La esperanza se había vuelto a abrir tras la condena en España del ex viceministro de Seguridad de El Salvador, Orlando Inocente Montano, el pasado mes de septiembre. La condena fue a 133 años y cuatro meses de prisión por el “asesinato terrorista” de cinco sacerdotes jesuitas españoles ocurrido la mañana del 16 de noviembre de 1989.
Sin embargo, esta misma semana la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del país centroamericano, ordenó el cierre del proceso penal por la masacre en la que fueron asesinados a mansalva por una unidad de élite del Ejército salvadoreño los cinco jesuitas españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno; el jesuita salvadoreño Joaquín López; la empleada doméstica Julia Elba y su hija, Celina Mariceth Ramos.
El asesinato ocurrió en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), cuando un comando de soldados mató a los religiosos y a la empleada junto con su hija (con la orden de “no dejar testigos”) en el campus de la Universidad
Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), considerada por el gobierno salvadoreño de aquellos años como un centro de apoyo a la guerrilla.
La masacre ocurrió durante la ofensiva guerrillera “Hasta el Tope”, de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad, elaborado en 1993, con el apoyo de Naciones Unidas. De acuerdo con las investigaciones llevadas a cabo el asesinato múltiple fue una “respuesta” a la ofensiva del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) iniciada cinco días antes.
Apenas en 2017 se había reabierto el proceso, a raíz de que un Juzgado de Paz y a petición de la UCA, anuló la Ley de Amnistía de 1993. Los señalados como autores intelectuales del crimen múltiple, Juan Orlando Zepeda, Francisco Elena Fuentes, Rafael Humberto Larios, Juan Rafael Bustillo, Inocente Orlando Montano, el ex presidente Alfredo Felix Cristiani (1989-1994) y el fallecido René Emilio Ponce, ya no podrán ser investigados en El Salvador.
Con esta decisión de la Sala Penal de la CSJ vuelve a cerrar la puerta a la demanda de castigo sobre quienes ordenaron la masacre de los llamados “mártires de la UCA”, centro académico del que fungía como rector el padre Ignacio Ellacuría.
Los magistrados salvadoreños declararon la “nulidad absoluta” del proceso penal y dejaron firmes “los sobreseimientos definitivos y los efectos jurídicos que fueron dictados originalmente a favor de los imputados en el presente proceso por razones de prescripción”, según se lee en la sentencia emitida el pasado 8 de septiembre pero hecha pública el pasado jueves 29 de octubre.
En el fallo los magistrados calificaron de “repudiable” la masacre en contra de los seis jesuitas y la trabajadora doméstica y de su hija, sin embargo dejaron en claro que “por muy repudiables que resulten los hechos delictivos, ello no habilita a los entes persecutores del delito a violentar principios y garantías constitucionales”.
Hasta el día de hoy tan solo dos personas implicadas en la masacre se encuentran en prisión: el coronel retirado Guillermo Alfredo Benavides, recluido en una cárcel de El Salvador, y Orlando Inocente Montano, en España.
Hoy celebramos a...