La voz de la Iglesia no podía faltar ante el primer caso de la historia del Perú. El Poder Judicial ordenó al Ministerio de Salud y Previsión Social (EsSalud) “respetar la decisión de Ana Estrada Ugarte de poner fin a su vida mediante el procedimiento técnico de la eutanasia”.
Así lo anunció en su cuenta de Twitter la institución, que también incluyó el fallo a favor de Estrada.
La respuesta de la Conferencia Episcopal Peruana al caso de Ana Estrada fue encomendado a un comunicado oficial, enviado a Fides. En él se reitera que
“La Iglesia, a imitación de Jesús, el Buen Samaritano, estará siempre presente, tomará cuidar y acompañar a los enfermos, con la certeza de que toda vida humana es inalienable y tiene un valor infinito porque es un don de Dios”.
Según los obispos,
“la terrible experiencia de la pandemia que vivimos, y que ha provocado la muerte de miles de peruanos, nos ha unido en el incansable esfuerzo por salvar la vida y toda la vida, hasta el último momento; sin cualquier distinción o excepción. Porque nos mueve el amor al prójimo y reconocemos en cada enfermo al mismo Cristo que sufre en la carne de su hermano”.
Desde hace unos dos años, Estrada se convirtió en activista de su causa a través de su blog “Ana Busca La Muerte Digna”. Sin embargo, en el país, el acto de poner fin a la vida de una persona que de manera expresa y consciente pide la muerte, es un delito punible con hasta tres años de prisión.
La legislación peruana no contempla el derecho “a una muerte digna”. Pero un tribunal constitucional de primera instancia autorizó la eutanasia de la psicóloga Ana Estrada sobre la base de una interpretación de los derechos fundamentales.
“Derechos fundamentales”
La mujer de 43 años padece una enfermedad degenerativa desde hace 30 años. Los jueces han ordenado que quienes practiquen la eutanasia no estén sujetos a la figura de “homicidio piadoso”, prevista por el código penal. “Hemos alcanzado la meta”, comentó la propia Estrada sobre la sentencia, destacando que su lucha está justificada “por ser libre”.
La decisión dividió a la opinión pública a raíz de las intervenciones de algunas instituciones; al punto que el diputado en materia constitucional de la Defensoría del Pueblo, Percy Castillo, precisó que si alguna acción judicial impugna la decisión del juez Ramírez, el organismo seguirá patrocinando a la psicóloga.
“Esta es la primera instancia, pero podría ser la última si las fiscalías de los Ministerios de Salud y Justicia y EsSalud deciden no apelar”, dijo Quesada, abogado de la Defensoría del Pueblo.
Agregó que espera “que esto no suceda, porque las instituciones, como Estado, deben estar alineadas con los derechos fundamentales, y los abogados, como defensores del Estado, deben adherir a ellos”.
Los obispos reiteran que
“la eutanasia siempre será el camino equivocado, porque es un atentado contra el derecho inalienable a la vida, provoca directamente la muerte de un ser humano y por tanto es un acto intrínsecamente malo en todas las ocasiones y circunstancias”.
Recordando los principios constitucionales, el documento especifica que
“el fin supremo de la sociedad y del Estado es la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad; es decir, el cuidado, respeto y promoción de la vida desde su concepción hasta su fin natural. Por tanto , ninguna autoridad puede legítimamente imponerlo o permitirlo. Es contradictorio, y no debe ser tolerado, que un órgano del Estado peruano intente cambiar una norma constitucional y promover acciones contra este sagrado principio”.
Artículo originalmente publicado por la Agencia Fides
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