En una sesión plenaria celebrada el 14 de octubre, el Parlamento Europeo subió el tono de exigencia al gobierno de Nicaragua y reclamó “la liberación inmediata” del obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, quien se encuentra arraigado desde el pasado mes de agosto en casa de unos familiares.
En una resolución aprobada con 538 votos a favor, 16 en contra y 28 abstenciones, condenó “en los términos más enérgicos” la represión y las detenciones de miembros de la Iglesia católica en Nicaragua y reclamó al presidente de esta nación centroamericana, Daniel Ortega, “su inmediata liberación”.
En la que pasa por ser la resolución más firme de condena a un régimen cuyo sistema judicial es “un instrumento de represión” a su servicio, el Parlamento Europeo también pidió que la Corte Penal Internacional investigue a Daniel Ortega “por crímenes contra la humanidad”.
La situación de los derechos humanos en contínuo deterioro
En el documento resolutivo, los eurodiputados instan al gobierno de Nicaragua a restablecer el pleno respeto “de todos los derechos humanos, incluida la libertad de expresión, religión y creencias”. Por lo tanto, anular los procedimientos judiciales y sentencias impuestas al obispo Álvarez y otras víctimas de detención arbitraria.
Por sexta ocasión en lo que va de la actual legislatura, el Parlamento Europeo ha emitido una resolución sobre Nicaragua sin que hasta el momento Ortega y la vicepresidenta Rosario Murillo hayan dado señales de que van a cambiar de postura y aliviar la represión que se ha recrudecido desde abril de 2018.
El Parlamento lamentó “el continuo deterioro de la situación y la escalada de la represión contra la Iglesia católica, personalidades de la oposición, la sociedad civil, defensores de los derechos humanos, periodistas, campesinos, estudiantes y personas de pueblos indígenas” .
Detenciones arbitrarias por ejercer libertades fundamentales
También puso énfasis en uno de los métodos preferidos por las fuerzas policiacas y paramilitares al servicio del gobierno sandinista: las detenciones arbitrarias “únicamente por ejercer sus libertades fundamentales”, es decir, por pensar diferente al pensamiento único y por expresar lo que piensan.
El sistema judicial nicaragüense carece de independencia, subrayan los eurodiputados, y es utilizado como instrumento para criminalizar el ejercicio de los derechos civiles y políticos. Hasta la fecha hay 206 presos políticos detenidos desde abril de 2018 que están recibiendo “un trato cruel e inhumano”.
Los eurodiputados también denuncian el cierre arbitrario de las organizaciones no gubernamentales, la persecución de los partidos de la oposición y de todos los disidentes. Al mismo tiempo llamaron a las autoridades de Nicaragua “para que deroguen la legislación aprobada desde 2018 que restringe indebidamente el espacio cívico y democrático”.
Cláusula democrática, comercio y crímenes contra la humanidad
Una vez expuesta la opinión mayoritaria de los eurodiputados, el Parlamento Europeo vio con absoluta claridad la justificación para que la ONU inicie “una investigación formal sobre Nicaragua y Daniel Ortega a través de la Corte Penal Internacional por crímenes contra la humanidad”.
No conforme con ello, el Parlamento pidió a la Unión Europea “extender la lista de personas y entidades sancionadas por vulneraciones de los derechos humanos, para incluir a jueces y fiscales nicaragüenses y al círculo más cercano del presidente Ortega, entre otros”.
Finalmente, el Parlamento pidió que se aplique la cláusula democrática del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica cuyo pilar comercial se firmó
con Nicaragua el 1 de agosto de 2013. Este Acuerdo reduce los aranceles y aumenta la eficiencia de los procedimientos aduaneros entre la Unión Europea y los países de Centroamérica, Nicaragua incluído.
Hoy celebramos a...