Las dictaduras en Guatemala están demasiado presentes en el ánimo del pueblo y de la Iglesia católica como para dejar pasar el reciente acontecimiento de la detención del fundador y director de El Periódico, José Rubén Zamora, conocido en el gremio periodístico como “Chepe” Zamora.
Zamora, junto con El Periódico han sido muy críticos de pasadas administraciones y también de la actual administración guatemalteca y han presentado lo que consideran pruebas de corrupción que implican a altos cargos del Gobierno que encabeza Alejandro Giammattei.
La detención de Zamora ocurrió en su domicilio el pasado viernes 29 de julio, y el sábado 30 se le envió a prisión provisional en una cárcel militar al norte de Ciudad de Guatemala. El mismo día de su detención, se registraron tanto las instalaciones de El Periódico como el domicilio.
Según la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), el periodista Zamora estaría involucrado en una serie de delitos de lavado de dinero, chantaje, tráfico de influencias y conspiración. Y es por ello por lo que está siendo investigado no tanto como periodista, sino como empresario, por lo que sus cuentas bancarias fueron congeladas.
Desde la cárcel provisional en la que se encuentra Zamora, ha dicho a los periodistas que se solidarizaron con él que estará haciendo una huelga de hambre los próximos días; y que se considera como un “preso político”, víctima de una conspiración en su contra y que, incluso, teme por su vida.
Ambiente de zozobra
La Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) ha reaccionado ante este hecho; advirtiendo que un acontecimiento de esta naturaleza recuerda los funestos tiempos de las dictaduras guatemaltecas. En ellas no existía un Estado de Derecho ni una defensa a las libertades individuales.
En su comunicado la CEG indica que, independientemente de las razones que esgrimidas por la FECI para detener a Zamora y registrar su periódico, se está atacando “de facto” la libertad de prensa en Guatemala; al tiempo que “se genera un ambiente de zozobra y miedo en los medios de comunicación social”.
Más adelante, los obispos guatemaltecos subrayan en su comunicado que estas y otras acciones que se han emprendido desde organismos como la FECI parecen estar “más motivados por un espíritu de venganza que como actos imparciales de administración de justicia”; lo que siembra dudas en la población de hasta dónde se cuenta con un Estado de derecho efectivo en el país.
“Luchar por el bien común, respetar la democracia y defender el Estado de derecho constituyen prioridades para el Estado de Guatemala; en sus distintos organismos: Judicial, Legislativo y Ejecutivo. Cuando, en el pasado, estos criterios se perdieron en nuestra historia, entramos en los tiempos funestos de las dictaduras”. Así advirtieron los obispos en su puntual escrito.
La CEG afirmó, finalmente, que “la libertad de expresión y la libertad de prensa constituyen principios básicos de un sistema democrático”; y esperan que en el caso del periodista Zamora se sigan los criterios de la ley. “De modo tal que la ley empiece a gozar de una credibilidad que lamentablemente ha perdido en no pocas ocasiones”.
¿Nicaragua 2.0?
Por su parte, los trabajadores de El Periódico apuntaron en su cuenta de twitter que “los ataques, persecuciones y amenazas contra el diario y su presidente, Jose Rubén Zamora, han sido constantes. Pese a ello, siempre hemos creído en la libertad de expresión; y trabajado para fiscalizar al poder a través del periodismo, contra viento y marea” y terminan diciendo “¡No nos callarán!”
Por su parte el procurador de los Derechos Humanos 2017-2022, Jordán Rodas Andrade, visitó la Torre de Tribunales; quería verificar que los derechos humanos de “Chepe” Zamora sean respetados; Y dijo: “No quisiera pensar que se está tratando de una versión Nicaragua 2.0, donde los medios de comunicación salen afectados”.
Hoy celebramos a...