198 diputados dieron hoy el Sí a la Eutanasia en España. El Congreso de los Diputados votaba hoy la ley orgánica impulsada por el PSOE. Una ley que establece lo que denominan “las exigencias, garantías y condiciones necesarias para pedir y recibir asistencia para morir”.
Sólo tres fuerzas parlamentarias PP, VOX y UPN han votado en contra de una polémica ley que no ha tenido los informes preceptivos de los órganos constitucionales. No ha solicitado informes a médicos y especialistas y no ha tenido ningún tipo de debate social.
“Inconstitucional, inoportuno, frívolo, chapucero e injusto” han sido algunos de los calificativos del representante del partido Popular en su intervención en el Congreso. En ella ha defendido la necesidad de una alternativa basada en una ley de derechos y garantías ante el proceso final de la vida. Esta ley incluiría la sedación, la universalización de los tratamientos paliativos y el testamento mínimo vital para asegurar que no haya muerte con sufrimiento.
Por su parte, la exministra de Sanidad y representante del PSOE María Luisa Carcedo, calificaba la Eutanasia de “un instrumento del que disponemos para ponerlo al servicio de un proyecto humanizador. Es un derecho que nos hace libres”.
Alegaciones técnicas y médicas
Durante las últimas semanas se han sucedido las declaraciones de expertos en la materia. La mayoría de ellos rechazando la nueva ley tanto por su fondo como por la manera en que se estaba tramitando. El Comité de Bioética de España, órgano asesor del Gobierno para asuntos que implican temas éticos, afirmaba que “existen solidas razones para rechazar la transformación de la eutanasia y/o el suicidio asistido en un derecho subjetivo y en una prestación pública, y ello no solo por razones de contexto social y sanitario, sino, también por razones de fundamentación ética de la vida, dignidad y autonomía”.
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“Por otro lado, la eutanasia y/o el suicidio asistido no son signos de progreso, sino un retroceso de la civilización, ya que en un contexto en el que el valor de la vida humana con frecuencia se condiciona a criterios de utilidad social, interés económico, responsabilidades familiares y cargos o gasto público, la legalización de la muerte temprana agregaría un nuevo conjunto de problemas”, añaden.
Los médicos de España, mediante su Consejo General también se han expresado. “El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este”, afirman.
Cuestiones morales y religiosas
La Iglesia en España también se ha manifestado ante este tema. La Conferencia Episcopal aprobó una nota la semana pasada en la que calificaban la ley de “un fracaso”. “La muerte provocada no puede ser un atajo que nos permita ahorrar recursos humanos y económicos en los cuidados paliativos y el acompañamiento integral”.
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En el día de ayer los católicos españoles celebraron una Jornada de ayuno y oración. Convocada por los obispos, con esta jornada se pidió “al Señor que inspire leyes que respeten y promuevan el cuidado de la vida humana”.
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