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Estados Unidos: 300.000 familias en la cuerda floja

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Ryan Rodrick Beiler - Shutterstock

Jaime Septién - publicado el 17/09/20

¿Qué supone acabar con el Estatus de Protección Temporal (TPS)?

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos decidió, a principios de esta semana, que el presidente Donald J. Trump tiene el derecho de dar por concluido el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) que protege de ser deportados aproximadamente a 300.000 inmigrantes de El Salvador, Nicaragua, Sudán y Haití.

La decisión de 2-1, la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito, anuló una orden judicial preliminar emitida en 2018 por el juez de distrito Edward Chen, misma que impedía que la Administración Federal pusiera fin el TPS que protege a los inmigrantes de esos países a los que había acogido Estados Unidos hacía dos décadas.

A hacer las maletas

Dentro del paquete de medidas para restringir la inmigración a Estados Unidos propuesto por el presidente Trump, se instruyó al Departamento de Seguridad Nacional a poner fin al TPS del que gozaban ciudadanos de El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán, quienes ya no podrán renovar esas protecciones y tendrán que regresar a sus países de origen.

Muchos de estos inmigrantes llevan veinte años en Estados Unidos y llegaron ahí de manera ilegal, pero huyendo de un desastre natural, una guerra, una hambruna o alguna situación similar. El TPS les permitía obtener protección legal contra la deportación debido a la incapacidad de su país de origen para recuperar a sus ciudadanos.

El programa tenía que ser renovado cada dos años y hasta que su país de origen dijera que la situación interna era ya lo suficientemente estable como para que las personas pudieran ya regresar, lo cual, bajo ninguna perspectiva, pareciera ser la situación actual de El Salvador, Nicaragua, Sudán o de Haití (también podría agregarse Nepal).

Defensores de los derechos humanos y organizaciones humanitarias han mostrado que las condiciones de estos países no son las adecuadas para recibir a sus ciudadanos protegidos por el TPS. Además, personas que ya tienen viviendo en Estados Unidos por más de quince años, consideran a ese país como su hogar y su sitio de trabajo.

Miles de familias afectadas

La decisión de la Corte de Apelaciones del Noveno Distrito puede aun ser apelada en la Corte Suprema. Si esta falla en contra de entre 300.000 y 400.000 salvadoreños, hondureños, sudaneses, nicaragüenses y haitianos (también de los nepalíes), todos ellos (sin sus hijos, nacidos ya en Estados Unidos) tendrán que salir del país en 2021.

«La decisión del Noveno Circuito continúa un camino desgarrador de incertidumbre y miedo para cientos de miles de beneficiarios de TPS puesto en marcha, innecesariamente, por la administración Trump», dijo el arzobispo de Los Ángeles, José H. Gómez, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB).

En una declaración junto con el obispo auxiliar de Washington, Mario E. Dorsonville, presidente del Comité de Migración de la USCCB; y Sean Callahan, presidente y director ejecutivo de Catholic Relief Services, Gómez afirmó que países como El Salvador y Haití no pueden manejar adecuadamente el regreso de los beneficiarios de TPS.

“La propagación de COVID-19 solo ha empeorado las condiciones», refiere el comunicado, al tiempo que estima que la decisión «fragmenta a las familias estadounidenses, dejando, por ejemplo, más de 192.000 hijos ciudadanos estadounidenses de beneficiarios de TPS salvadoreños sin sus padres y con un futuro incierto».

Tan hijos de Dios como todos

«Ellos también son hijos de Dios. Nos solidarizamos con los beneficiarios de TPS, que están aquí y han estado viviendo y trabajando en Estados Unidos legalmente, y continuaremos haciéndolo con ellos en sus países de origen», dijeron los firmantes del comunicado, publicado el 15 de septiembre.

El arzobispo Gómez, el obispo Dorsonville y Callahan pidieron nuevamente al Senado de los Estados Unidos que adopte la Ley de Promesa y Sueño Americano que la Cámara aprobó el año pasado. «Sin la acción del Congreso», dicen en su comunicado, «las vidas de los beneficiarios se verán trastornadas”.

El proyecto de ley proporcionará a los titulares de TPS, a los beneficiarios de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y a aquellos que tienen el estado de Salida Forzosa Diferida protección contra la deportación y la oportunidad de obtener un estado legal permanente en los Estados Unidos si cumplen con ciertos requisitos.

Otras voces católicas de Estados Unidos se unieron al reclamo de la USCCB, entre ellas la de Marie Luce, una Hermana de San Francisco de Filadelfia, directora asociada de Franciscan Action Network, quien dijo que la decisión fue una «tragedia» para quienes poseen el TPS y «una traición a todo lo bueno en este país».

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