Mientras Dimas era ejecutado, Jesús, que también estaba siendo crucificado, se volvió hacia él y le aseguró: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”.
El “buen ladrón” recibió algo que a John Henry Ramírez se le ha negado hasta ahora: cuidado pastoral en la hora de su muerte. Ramírez, que está en el corredor de la muerte en Texas (EE.UU.) por asesinato, ha estado viendo a un ministro baptista durante más de una década. Sin embargo, el Departamento de Justicia Criminal de Texas, aludiendo cuestiones de seguridad, niega su petición de tener al sacerdote presente durante su ejecución, de que ponga las manos sobre él y de que rece en voz alta a su lado.
Su recurso legal ha llegado hasta el Tribunal Supremo estadounidense, que escuchó los alegatos orales el martes en el caso “Ramírez contra Collier”.
El Estado declara también que la petición de Ramírez abre la puerta a peticiones religiosas cada vez más onerosas durante las ejecuciones, según explicó The New York Times.
“Todo lo que rodea el proceso de ejecución y el protocolo de ejecución de Texas se basa en la seguridad y la protección”, afirmó Jeremy Desel, director de comunicación del Departamento de Justicia Criminal de Texas (TDCJ).
La Conferencia episcopal católica de Texas y la Conferencia episcopal católica de Estados Unidos presentaron juntas un amicus curiae, una declaración en apoyo de Ramírez. La Conferencia episcopal texana ha defendido la legislación en favor de que los presos reciban atención pastoral, incluyendo en la sala de ejecución.
“Un prisionero conserva el derecho, bajo la Cláusula de Práctica Libre [de la Constitución de EE.UU.] y la Ley de Uso de Suelo Religioso y Personas Institucionalizadas (la ‘RLUIPA’), a orientación espiritual incluso en su encarcelamiento, sin duda incluso en su muerte. Pero es más, las entidades religiosas conservan el derecho independiente de la Primera Enmienda a ministrar a sus congregantes. La política del TDCJ infringe ambos derechos”.
En contraargumentación a las declaraciones del TDCJ sobre seguridad, el amicus brief señala que los capellanes católicos han ejercido su ministerio habitualmente en el TDCJ y otras instalaciones sin incidentes, incluyendo en la sala de ejecución y de la manera específica que solicita Ramírez.
“La orientación espiritual que ofrece la Iglesia es de una importancia particularmente seria en el momento de la muerte, y la formación y la comunicación de esa orientación está protegida constitucionalmente de la interferencia gubernamental”, manifiesta el informe de las conferencias episcopales. “Los sacerdotes han estado presentes en el momento de la muerte para escuchar confesiones, ofrecer la Eucaristía y administrar los últimos ritos”.
Los jueces, durante la audiencia de 93 minutos, expresaron su preocupación por otros casos que pudieran llegar al tribunal superior, en especial los que surjan en el último minuto, y parecían estar intentando encontrar una forma de establecer límites y estándares.
Eric Feigin, viceprocurador general de Estados Unidos, contó al tribunal que la oración o el canto vocalizados de un pastor podrían interferir con la necesidad de supervisar el goteo intravenoso y el patrón de ronquidos del preso para asegurar que el pentobarbital mortal esté funcionando. Además, tener a un capellán externo presente requeriría que una persona de seguridad estuviera a su lado en todo momento y, posiblemente, bloquearía la visión de los testigos, incluyendo los familiares de la víctima, quienes, según afirmó, quizás confíen en ver la ejecución para poner cierre a su propio dolor y sufrimiento.
Hoy celebramos a...