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Nicaragua: las elecciones de noviembre se ensombrecen aún más

NICARAGUA

INTI OCON / AFP

Jaime Septién - publicado el 06/09/21

El actual presidente y candidato mete en prisión a su posible contrincante en las elecciones

La «cruzada» en contra de la oposición emprendida por el actual presidente de Nicaragua, Daniel Ortega Saavedra, ha elevado el tono. Y ha puesto en manos de la justicia, dominada por el sandinismo, a quien podría arrebatarle la presidencia el próximo 7 de noviembre: Cristiana María Chamorro Barrios.

La hija del asesinado periodista Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la ex presidenta de Nicaragua, Violeta Barrios de Chamorro, fue la primera de las detenciones de opositores (en junio pasado). Con ella daba inicio la “cacería” emprendida por el régimen sandinista en contra de quien pudiera hacerle frente a los intentos de reelección de Ortega y su esposa, la actual vicepresidenta Rosario Murillo.

La lista de delitos imputados por la Fiscalía General de la República – quien obtuvo la anuencia de una juez cuyo nombre permanece en el anonimato – en contra de Cristiana Chamorro es larga. E incluye lavado de dinero, malversación y apropiación indebida de bienes y activos, gestión abusiva y, algo sumamente controvertido: «falsedad ideológica».

Quizá valga la pena agregar que el mayor «delito» fue haber anunciado sus intenciones de liderar a la oposición en la lucha por la presidencia de la República; y aparecer en las encuestas de opinión como la principal contendiente de Ortega.

De ese delito no la acusa la Fiscalía, pero está, evidentemente, detrás de su detención, prisión preventiva y, ahora, de su próximo juicio. Este le quitará todo derecho o posibilidad de participar en los comicios de noviembre de 2021.

El origen de las acusaciones

Desde que en junio pasado se sometió a Cristiana Chamorro a prisión preventiva, se supo que era por lavado de dinero, bienes y activos; así como otros delitos cometidos durante su gestión como presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, su madre. Ésta, en la actualidad, padece una enfermedad neuronal degenerativa.

En política, se suele decir, las coincidencias no existen. Para muchos observadores de la política nicaragüense, la acusación contra la familia Chamorro – que, además de la ONG que dirigía Cristiana tiene influencia en medios de comunicación, por lo que su hermano mayor, Pedro Joaquín, ex diputado y ex ministro, también fue imputado – es un «mensaje» de Ortega, quien perdió las elecciones de 1990 justamente a manos de Violeta Barrios de Chamorro.

De hecho, la Fiscalía, a través de un comunicado, dio a conocer que el jueves 2 de septiembre se había realizado la primera audiencia por lavado de dinero, bienes y activos.

Además de Cristiana Chamorro, están acusados Marcos Antonio Fletes Casco, Walter Antonio Gómez Silva, y Pedro Vásquez Cortedano, contador general, administrador financiero y conductor de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, respectivamente.

Todos ellos se mantienen en prisión cautelar y su causa ha sido remitida a juicio por parte de la Fiscalía General de la República, con se allana el camino para la quinta reelección de Ortega y para el segundo período de mandato junto a su esposa, Rosario Murillo.

La Fundación perseguida

No son sólo los hermanos Cristiana y Pedro Joaquín Chamorro Barrios a los que está persiguendo Ortega y el aparato de justicia nicaragüense. También a Carlos Fernando, un periodista, acusado igualmente, de delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida y gestión abusiva, dentro de la causa contra la Fundación que recibe el nombre de doña Violeta.

Carlos Fernando permanece en el exilio – en un lugar desconocido – tras la detención de Cristiana. Salió del país a sabiendas de que el siguiente paso era detenerlo, pues se trata de una de las voces más críticas de la pareja presidencial Ortega-Murillo.

Cabe señalar que, oficialmente, el periodista es un prófugo de la justicia nicaragüense y con orden de detención, lo mismo que otros colaboradores de la Fundación: Ana Elisa Martínez Silva, Emma Marina López, Guillermo José Medrano y María Lourdes Arróliga.

De la mano del presidente Ortega (quien ha dicho en repetidas ocasiones que sus opositores son «agentes de Estados Unidos») y de su partido político, la Fiscalía acusa a la ONG de incumplir «gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, periodo 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero».

En la lógica de la Fiscalía, todas las fundaciones que tuvieron relación con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro han sido llamadas a declarar. Tal es el caso de la Fundación Luisa Delgado, cuyo representante legal es, ni más ni menos, el ex vicepresidente de Nicaragua, el escritor Sergio Ramírez.

El objeto social de la Fundación

La Fundación Violeta Barrios de Chamorro de define como “una organización civil políticamente independiente, pluralista que trabaja por la defensa y consolidación de la libertad de expresión e información en Nicaragua”. Esto la puso en el ojo del huracán desatado por el anuncio de que Cristiana María Chamorro Barrios iría por la presidencia de la República en noviembre de este año.

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