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Caritas ofrece las cifras del gran drama de los jóvenes en España

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Alvaro Real - publicado el 19/01/22

Cáritas y la Fundación Foessa presentaron la primera radiografía social completa de la crisis provocada por la pandemia.

En el informe se ofrecen muchos datos de cómo ha sufrido España socialmente la pandemia del coronavirus. Según explican, “ha sufrido un “shock” sin precedentes como consecuencia de la tensión que ha sufrido la actividad económica y el empleo a causa de la irrupción del SARS CoV-2”.

Son muchos los aspectos analizados. Llama poderosamente la atención la situación de los jóvenes: “Ser joven, un factor de exclusión en sí mismo”. “Según los resultados que arroja el informe Foessa, en España hay 2,7 millones de jóvenes entre 16 y 34 años afectados por procesos de exclusión social intensa y multidimensional que les impide realizar proyectos de vida para transitar hacia la vida adulta”, explican.

Unos datos muy preocupantes porque se suman más de 650.000 nuevas personas jóvenes (16-34) a la situación de exclusión, la mayoría en situación de exclusión severa. “Son 500 mil personas jóvenes más con respecto a 2018 que están afrontando situaciones de especial complejidad, lo que hace un total de 1,4 millones de jóvenes en situación de exclusión severa”, analizan.

“Hay un grupo de jóvenes -subrayaba en la rueda de prensa Raúl Flores, coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas y secretario técnico de FOESSA- que ha experimentado ya dos crisis muy importantes justo en una fase esencial de sus proyectos vitales en los que se plantea la transición al empleo, a la vida adulta, la emancipación o la construcción de nuevos hogares: a los que tenían 18 años en 2008 les ha alcanzado la crisis de 2020 con 30 años”.

Las consecuencias de la crisis en los migrantes

El informe también explica que “la población inmigrante es la más perjudicada en varios frentes”. “El 50,3% de los hogares con extranjeros están en situación de exclusión social en 2021, es decir, la exclusión social en estos hogares es casi tres veces mayor que en los hogares españoles”, explican. 

“La población inmigrante además ha sufrido una tasa de incidencia de la Covid-19 casi 3 puntos porcentuales mayor que entre la población de origen español. Las razones son claras: unas peores condiciones de vida, con viviendas peor ventiladas por las condiciones de acondicionamiento de la vivienda y con más hacinamiento; así como menores recursos para adoptar medidas preventivas y una mayor exposición por sus empleos”.

Desigualdades, paro y las brechas digitales y de género 

En el informe también se analiza la situación de paro de larga duración, que “ha alcanzado a 800 mil familias y el desempleo total familiar, casi se ha duplicado, es decir hay casi dos millones de núcleos familiares donde todas las personas activas están en paro”.

Natalia Peiró, secretaria general de Cáritas, explicó: “uno de los aspectos diferenciales de esta crisis es la profundización de la brecha de desigualdad en nuestra sociedad, donde los grandes damnificados por la Covid-19 son precisamente las personas y familias más frágiles y desfavorecidas, a quienes no ha llegado las respuestas públicas del denominado escudo social”.

Otras de las situaciones son un nuevo factor de exclusión social: “la desconexión digital, el nuevo analfabetismo del siglo XXI” y la brecha de género: “la crisis ha tenido más impacto en sectores más feminizados, como el comercio o la hostelería, lo que ha implicado un retroceso mayor para muchas mujeres en términos de integración social”.

Finalizan la nota de prensa del informe con una serie de propuestas:

1. Mantener de manera estable para el futuro las medidas provisionales tomadas en el caso de la salud, la vivienda o la protección social con las necesarias adaptaciones a periodos de estabilidad económica. El reto del sistema de protección social es evitar que estas nuevas situaciones de vulnerabilidad e intensificación de la exclusión severa se transformen en crónicas.

2. Mejorar la cobertura del Ingreso Mínimo Vital, ya que supone un notable avance social para corregir el desequilibrio entre la protección social de la población laboral estable y aquella que es precaria o en situación de exclusión social. De los 850.000 hogares beneficiarios previstos inicialmente, a septiembre de 2021, sólo 315.913 hogares, el 37% de los previstos inicialmente. Una media de 2 personas beneficiarias por cada 10 personas en situación de pobreza severa en España.

3. Reimpulsar el modelo de estado de bienestar en su conjunto, con una orientación clara hacia el acceso a los derechos como canal para la inclusión social y el “rescate” de los sectores más excluidos.

4. Implementar medidas que reduzcan la hiperflexibilidad, mejorando la organización social del tiempo de trabajo también en los empleos de sectores excluidos, no cualificados, en empleos temporales y precarios – los sectores llamados “esenciales” de la limpieza, la hostelería y las labores agrícolas entre otros -, y que acaben con las situaciones de irregularidad.

5. Deberían complementarse, así mismo, los salarios escasos con otras medidas redistributivas, a modo de estímulos al empleo, bien a partir de prestaciones complementarias para los trabajadores de bajos salarios, bien como deducciones fiscales reembolsables.

6. Entre los retos pendientes, también está el de garantizar un sistema de salud público de calidad y el de un cambio de estrategia y paradigma en el ámbito de la atención a personas en situación de dependencia y con necesidad de cuidados.

7. Poner en marcha políticas frente a la exclusión residencial, ya que desde 2018 se ha duplicado el porcentaje de hogares que residen en viviendas insalubres (hasta el 7,2% en 2021) o en situación de hacinamiento (hasta el 4% en 2021). Además, la COVID-19 ha hecho empeorar o tensionar la mayoría de los indicadores de acceso y mantenimiento de la vivienda. Casi se duplica el número de hogares, pasando de 1,1 a más de 2 millones, que sufrieron retrasos, o no tuvieron dinero suficiente, para el pago de alguno de los gastos relacionados con la vivienda, como el pago del alquiler o la hipoteca.

8. Superar la brecha educativa provocada por el apagón digital. Las políticas públicas deberán poner los medios necesarios para que todas las personas puedan superar la brecha digital. Por término medio, en 2020 un 15% de los hogares con menores de 15 años indican que sus calificaciones son peores que en 2019. Un porcentaje que aumenta de forma considerable en los hogares más vulnerables: el 31% de hogares en los que viven niños, niñas y adolescentes (NNA) de minoría gitana y el 25% de hogares del cuartil más bajo de ingresos.

9. Avanzar hacia servicios sociales adaptados a las realidades sociales del siglo XXI. Ante los enormes retos globales que afrontan las políticas sociales como son, entre otros, el envejecimiento de la población, la lucha contra la exclusión social, la protección de menores vulnerables y la integración de la población inmigrante, precisamos de servicios sociales adaptados a las nuevas realidades sociales.

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