México y Estados Unidos han reiniciado el programa migratorio “Quédate en México” (MPP, por sus siglas en inglés). El gobierno de Joe Biden lo había denegado, pero un juez federal ordenó la reposición del MPP que funcionó de enero de 2019 a enero de 2021.
Miles de migrantes – la mayoría de ellos centroamericanos y caribeños – serán devueltos a puntos fronterizos de México, en espera de obtener audiencias con jueces migratorios estadounidenses y, a partir de entonces, definir su estatus migratorio.
Los problemas de inseguridad y de falta de espacios de vida digna para los migrantes en ciudades fronterizas del lado mexicano, hacen dudar de que en esta ocasión sea diferente de cuando se instituyó durante la anterior administración estadounidense.
Ciertamente, las negociaciones entre el gobierno estadounidense y el mexicano han sido diferentes. En el papel, los parámetros para implementar la iniciativa han cambiado. Pero solamente en el papel. La realidad puede ser muy similar en este segundo período del MPP.
Desafíos para las familias
Estados Unidos enfrenta un número récord histórico en flujos migratorios y en detenciones este 2021, lo que hace pensar que el número de migrantes – familias enteras provenientes de Honduras, El Salvador y Guatemala – que permanezcan en México será mayor que en la administración Trump.
Pero los desafíos serán iguales o, cuando menos, muy similares. No existe la posibilidad de que la implementación de albergues seguros se pueda llevar a cabo en unas horas, ni en unos días. Ni en semanas enteras. El narcotráfico y el crimen organizado se han enseñoreado de los pasos fronterizos.
La organización Human Rights First contabilizó 1.500 ataques en contra de la integridad de los migrantes durante el primer período del programa “Quédate en México”. Y no son ataques menores: involucran secuestros, torturas, asaltos y violaciones a mujeres y niñas.
Washington ha asegurado que dará recursos a México para generar albergues seguros; y ha garantizado la transportación de los migrantes hasta donde se haya radicado su caso y los jueces migratorios definan su estatus. Sin embargo, los refugios fronterizos del lado mexicano ya están saturados en la actualidad, y nadie sabe que se hayan construido refugios nuevos.
Seis meses que se pueden convertir en un año
El compromiso de Estados Unidos es que los procedimientos “generalmente” deberán concluir en seis meses para cada caso, tras el registro del migrante a su regreso a México. Pero este plazo es totalmente difuso.
Organizaciones pro-derechos de los migrantes advirtieron que se trata de plazos muy prolongados; y sin la garantía de que las familias o los migrantes individuales vivan en condiciones medianamente adecuadas, salvaguardando su seguridad y su bienestar.
Una de las desventajas que enfrentarán en sus juicios migratorios será la misma que en el anterior período del programa enfrentaron 95 % de los solicitantes de asilo en Estados Unidos: la falta de una adecuada asesoría jurídica para exponer sus casos y ser aceptados en ese país.
La iglesia católica de ambos países, en su momento, se pronunció en contra de este programa. Su postura no ha variado. Está en juego la vida de miles de seres humanos. Y ni Estados Unidos ni México están cumpliendo con garantizar la defensa de la dignidad humana de los hermanos en busca de una oportunidad de vivir en paz.
Hoy celebramos a...