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¿Y el asesino de los sacerdotes jesuitas de la Tarahumara?

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Jaime Septién - publicado el 02/12/22

José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, el principal sospechoso del asesinato de los jesuitas sigue prófugo de la justicia

A poco más cinco meses del asesinato de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, así como del guía de turistas Pedro Palma, en el municipio de Urique, Chihuahua «la impunidad está presente, hay indolencia», denunció el padre jesuita Javier «Pato» Ávila, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos de la Tarahumara en el noticiario de Joaquín López-Dóriga en Grupo Fórmula.

El «padre Pato» dijo que en la Sierra Tarahumara «no pasa nada y pasa mucho… Hay situaciones que agravan el tema. Sigue la impunidad, la incapacidad, la inseguridad, el dolor, la tristeza y el miedo. La paz no ha llegado… Hay un sistema fallido y equivocado de procuración de justicia … La corrupción sigue ganando en este Gobierno. Un delincuente plenamente comprobado sigue libre».

Esto último en referencia José Noriel Portillo Gil, alias El Chueco, el principal sospechoso del asesinato de los jesuitas quien sigue prófugo de la justicia.

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En este sentido, un amplio reportaje de Elías Camhaji para EL PAÍS edición de México pone de relieve que al menos tres relatores especiales de la ONU han pedido recientemente «pruebas de que se investigaron las amenazas contra los defensores de derechos humanos y avances sobre los responsables del crimen en la sierra Tarahumara».

Como viene siendo costumbre en la presente administración federal con respecto a la Iglesia católica, las autoridades del país han respondido «con un escueto documento» .

Tres relatorías y nula respuesta

Las denuncias contra quienes protegen los derechos humanos en la Sierra Tarahumara (en el Estado de Chihuahua, al norte de México) y el reconocimiento público de El Chueco como autor de los crímenes contra los sacerdotes Mora y Campos, aunado a la inacción de las autoridades tanto estatales como federales, han motivado que, según documentos a los que tuvo acceso EL PAÍS edición México, tres relatorías especiales del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se le hicieron llegar al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador un mes después del asesinato de los jesuitas.

Las autoridades mexicanas respondieron dos días antes de que venciera el plazo del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos que ahora encabeza Volker Türk con un magro documento oficial «en el que afirmaron que la Fiscalía estatal no consignó ninguna amenaza contra los sacerdotes».

Con referencia al Chueco, simplemente repitió lo que se conoce desde aquel 20 de junio de este año, cuando asesinó a los padres jesuitas y al guía de turistas de la zona: que sigue libre y transitando por la Sierra Tarahumara.

El documento de los relatores especiales de la ONU (en esos días al mando de Michelle Bachelet) fue firmado el 22 de julio. En él, los relatores expresaban su «profunda preocupación por el asesinato de los defensores de derechos humanos y sacerdotes jesuitas Joaquín César Mora Salazar y Javier Campos Morales, que tememos haya estado directamente relacionado con su labor».

También alertaban sobre la situación de los defensores de derechos humanos, sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias y sobre los derechos de los pueblos indígenas.

Los relatores pidieron al Gobierno de México que diera a todo esto una «atención urgente», cosa que, a juzgar por los resultados, no hicieron: El Chueco sigue prófugo, las detenciones en contra de defensores de derechos humanos se siguen produciendo lo mismo que las ejecuciones extrajudiciales y los derechos de los tarahumaras siguen siendo pisoteados (los jesuitas son sus grandes defensores). También pidieron al Gobierno que respondiera en un plazo no mayor a 60 días.

Respondió el Gobierno a los 58 días con los resultados anteriormente anotados; es decir, con un oficio firmado por la Misión Permanente de México ante la ONU en la ciudad suiza de Ginebra. «Las autoridades mexicanas reiteraron que no había registros judiciales de alguna amenaza contra los sacerdotes y no dieron información sobre las situaciones denunciadas por otros defensores de derechos humanos», constató EL PAÍS.

Estado incapaz

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, fundado por los jesuitas. Dijo en un comunicado: «Que tres mandatos especiales de la ONU se hayan pronunciado sobre el caso y demandado información sobre la indagatoria da cuenta del impacto global de estos eventos que, sin embargo, siguen impunes».

Y agrega el comunicado: «A casi seis meses, el Estado mexicano ha sido incapaz de presentar al perpetrador ante la justicia y la situación de la sierra Tarahumara no ha mejorado».

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