En México, lugar de tránsito o de estadía, se cuentan muchas historias, todas verdaderas porque llevan en su cuerpo y en su alma las señales de la violencia ejercida en contra de ellos, sobre los métodos de extorsión con que se nutren las maras o pandillas.
Hombres jóvenes, regularmente, mutilados, cortadas sus manos o uno de sus brazos, rajados a fuerza de cuchillo, con marcas indelebles que han tenido que salir huyendo de ambos países para que no los maten por no aportar el pago a las exigencias de los mareros.
No eran empresarios y comerciantes de alto nivel: al contrario, eran vendedores ambulantes, dueños de pequeños establecimientos como tortillerías, fondas, puestos en mercados públicos o choferes de autobuses, taxistas, etcétera. Han dejado sus países, sus familias, su precaria forma de existencia, para preservar su vida. Después, Dios dirá.
Honduras contra la extorsión
En Honduras, la mandataria Xiomara Castro declaró esta semana que su país entraba en un estado de excepción, proporcionando todos los recursos necesarios para que las fuerzas de seguridad combatan la extorsión que, en países como México, el narcotráfico ejerce bajo el apelativo ominoso de «derecho de piso».
Este supuesto «derecho» consiste en pedir una cuota fija a la gente indefensa a cambio de la «seguridad» de poder seguir ejerciendo su trabajo. Sin embargo, en gran cantidad de ocasiones, esta extorsión disfrazada exige mucho más de lo que se le puede entregar. Y entonces recurre a la amenaza y, en caso de no pago, a la mutilación o la muerte.
En Honduras, la extorsión es una de las principales causas de inseguridad, desplazamiento y migración de los pequeños y medianos comerciantes, lo que deja al país empobrecido, a las familias rotas y provoca el uso de la autodefensa, convirtiendo barrios enteros en regiones de guerra.
«Este Gobierno del socialismo democrático le declara la guerra a la extorsión, así como desde el primer día -el 27 de enero- le declaramos la guerra a la corrupción, a la impunidad y al narcotráfico», dijo Castro durante el anuncio de la Estrategia Integral contra la Extorsión y Delitos Conexos.
La Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), que investiga temas de seguridad en Honduras, confirmó que el «impuesto de guerra», que utilizan las maras para extorsionar, genera ganancias anuales equivalentes a los 737 millones de dólares, casi el tres por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país centroamericano.
Fase 5 en El Salvador
Mientras tanto el cuestionado proceso emprendido por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en contra del control que ejercían sobre buena parte del territorio nacional las maras, ha llegado a lo que el mismo Bukele llamó «la fase 5» del Plan Control Territorial (PCT).
El anuncio fue hecho por el presidente salvadoreño durante la juramentación de nuevas tropas de la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) que se sumarán a labores de seguridad pública. Con estos nuevos elementos, las FAES llegan a 14,000 militares.
Esta nueva etapa, que también ha sido llamada «Fase de Extracción» se llevará a cabo en base a cercos militares en ciudades y municipios grandes de El Salvador. El primero de ellos se hizo en la comunidad de Comasagua.
Criticado por medios salvadoreños y organismos internacionales, Bukele defendió en su cuenta de twitter el PCT: «Llevamos ocho meses en esta #GuerraContraPandillas y gracias a Dios, la estamos ganando de una manera en la que todos los expertos y analistas decían que era imposible. Decían que necesitaríamos muchos más años para lograrlo».
Hasta este mes de noviembre son cerca de 60.000 los detenidos pues el régimen de excepción permite detenciones sin orden judicial, suspende la libertad de asociación, el derecho a la defensa que tiene un procesado, extiende el plazo de detención preventiva de tres a 15 días y faculta la intervención de las comunicaciones.
