Olnar Ortíz Bare, abogado, amazonense, indígena Bare, Defensor de DDHH y Coordinador Nacional de Pueblos Indígenas de Foro Penal, impactaba a la opinión pública nacional con este tuit, fechado el 3 de enero: “Útima hora, informo que nuestro hermano pemón Salvador Franco falleció hace minutos en El Rodeo II. El régimen lo dejó morir, nunca fue trasladado a un centro de salud, teniendo orden judicial desde el 27 de noviembre”.
El abogado Alfredo Romero, director del Foro Penal –organismo que monitorea las causas judiciales y defiende a los presos políticos y de conciencia en el país- , daba pleno crédito a lo dicho por Ortíz Bare con idéntica publicación en su perfil de redes.
El caso se remonta al año pasado, cuando en febrero del 2019 llega ayuda humanitaria a una de las periferias del estado Bolívar, conocida como Kumaracapay en San Francisco de Yuruani, en plena Gran Sabana. Los indígenas pretendían hacerla pasar pero los militares venezolanos lo impedían. Al intentar vencer ese obstáculo, los indígenas fueron masacrados, acribillados por los fusiles de la Guardia Nacional. Fue un caso muy sonado, con repercusión internacional y condenas múltiples.
La masacre de La Gran Sabana
“Los disturbios originados los días 22, 23 y 24 de febrero en la frontera entre Venezuela y Brasil, cuando efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) bloquearon el ingreso de la ayuda humanitaria al país, es una prueba más de la represión a que está sometida la población indígena de nuestro país”, fue la denuncia de Marino Alvarado, activista por los derechos humanos perteneciente al Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), quien además calificó estos hechos como «la masacre de la Gran Sabana».
Parte de la comunidad de los pemones de Venezuela, un pueblo indígena que vive en el estado Bolívar, en la frontera con Brasil, había expresado su apoyo y colaboración para ayudar en el ingreso de la ayuda humanitaria a través de la frontera. A esa comunidad pertenecía Salvador Franco, el indígena fallecido que origina esta nota.
Y la prensa reseñó: “Los miembros de esa comunidad de indígenas, que estaba a favor de la entrada de la ayuda humanitaria, inició una serie de protestas lo que ocasionó enfrentamientos con los guardias nacionales, dejando víctimas mortales en la localidad de Santa Elena de Uairén”.
Contactamos a diversos personajes de la trama quienes ofrecieron sus testimonios para Aleteia. En primer lugar, la tía de uno de los detenidos en la cárcel de El Rodeo II, una de las más terribles para los reclusos en Venezuela, ubicada en la zona de Araira en el estado Miranda.
“Lo vimos muy mal”
Jasmine Abreu declara saber que Salvador tenía tiempo enfermo. Lo veía cuando visitaba a su sobrino, también recluido en dicha penitenciaría. “Desde Julio venimos advirtiendo que estaba muy mal. Nunca le hicieron un exámen médico ni le dieron un diagnóstico. En realidad, todos los reclusos debieron ser chequeados, pero ninguno estaba tan mal como Salvador. De hecho, ya todos están mejor, Pero el 31 de diciembre pasado, cuando nos permitieron visita, lo notamos sumamente deteriorado. Muy débil”.
Otra familiar de preso, quien prefirió reservar su nombre, nos dijo: “ Tanto nos preocupó que hablamos con el sub director del penal. Él nos dijo que también lo veía mal pero que no estaba en sus manos hacer nada. Que reclamáramos nosotras a niveles superiores. Imaginate, si no podía él, nos harían caso a nosotras?”, pregunta con ingenuidad.
Sus dos hermanas vinieron a verlo el último día del año. Viven muy lejos pero hacían el viaje de tanto en tanto para saber de él. Un informe médico y la lista de medicamentos que requería nos llegó vía una organización llamada Solidaridad Pemon, de puño y letra del médico que lo elaboró y que anexamos a esta nota.
