Ayer domingo México vivió una de las jornadas cívicas más importantes de los últimos tiempos. Con la premisa de que "el INE (Instituto Federal Electoral) no se toca", decenas de miles de mexicanos salieron a las calles de la capital y de prácticamente todas las capitales de los estados del país para alzar su voz en favor de la autonomía del árbitro electoral que ha permitido, desde 1997, la transición pacífica hacia la democracia en México.
La protesta ciudadana viene dada por la intención del actual presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de cambiar completamente la estructura del INE. Muchos analistas lo han interpretado no como una reforma de este instituto, que ha recibido múltiples reconocimientos internacionales por su labor en favor de la democracia. Sino como un intento de hacerlo desaparecer y sustituirlo por un árbitro parcial como el que funcionó en México durante los 71 años que estuvo el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el poder.
Además, el INE se encuentra con un nivel de aceptación ciudadana de 89 por ciento, siendo la institución con mayor nivel de reconocimiento entre los mexicanos. Su labor ha sido tal que en 25 años de organizar las elecciones y de contar, de manera autónoma los votos, ha logrado que tres de cuatro gobiernos federales hayan sido de la oposición al PRI, incluyendo el actual.
En un mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), los obispos de México calificaron a la reforma electoral que pretende el Gobierno y su partido (el Movimiento de Regeneración Nacional, cuyo acrónimo "Morena" es un intento de apropiarse de la "morenita" del Tepeyac, la Virgen de Guadalupe) como una "reforma regresiva". Pretende volver a los tiempos del partido único en el que el Gobierno organizaba las elecciones y contaba los votos.
Denuncia de los obispos
Más aún, al término de la reciente Asamblea General de la CEM llevada a cabo la semana pasada, los obispos mexicanos en su mensaje final advirtieron que al ambiente de violencia, inseguridad, migración forzada, narcotráfico y un largo etcétera, se han venido a sumar las amenazas a la democracia, la libertad religiosa y de expresión. Y finalmente, la polarización política, "alimentada, una y otra vez, por quienes deberían promover la unidad por el bien del país".
Quizá haya sido la más grave denuncia que haya hecho la CEM desde que se reanudó la relación diplomática entre México y la Santa Sede en 1992. Los obispos han cuestionado "la calidad moral" de quienes proponen una reforma de esta envergadura, que arrojaría al país al abismo de la dictadura de partido y lo pondría al borde de una conflagración interna de consecuencias imposibles de precisar.
Lejos de permanecer en silencio, el episcopado mexicano ha invitado a los fieles y a todas las personas de buena voluntad a "ser sensibles a la situación actual y a no quedarse de brazos cruzados ante los problemas que afectan a todos".
La marcha de ayer, que tuvo su réplica en otras capitales del mundo, patentizó que millones de mexicanos (73 de cada cien son católicos) no se van a quedar "de brazos cruzados", contemplando como lo que ha costado vidas y trabajos, vuelve a los antiguos cauces.
Defensa de las instituciones
"Los Obispos de México perciben que la inmensa mayoría de los mexicanos sueña y está dispuesta a construir una sociedad en la que todos podamos sentarnos en armonía en la mesa común", continúa diciendo el mensaje final de la Asamblea de la CEM. Invitan a "darnos la mano como hermanos" para encontrar "nuevos caminos en las relaciones sociales, políticas y económicas, que nos lleven a construir una patria mejor para todos".
En suma, según los prelados de México, "la defensa de nuestras instituciones electorales es responsabilidad y deber de todos los ciudadanos. Por eso decimos junto a millones de voces: ‘no pongamos en peligro la estabilidad y la gobernabilidad democrática del país’". Las marchas multitudinarias del domingo 13 de noviembre se hicieron eco de ese reclamo. México se puso de pie, en defensa de la democracia.
