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Nicaragua: 328 muertos y más de 100.000 opositores exiliados

NICARAGUA

Asociación de Victimas de Abril

Jaime Septién - publicado el 05/12/20

Un informe desnuda la realidad de los presos políticos que existe en Nicaragua desde abril de 2018

El 19 de abril de 2018 es una fecha axial en la vida de Nicaragua. Ese día comenzó la represión en contra de las manifestaciones opositoras al régimen de Daniel Ortega Saavedra. Y no se han detenido hasta la fecha.

De hecho este 2020 nació la Asociación de Víctimas de Abril (AVA). Su lema no deja dudas: “Siempre será 19 de abril” para miles de familias nicaragüenses. Todas ellas han sufrido el que alguno de sus miembros haya sido detenido y encarcelado por manifestarse en oposición al sandinismo en el poder. El eslogan de la AVA, “No vamos a retroceder ni un paso atrás”, indica la postura de familiares de presos políticos. Exigen la liberación de todos los que han encarcelado en estos años de convulsión.


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Contexto de crisis de DH

Y lo que pide la AVA ha sido ratificado esta semana por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo dependiente de la Organización de Estados Americanos (OEA). Publican el informe “Personas privadas de libertad en Nicaragua en el contexto de la crisis de derechos humanos iniciada el 18 de abril de 2018”, en el que desnuda la persecución política del presidente Ortega y de sus fuerzas leales contra la oposición.

“La CIDH logró establecer que 1.614 personas han sido privadas de la libertad arbitrariamente por su participación o apoyo a las manifestaciones sociales” entre abril del 2018, cuando iniciaron la protestas, y mayo del 2020, señaló el informe publicado en Washington.

Los opositores, la mayoría de los cuales ya fueron liberados, fueron recluidos en celdas en condiciones de hacinamiento, insalubridad, inadecuada ventilación, sin suficientes camas y en varios casos en aislamiento, precisa el informe.

Muerte y exilio

Lo que inició como una protesta en contra de reformas de seguridad social y al sistema de pensiones nicaragüense se ha convertido en la exigencia de múltiples sectores del país. Piden la renuncia del presidente Ortega y elecciones adelantadas. La respuesta gubernamental ha sido violenta y cerrada a cualquier tipo de negociación a fondo para resolver el conflicto. Todo ello ha obligado a miles de familias nicaragüenses a salir de su país, buscando refugio, sobre todo, en la vecina nación de Costa Rica.

Según el informe la represión del régimen sandinista desde el 19 de abril de 2018 dejó al menos 328 muertos (algunos grupos elevan la cifra a 684 víctimas mortales) y más de 100.000 opositores exiliados.

Sin embargo, el texto de casi 150 páginas, detalla que el número de personas detenidas y criminalizadas es notablemente mayor. Todo ello debido numerosos factores.

  1. Estos son las detenciones que no han sido reportadas por el Estado.
  2. La falta de denuncia de las propias víctimas por temor a represalias.
  3. Detenciones realizadas por grupos de civiles armados, en las cuales las personas no fueron trasladadas a dependencias oficiales y el mismo hecho de que muchas personas fueron detenidas en más de una ocasión, por ejemplo, lideresas y líderes sociales, estudiantes y personas campesinas.

El “delito” es oponerse

La CIDH basa su reporte en las voces de las víctimas. Refiere que una gran mayoría de las personas detenidas en forma selectiva en el marco de la crisis, fueron estigmatizadas como “golpistas”, “delincuentes” y “vándalos”. Además, fueron señalados por autoridades estatales y medios identificados como oficialistas como responsables de cometer “actos terroristas y de crimen organizado”. Lo anterior, incluso previo a ser puestos a disposición de la autoridad competente.

Las detenciones siguen hasta la fecha. No obstante el informe presentado esta semana por la CIDH solamente logró documentarlas hasta mayo de 2020. Aún así, más de cien disidentes se encuentran presos en la actualidad, según la oposición.

Liberarlos a todos

“Las denuncias y testimonios recibidos indican la comisión de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes por parte de funcionarios estatales. Asimismo, la CIDH registró la toma de represalias y otros hechos que revelan un ensañamiento particular contra las personas identificadas como opositoras al gobierno o participantes de las protestas” dice este que es, quizá, el más contundente de los realizados por el organismo desde 2018.

En el renglón de las recomendaciones, la primera que destaca el informe de la CIDH es contundente. “Poner en libertad a las personas que hayan sido detenidas en el contexto o con ocasión a las protestas o disidencia política, de manera ilegal o arbitraria, y que a la fecha de notificación al Estado del presente informe se encuentren detenidos”.

Desde luego fuentes oficiales y voceros del Gobierno han desestimado los informes emitidos por la CIDH sobre Nicaragua. Aducen siempre que tales informes “están sesgados”.

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