Lo cierto es que Salvador tenía, desde el mes de noviembre, una orden judicial de traslado a un centro de salud. Ello le habría salvado la vida. Pero esa orden fue desestimada.
El lugar y momento equivocados
Un día fatal para Salvador fue aquél en que, junto a otros indígenas de su comunidad, tomaban despreocupadamente y se pasaron de tragos. Un grupo de pemones, ex reservistas de la Guardia Nacional, planeaban tomar el enclave militar situado en la entrada de la Gran Sabana. El comando se llama Luepa.
Era el mes de diciembre del 2019 cuando el grupo de bebedores fue abordado. Les ofrecieron algunos gramos de oro y el grupo, entre los que se encontraba Salvador, se enrolaron en una desconocida pero peligrosa e inútil empresa. Fueron rápidamente reducidos y detenidos.
Las preguntas del Vicario Apostólico
Mons Felipe González, Vicario Apostólico de Caroní -la zona en cuestión- reflexiona para Aleteia:
“Todo es muy lamentable. Fueron completamente engañados y estaban tomados, fuera de sus cabales. Estos indígenas tuvieron su culpa. Pero estoy seguro que no eran traidores a la Patria, ni querían derrocar al gobierno. Está muy lejos Luepa de Caracas, el centro del poder. Sencillamente cayeron en la trampa del oro fácil. Se aprovecharon de ellos y les cargaron toda la culpa. Por otra parte, qué sentido tenía tomar esa posición militar tan apartada? Cómo puede un grupo de indígenas hacer mella a un gobierno apoderándose de un comando de pocos efectivos?”.
El obispo, incisivo, pregunta:
“Por qué castigar a quienes fueron engañados y borrachos, en lugar de indagar a fondo qué había detrás del episodio? No han investigado absolutamente nada. Hay que saber quiénes fueron responsables, por qué y cómo entran a un cuartel militar, quién les abrió las puertas? quién les facilitó las armas? cuál es el objeto de atacar un puesto militar en medio de la nada? Todo es muy oscuro y absurdo. Terminaron ensañandose con la parte más débil de la cuerda. Resulta obvio que hubo personas significativas detrás de la idea y ejecución. Aún ignoramos quiénes fueron”.
Defiende con ardor a los indígenas y sus comunidades. Insiste: Los sabuesos investigadores qué han hecho. A los gordos no se les puede tocar, pero sí enterrar a los “marginales indios”. Después de un año no ha habido tiempo de investigar, juzgar y culpar los delitos de cada uno. Ya Salvador Franco no necesita juicio”.
Dónde queda la ley?
Peggy Vivas, misionera laica marista que sirve en Santa Elena de Uairén nos explica: “ Según la Ley Orgánica de Pueblos Indígenas, deben ser procesados de acuerdo a sus leyes. No obstante, existen diferencias entre ellos, así que los capitanes pemones decidieron otra cosa. Y es la razón por la cual Salvador y sus compañeros fueron entregados a otra jurisdicción”. (Acta y firma de los capitanes anexas).
Monseñor González es tajante:
“Dónde están las autoridades indígenas de la zona. Capitanes locales y generales del sector. Los dejaron a merced de las fieras gubernamentales. Tenían que guardarse las espaldas para que no se les opusiera el injusto gobierno y los declarara “capitanes rebeldes” de “comunidades rebeldes”. ¿Qué han hecho durante este año para que se juzgara a estos hermanos indígenas con dignidad y justicia? ¿Qué han hecho para atender las necesidades básicas de los presos en los distintos lugares de reclusión? ¿Qué van a hacer ahora con el cuerpo del difunto, permitirán que lo entierren en una fosa común como un perro callejero o van a ayudar para traerlo y enterrarlo dignamente en su comunidad? Aunque, según me dicen, en San Francisco Cumaracapai ya no hay familiares de los presos porque los han perseguido y han tenido que huir. Si esto es verdad la situación es política y más grave”.
Los 15 gramos de oro
La misionera relata así los hechos y su versión coincide con la del obispo; es la versión que manejan de lo ocurrido sin ser –como ellos mismos lo advierten- investigadores ni jueces del caso. Es sencillamente la apreciación y comentarios de las personas cercanas a los hechos.
