El próximo 18 de septiembre, de no prosperar una medida cautelar presentada por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional (TC) sobre el proceso de vacancia presidencial, la vida política de Perú podría empezar a tener un nuevo cambio en su rumbo, pues ese día el Congreso podría discutir el futuro como presidente de Martín Vizcarra.
En los últimos días se impulsó en Perú una moción de vacancia (destitución) presentada en su contra por el Congreso en base al denominado “caso Richard Swing” (contratos del Ministerio de Cultura con el cantante Richard Cisneros).
La crisis política se fortaleció tras la divulgación de audios que hacían referencia a la evidencia una maniobra del propio presidente para deslindarse del caso, todos aspectos que seguían suscitando nuevos episodios.
La tensión entre el Poder Ejecutivo y Legislativo llega en un momento donde la también crisis sanitaria derivada por el coronavirus no da tregua en Perú.
En base a los últimos reportes oficiales, hasta el momento se constatan más de 730.000 casos positivos y un número de muertes superior a los 30.000.
Al mismo tiempo, se da también en medio de otros efectos derivados de esta situación de salud, donde la economía no ha logrado eludir el sacudón.
“El Bien común del Perú”
En medio de un clima de incertidumbre, donde además de voces a favor y en contra algunos hasta han llegado a hablar de “complot contra la democracia” (con el trascendido incluso de contactos con las Fuerzas Armadas en caso de que no continúe Vizcarra), la Conferencia Episcopal Peruana (CEP) se pronunció.
Lo hizo a través de un comunicado en el que hace un llamado a superar la confrontación y que tanto Ejecutivo como Legislativo “enfrenten unidos la crisis actual”.
“No es el momento de generar caos y división, cuando la prioridad es hacer frente a la pandemia unidos, y enfrentar solidariamente la crisis sanitaria, social, económica, educativa y política, luchando contra la corrupción y preparándonos a la post pandemia”, expresan los obispos.
“Estamos lejos de haber superado la crisis sanitaria: la producción nacional ha caído drásticamente y se han perdido millones de empleos, perjudicando sobre todo a las personas más vulnerables”, prosiguen.
“En estas circunstancias y a solo siete meses de las elecciones generales, no se debe debilitar nuestra frágil democracia, ni su institucionalidad por lo que cualquier acto que vaya en contra de la ley, debe ser sancionado en su debido momento y la autoridad en cuestión debe someterse al debido proceso en la etapa de investigación, así como en el posterior desarrollo de la misma”, señalan.
“Los peruanos esperamos tanto del Poder Ejecutivo como del Legislativo que, en aras del Bien Común, superen la confrontación y enfrenten unidos la crisis actual, salvaguardando el Estado de Derecho y buscando consensos para la transformación del Perú”, agregan.
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