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¿Hay garantía de que el cultivo de marihuana reparte riqueza en las zonas rurales?

CANNABIS

Shutterstock | ADOMINOZ

Jaime Septién - publicado el 28/01/22

Importante carta de los obispos de Costa Rica ante la nueva disposición legal sobre la marihuana

Ante la aprobación legislativa del proyecto “Ley del Cannabis para uso medicinal y terapéutico y del Cáñamo para el uso alimentario e industrial”, los obispos de la Iglesia Católica en Costa Rica se pronunciaron, mediante un comunicado, por analizar posibles escenarios negativos de esta nueva disposición legal aprobada en su fase legislativa.

Sin duda alguna, los fines del proyecto de ley aprobado de favorecer la salud de la población costarricense, así como de promover el desarrollo económico y social y el adecuado reparto de la riqueza en las zonas rurales de Costa Rica, “son altamente positivos”, dicen los obispos.

Sin embargo, lejos de quedarse en los fines, los prelados han ido más lejos y se han preguntado si el texto de la Ley aprobada en la Asamblea Legislativa, contiene “disposiciones que entrañan riesgos para la salud y la seguridad públicas, así como algunas incongruencias que conviene resolver”.

Catálogo de deficiencias

En su comunicado, los obispos –encabezados por el obispo de Ciudad Quesada, José Manuel Garita—señalan que respecto del cultivo, la producción, la industrialización, la comercialización de cáñamo y del cannabis psicoactivo, no existen garantías de que estos cultivos puedan contribuir a promover el reparto de la riqueza en las zonas rurales.

Y es que, según el comunicado, no se contemplan medidas que garanticen que los pequeños productores puedan obtener suficientes beneficios para migrar de sus actuales cultivos al de estas plantas. “La producción puede convertirse en la actividad de grandes productores, incluidas empresas transnacionales”.

Otro de los temas es que en esta iniciativa tampoco parece que la generación de empleo sea significativa y, en términos ambientales, los monocultivos tienen implicaciones en el deterioro ambiental, al margen del tipo de insumos que se utilicen como abono y para el control de plagas.

“Dada la gran similitud entre las plantas de cáñamo y de cannabis psicoactivo, la vastedad de los terrenos dedicados al cultivo del cáñamo hará sumamente difícil el control de las plantaciones ilícitas de la segunda, si se llega a camuflar en las plantaciones de las primeras, lo cual ya ocurre en otros países”, dicen los obispos.

Añaden algo fundamental: que es “altamente probable” que suceda lo mismo en Costa Rica, “teniendo en cuenta la gran actividad de quienes hoy realizan este cultivo de manera delictiva”.

A los 13 años ya se consume marihuana

Basando sus dichos en experiencias de otros países, los obispos de Costa Rica afirman que el cultivo descontrolado de cannabis psicoactiva, muy factible en el país centroamericano, “ocasionaría un grave daño a la salud pública, sobre todo a la población adolescente”.

La edad media del consumo de marihuana en Costa Rica, según estadísticas de institutos de investigación, ha ido descendiendo paulatinamente desde el año de 2012, situándose en la actualidad cerca de los 13 años de edad para comenzar a usar cannabis psicoactivo.

Recomendaron a los legisladores y a las autoridades del país centroamericano verificar la posible incompatibilidad de los permisos relacionados con el autocultivo y autoconsumo con prohibiciones contempladas en convenciones internacionales suscritas por el país en esta materia.

“Nos parece que este aspecto obliga a una revisión a fondo de las disposiciones propuestas en el proyecto de Ley al respecto”, agregan en su comunicado

Antes de legislar, reflexionar

Por estas y otras consideraciones, los obispos de Costa Rica solicitaron a las autoridades del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo, “una verdadera reflexión que permita sopesar beneficios y perjuicios de este proyecto de Ley” por el bien de toda la población nacional.

En caso de llegar a la autorización del uso industrial del cáñamo y el medicinal del cannabis psicoactivo, “deben asegurarse todos los mecanismos que logren anular los riesgos sanitarios y de seguridad de esta actividad”, cosa que quizá pasaron por alto los legisladores costarricenses.

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