, con higiene y saneamiento inadecuados, sin acceso a luz natural y sin permiso para pasar tiempo fuera de su celda».

En tanto, también trascendió en los últimos días la toma de sitios educativos –en la madrugada y con violencia- por parte del régimen como el Instituto Técnico Santa Luisa de Marillac ubicado en San Sebastián de Yalí, Jinotega. Junto al accionar y estas nuevas embestidas, también se produjo la detención de tres sacerdotes y la expulsión de más religiosas (Hijas de Santa Luisa de Marillac y Hermanas Dominicas de la Anunciata en el departamento de Rivas).
