América Latina ha sido, hasta el momento, la región del mundo con mayor vulnerabilidad a los efectos negativos de la pandemia. Además de los muertos por la Covid-19 (Brasil, México y Perú sumados llegan a 1.3 millones de defunciones “oficiales”, de los 5.6 millones de personas que han muerto en el mundo), la pobreza extrema avanzó fuertemente en 2021.
Según el informe "Panorama Social de América Latina" dado a conocer por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la pobreza extrema en la región volvió a crecer en 2021 (ya había sucedido así en 2020) y alcanzó a llevar a límite de mera supervivencia a 86 millones de personas.
En 2020, la pobreza extrema –siempre según el informe de la Cepal—llegó a 81 millones de personas en la región. Lo cual significa que, pese a las ayudas sociales movilizadas por los gobiernos, cada día se sumaron 13.600 personas a vivir en condiciones de injusticia, con un ingreso de menos de dos dólares diarios.
La pandemia ahondó la desigualdad
En términos generales, la pobreza bajó en América Latina en 2021, de 33 a 32.1 por ciento; sin embargo, la parte más dura de la pobreza, la extrema, subió por segundo año consecutivo de 13.1 a 13.8 por ciento, manteniéndose ambos niveles por encima de los registros de pobreza y de pobreza extrema de 2019.
La crisis social, de salud, política y económica de la región, lastrada por gobiernos populistas de izquierda y derecha, ha llevado a que 201 millones de personas en América Latina y el Caribe viven en pobreza. El coronavirus solamente ha venido a ahondar el desigual reparto de la riqueza en esta parte del mundo.
La Cepal, un organismo dependiente de la ONU, con sede en Santiago de Chile, afirma en su reporte que la tasa de incremento de la pobreza extrema representa "un retroceso de 27 años" en el avance de los indicadores, afectando en 2021 sobre todo a Brasil y Costa Rica “por los recortes de las ayudas estatales”.
Del otro lado, Chile y República Dominicana mantendrían sus niveles, apoyados en la continuidad de las transferencias fiscales que han realizado en favor de sus ciudadanos y de las empresas generadoras de empleo, cosa que no han hecho gigantes de la región como México.
"La recuperación económica de 2021 no ha sido suficiente para mitigar los profundos efectos sociales y laborales de la pandemia, estrechamente vinculados a la desigualdad de ingreso y género, a la pobreza, a la informalidad y a la vulnerabilidad en que vive la población", dijo Alicia Barcena, secretaria ejecutiva de la Cepal.
Oportunidad histórica
La funcionaria mexicana quien ocupa la secretaría ejecutiva del organismo desde 2008, llamó a mantener las transferencias monetarias de emergencia en 2022 o hasta que la crisis sanitaria esté controlada, ya que fueron claves en gran parte de los países para “mantener a raya” los niveles de pobreza.
“La pandemia es una oportunidad histórica para construir un nuevo pacto social que brinde protección, certidumbre y confianza. Un nuevo contrato social debe avanzar y fortalecer la institucionalidad de los sistemas de protección social y promover que estos sean universales, integrales, sostenibles y resilientes”, dice en la parte medular el informe de la Cepal.
De igual manera la Cepal indica que en 2021 aumentó la proporción de mujeres que no recibe ingresos propios y persisten las brechas de pobreza en áreas rurales, pueblos indígenas y la niñez, áreas prioritarias para un desarrollo integral de la región que se han quedado rezagadas por la desigualdad.
Garantizar el derecho a la salud
A la fecha, 62.3 por ciento de la población de América Latina y el Caribe (408 millones de personas) cuenta con un esquema completo de vacunación. Por ello, la Cepal hizo un llamado para que a mediados de 2022 todos los países de la región hayan inmunizado al 70 por ciento de su población con la pauta completa.
Precisamente porque la pandemia de la Covid-19 vino a destapar las desigualdad en la región, urge, como señala la Cepal “reestructurar los sistemas de salud, avanzar hacia una cobertura universal, con atención oportuna y de calidad para toda la población, y que el Estado actúe como garante del derecho a la salud”.
