“No es solamente la pandemia. Cuando la Covid-19 se hizo presente en Venezuela, ya el sistema educativo, la vida de los docentes, alumnos y de los ciudadanos en general, estaban colapsadas. Ya teníamos muchos sufrimientos encima vinculados a la deficiencia del sistema de salud, a la falta de comida y a la calidad de vida en general”.
Así lo refiere Omaira Peña, una docente jubilada cuya pensión mensual no llega a los 3 dólares. Con los años y la situación del país, Omaira comenzó a sufrir de ansiedad. No tiene hijos y su esposo falleció hace 12 años. “Solamente en los medicamentos se me va el monto de la jubilación”, dijo para Aleteia mientras esperaba una bolsa de comida con la que ha de “sobrevivir” hasta el mes siguiente… Comencemos por el principio.
Eran las seis y treinta de la mañana, del pasado martes 28 de septiembre. Frente a un templo católico de Guarenas (Venezuela), varios educadores jubilados adscritos a la Gobernación del estado Miranda, comenzaron a formar una fila. Previa autorización del párroco del lugar para el uso de los espacios eclesiales, tres horas más tarde, funcionarios de la Gobernación les entregarán una bolsa de comida, únicamente contentiva de un kilo de pasta, siete kilos de arroz y dos de harina de maíz precocida.
La bolsa que reciben los jubilados mirandinos es una especie de “sorpresa”, en la que rara vez encuentran aceite, azúcar o productos de marcas reconocidas y autorizados por organismos sanitarios. Nunca recibirán verduras, frutas, carnes, quesos, huevos y pescados que les permitan una dieta rica y balanceada. Un sondeo a los códigos de barra de los productos genera dudas acerca de su origen y calidad. Así, hasta el mes siguiente.
No hay condiciones para clases por internet
Esta vez, sin embargo, el tema de conversación no eran solamente las bolsas contentivas de carbohidratos. Hablaron de la suspensión del nuevo año escolar por parte del gobierno de Nicolás Maduro; claro está, como consecuencia de la dura situación que el sector educativo vive desde el año 2016, cuando se acentuó la crisis humanitaria en Venezuela.
“En otros tiempos los educadores contábamos con sueldos y un contrato colectivo que nos permitía vivir dignamente. No eran sumas millonarias, pero teníamos lo necesario para vivir. Ahora ni siquiera hay condiciones para dar inicio al nuevo año escolar”, expresó María de Quintana, al ser consultada para Aleteia.
La maestra que entregó lo mejor de sí durante casi treinta años, considera que “adicional a esto, el país carece de un servicio eléctrico eficiente, y el transporte público no tiene suministro de gasolina”. “¿Cómo van a llegar los maestros a sus centros de trabajo?”, agregó.
También comentó que en el caso de las “clases por internet” las autoridades no han dotado a los maestros y representantes de las herramientas necesarias para recibir las clases virtuales cuya modalidad sería a partir de enero, si es que la pandemia lo permite.
“Muchos padres de familia y maestros no tienen computadoras ni servicio de internet en sus casas; y si los tuvieran, serían gastos adicionales para su menguado poder adquisitivo … ¿Acaso les van a pagar eso? Una cosa es servir desde nuestra vocación de educadores, y otra apoyar la esclavitud a la que el gobierno nos quiere someter”.
Recordó que en un comunicado del pasado 7 de septiembre, la Federación Venezolana de Maestros alertó al gremio que las propuestas hechas desde el desde el gobierno están cargadas de improvisación y una exagerada dosis de falsedad para aparentar normalidad.
“El docente tiene un salario de hambre. Gana menos de 1.600.000 bolívares mensuales, que no le alcanza ni siquiera para comprar 2 productos de la canasta alimentaria en la quincena”, se lee de la FVM. “Son menos de 2 dólares quincenales que nos sitúa en el rango de pobreza extrema según lo que establece la ONU”. Por lo tanto, “los docentes no están dispuestos a incorporarse a un nuevo año escolar en esas condiciones”.
Educadores vendiendo helados
Peña, acotó lo siguiente: “Debemos recordar que los educadores abandonaron las aulas porque no había condiciones para impartir clases dignamente a los niños y jóvenes; además, sus ingresos no eran suficientes para los gastos de comida, transporte, medicamentos, vestido, higiene y otros servicios del hogar”.
Luisa Báez, una profesora jubilada con Magíster en ciencias de la educación reveló que, a pesar de sus estudios, el ingreso mensual que recibe, más los “bonos presidenciales”, apenas llega a 2.860.000 bolívares, con lo cual roza unos 6 dólares, aproximadamente, al cambio paralelo. Báez reconoció que le ha tocado buscar alternativas de ingreso, a pesar de que sus hijos la ayudan y no tiene que pagar alquiler como muchos docentes jóvenes.
“Una de estas alternativas que buscan los docentes es vender helados en casa”, aseguró. “Sí, son helados más elaborados, de galletas, nucita, por ejemplo”, refirió, razonando “que todo trabajo es digno”. Para Luisa, tanto gobernantes como la población, “tenemos que volver a la producción física real, primaria, y no conformarnos” porque se observa que el dinero, “aunque dolarizado, nos está reduciendo aún más el poder adquisitivo”.
LOS DATOS: En diciembre de 2019, la Unidad Democrática del Sector Educativo (USDE), una organización que agrupa a profesores y maestros, calculó en 50 por ciento la pérdida en la nómina de maestros. Destacaron que en Venezuela quedaban entonces 263.769 docentes con título universitario. Para 2015, cuando el Ministerio de Educación publicó su última Memoria y Cuenta indicaba que eran 527.538, según UDSE.
Igualmente, para 2015 en los 543 planteles educativos de Caracas, se contaba con 28.332 maestros, sin embargo, para finales de 2019, de acuerdo con la UDSE, quedaban 14.926 profesionales de la educación. La organización gremial, también reconoció que muchos educadores se fueron del país en condición de emigrantes o comenzaron a realizar otros trabajos simultáneos o como única alternativa ya que así tendrán “mejores ingresos”.
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