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¿Habrá secreto de confesión en Australia?

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O reportan a las autoridades civiles el abuso escuchado en confesión, o van a la cárcel

Las nuevas leyes aprobadas por el Parlamento de Queensland (Australia) el 8 de septiembre de 2020, son una puya más al secreto de la confesión, parte fundamental, esencial, de la constitución sacramental de la Iglesia católica.

Estas nuevas leyes proponen que las instituciones religiosas y sus miembros ya no puedan usar el secreto del confesionario “como defensa o excusa” para no denunciar a las autoridades civiles asuntos de abuso sexual infantil.

La ley fue aprobada por el Parlamento de Queensland y contó con el apoyo de los dos partidos políticos principales en la región. Obviamente, la Iglesia católica se opuso. El obispo Tim Harris de Townsville, tuiteó: «Los sacerdotes católicos no pueden romper el secreto de la confesión».

Preguntas al Vaticano

La nueva ley fue una respuesta a las recomendaciones de la Comisión Real sobre Abuso Sexual Infantil, encargada de documentar la historia de abusos en organizaciones religiosas y seculares, incluidas escuelas y orfanatos católicos en todo el país.

Por lo demás, Queensland se une en este tipo de leyes a las regiones de Australia del Sur, Victoria, Tasmania y el Territorio de la Capital Australiana quienes han promulgado normativas similares.

La Comisión Real había pedido ya que la Conferencia de Obispos Católicos de Australia aclarara con la Santa Sede «si la información recibida de un niño –durante el sacramento de la reconciliación– de que ha sufrido abusos sexuales está cubierta por el secreto de confesión».

También que «si una persona confiesa durante el sacramento de la reconciliación haber perpetrado abuso sexual infantil, la absolución podría y debería retenerse hasta que se denuncie a las autoridades civiles».

La nota de respuesta, aprobada por el Papa Francisco y publicada por el Vaticano a mediados de 2019, la Penitenciaría Apostólica afirmó que hay secreto absoluto de todo lo dicho en la confesión y llamó a los sacerdotes a defenderlo a toda costa, incluso a costa de sus vidas.

No escucha como hombre

«El sacerdote, de hecho, llega a conocer los pecados del penitente ‘non ut homo sed ut Deus’ –no como hombre, sino como Dios– hasta el punto de que simplemente ‘no sabe’ lo que se dijo en el confesionario porque no escucha como hombre, sino precisamente en nombre de Dios”, decía el documento vaticano.

«La defensa de un confesor del secreto sacramental, si es necesario, incluso hasta el punto de derramar sangre», decía la nota. Y agregaba: «no es sólo un acto obligatorio de fidelidad al penitente, sino mucho más: es un testimonio necesario – un martirio – del poder salvador único y universal de Cristo y su Iglesia».

«Incluso si el sacerdote está obligado a mantener escrupulosamente el sello del confesionario, ciertamente puede, y de hecho debe en ciertos casos, alentar a una víctima a buscar ayuda fuera del confesionario o, cuando sea apropiado, a (alentar a la víctima a) reportar un instancia de abuso a las autoridades «, dijo el Vaticano en sus observaciones.

«En cuanto a la absolución, el confesor debe determinar que los fieles que confiesan sus pecados realmente se arrepienten de ellos» y pretenden cambiar. «Dado que el arrepentimiento es, de hecho, el corazón de este sacramento, la absolución sólo puede retenerse si el confesor concluye que el penitente carece de la contrición necesaria», expresó el Vaticano.

Ignorancia sobre libertad religiosa

El arzobispo de Brisbane, Mark Coleridge, presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Australia, ha afirmado el compromiso de la iglesia de proteger a los niños y detener el abuso, pero ha dicho que romper el sello confesional «no haría una diferencia para la seguridad de los jóvenes».

En una presentación formal al Parlamento de Queensland, el arzobispo Coleridge explicó que la legislación que quita el sello convierte a los sacerdotes en «menos siervos de Dios que agentes del Estado», informó The Catholic Leader, periódico de la Arquidiócesis de Brisbane.

También dijo que la legislación propuesta planteaba «cuestiones importantes sobre la libertad religiosa» y se basaba en un «escaso conocimiento de cómo funciona realmente el sacramento en la práctica».

Con información de Catholic News Service

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