“Eran los días de Navidad del 2019. A un grupo de indígenas pemones, en medio de la celebración del fin de año, “alguien” les ofreció 15 gramos de oro por un trabajo. Eran “reservistas” que habían hecho su servicio militar en el Fuerte de Luepa y conocían perfectamente el lugar y las instalaciones. No sabían qué tenían que hacer ni dónde. Les embarcaron en un camión y en el trayecto a Luepa (a unos cuarenta Km. de distancia) les hacen ponerse ropa militar camuflajeada. Pensaban que por ser días de Navidad y haber soldados de permiso les llamaban para suplirlos. Al llegar al Fuerte, sin ninguna oposición e impedimento les conducen directamente al lugar donde están las armas. Sacan una cantidad (cuántas?, de qué clase?). En aquel momento dieron un número exacto considerable. Y se marcharon con el armamento confiscado en el camión. Luego vino la alarma, la persecución y la recuperación de alguna de las armas. Y por supuesto, a los indígenas, medio mareados todavía por las libaciones de fin de año, les pusieron presos por “traidores a la Patria” e intento de “derrocar el gobierno constitucional”.
Fue así como terminaron en la cárcel de El Rodeo, cercana a Caracas. Sólo contaban con la asistencia legal de abogados del Foro Penal quienes reiteradamente denunciaron la ausencia del debido proceso y la desatención médica que el Estado debe a quienes tiene bajo custodia.
Habla la Repam
Un miembro activo de la Repam –Red Eclesial Panamazónica-, cuya identidad nos reservamos en vista del riesgo que corre por aquellos territorios, bien enterado del evento y consultado por Aleteia se expresa en estos términos: “Este caso revela un nivel de perversión respecto del trato para con los pueblos indígenas muy elevado. No puede entenderse este caso sin la agresión constante y permanente que sobre los pueblos originarios se ha venido realizando, sobre todo en el sector de La Gran Sabana en el estado Bolívar”.
Todo ello, debido a lo que acontece en el tristemente célebre Arco Minero del Orinoco donde abundan las presiones para el expolio de las minas, las aguas y reservas forestales que involucra la explotación del oro y diamantes. Es una lucha voraz para apoderarse de esos recursos.
Salvador Franco –relata- fue uno de los 12 detenidos llevados literalmente como rehenes por su supuesta incursión en un fuerte militar. También les atribuyeron “la intención” de tomar luego otro fuerte situado en Santa Elena de Uairén.
“Las informaciones que manejamos en Repam es que estos indígenas fueron utilizados por algunos supuestos miembros de la Guardia Nacional, en el marco de esta una pugna por el control de minas y territorios. Cuando esto se desató en La Gran Sabana, los frailes capuchinos, con el obispo a la cabeza, intentaron mediar y las autoridades les pidieron que se retiraran pues ni siquiera podían garantizar sus vidas. Es por aquellos momentos, en que los hacen presos, cuando las organizaciones católicas vinculadas a la zona comenzamos a recibir solicitudes de ayuda por alimentos, ropa, medicamentos y otros. En eso hemos venido trabajando todos estos meses”.
No es sencillo conseguir la ubicación de los presos, las informaciones eran confusas. Los rotaron por varios centros de detención. Fue gracias a los capellanes de prisiones, que finalmente nos enteramos de que estaban en El Rodeo. Las hermanas franciscanas han dado cobijo a los familiares de los presos en Caracas y es así como estas religiosas se han convertido en el nexo entre quienes sufren esta situación y las organizaciones de la Repam.
“Es una agresión inusitada que se abate sobre los pueblos indígenas de manera inmisericorde –refiere- , es un territorio que sufre de forma desmedida. Son muchos de sus líderes los que huyen por la selva y algunos han logrado llegar a Brasil. Otra suerte corren los que han sido apresados y finalmente mueren, como es el caso de Salvador. Fueron líderes indígenas que en su momento acompañaron al chavismo pues se les prometió que sus derechos, por los que históricamente habían luchado, serían reconocidos, que sus lugares y sus territorios y pedazos de tierra de cultivo serían respetados”.
Ensañamiento brutal
Salvador tenía cerca de 45 años, era el mayor de todos ellos. Arrastraba un padecimiento crónico previo y se decía que era tuberculosis, una enfermedad endémica en los pueblos indígenas producto de la mala alimentación y otras carencias. En la cárcel, el cuadro fue peor y Salvador comenzó a presentar un agravamiento de los síntomas. “Hasta hoy no sabemos si tuvo o no el Covid 19. Lo cierto es que se pedía realizarle exámenes médicos y se le negaba sistemáticamente esa asistencia”.
Sabemos que hace diez días, después de mucho insistir ante la Vice Ministra de Cárceles y Asuntos Penitenciarios, por fin se le pudo practicar un examen ante cuyos resultados los médicos aconsejaron fuera trasladado a un hospital para recibir el tratamiento intravenoso y una ayuda de respiración artificial. Su situación era grave y complicada. Para el día 27 de noviembre, un tribunal emitió orden de traslado pero nunca fue permitido. “Es allí donde vemos el ensañamiento tan brutal como incomprensible”, remarca la Repam.
Nos informan que en medio de las comunidades indígenas este caso ha generado un gran estupor, hay miedo, realmente terror y ello ha provocado división entre los distintos grupos. “Los capitanes indígenas de lo que llaman el Sector 5, en Kavanayen, no aprueban el que los arrestados se hayan involucrado en una situación política. Pero en el fondo es parte del miedo y la angustia que les produce su indefensión”.
La Repam (Red Eclesial Panamazónica), un organismo muy querido por el Papa Francisco para animar los temas de los pueblos amazónicos y la custodia de la Creación, detecta que hay muchos derechos que han sido violados en este caso.
No es cosa de humanos
“En el supuesto de que ellos hayan cometido alguna falta, es completamente desproporcionado el que se les coloque a más de mil kilómetros de distancia de su residencia habitual y se les saque de su comunidad para ser enjuiciados en cárceles tan lejanas. Se les priva de todo apoyo familiar, a sabiendas de que el sistema carcelario es infame y no tiene cómo atenderlos. Se les pidió que tenían que llevar una ropa determinada y otros enseres de costos elevados que ellos no podían pagar. Sus familiares hacían lo que podían pero se trata de personas muy humildes. Parece mentira que esta forma de violencia tan perversa esté ocurriendo –concluye este miembro de Repam que ha estado al pie del caso- es tan fuerte que no parece cosa de humanos. Creo que hay que abogar por la mínima justicia a que todos tenemos derecho y respetar su dignidad de personas”.
Agrega el obispo: “Hace días Salvador estaba enfermo (¿por malos tratos en la prisión?). Tenía una orden judicial para trasladarlo a una revisión médica. ¿Por qué no se hizo este traslado? ¿Quién lo impidió? ¿La Ministra o algún gerifalte de más abajo? Señora Ministra, cuide a sus presos!”, le exhorta.
“Es muy triste –termina diciendo el Vicario Apostólico- que la pedrada que causó el revuelo haya sido la muerte de un indígena pemón de San Francisco de Yuruaní o Cumaracapai. Mis condolencias para la familia Franco y mis sinceras oraciones por el eterno descanso de Salvador”.
Y remata Peggy: “Que triste, una muerte que se hubiera podido evitar! Desde el 19 de Noviembre el tribunal dio orden de traslado a un centro de salud, para sus exámenes y tratamiento. Qué pasó con esa orden? Se hizo contacto con la oficina de la ministra para solicitar la autorización para el traslado, pidieron foto de Salvador, la señora Felicia –una familiar- la envió y no hubo respuesta. Sólo pedir Misericordia a Dios. Que el alma de Salvador Franco descanse en Paz”.-
Hoy celebramos a...