Una descripción en la actuación de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) deja sin palabras al más incrédulo sobre lo que ocurre en Venezuela. Mayormente llegan de noche, pero también a cualquier hora del día. En la casa de los “sospechosos” derriban puertas y ventanas. Registran todo. Con disparos limpian de “mirones” la zona, colocando a francotiradores en los techos.
“¡Mosca, llegaron los del FAES!”, alertan los vecinos viendo por las hendijas a los uniformados que corren por las escaleras. Llevan armas largas y van vestidos de negro. Usan máscaras también negras y sobre éstas tienen dibujada la muerte: una calavera que parece decir cuál será el fin de un detenido.
La sola mención de las FAES, el cuerpo de élite creado por Nicolás Maduro el 14 de julio de 2017, adscrito a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), más que seguridad genera temor, zozobra y muerte en la población, especialmente en los sectores y barrios pobres de Venezuela. Por la forma letal de sus procedimientos, estos funcionarios han asesinado a miles de personas –inocentes o sin juicio alguno- luego de simular enfrentamientos y viciar evidencias. Igual que en las protestas en contra del gobierno.
Las más diversas organizaciones de defensa de los derechos humanos nacionales y extranjeras, han denunciado a las FAES ante organismos multilaterales. El informe de Michelle Bachelet, alta comisionada para los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, los define como “escuadrón de la muerte” o “grupo de exterminio”.
Las cifras de muertes bajo la figura “resistencia a la autoridad”, son aterradoras de acuerdo con la actualización presentada en la ONUde la información recabada entre mayo de 2019 y julio 2020: “La ONG PROVEA informó de 275 asesinatos en el primer trimestre de 2019. La ONG Monitor de Víctimas reportó 256 asesinatos sólo en Caracas en 2018. La ONG COFAVIC informó de 3.684 asesinatos en 2017-2018, de los cuales el 28% podrían atribuirse a FAES/PNB”, cita el documento de la ONU.
Humberto Prado, comisionado de derechos humanos del gobierno interino de Juan Guaidó, a finales de julio de este mismo año, también denunció que las FAES cometieron el asesinato de 1.560 personas entre enero y mayo de 2019. Además, “han incurrido en todo tipo de crímenes, al momento de generar represión“; y, “el 95% de casos de tortura evidencian prácticas de violencia sexual”, indica la comisión.
¿Qué buscaba las FAES en Acción Solidaria?
Feliciano Reyna Ganteaume, presidente de Acción Solidaria, denunció que este 7 de septiembre, a la 1:45 de la tarde (Hora de Venezuela), “un grupo de miembros de la FAES irrumpieron en la sede” de esta organización humanitaria “en un procedimiento del cual no tenemos ninguna información ni conocimiento sobre sus motivos ni propósitos”.
La denuncia la publicó en su cuenta de Twitter, llamando la atención de otras ONGs: “Ante esta situación exigimos a los cuerpos presentes en Acción Solidaria garantizar la libertad” e “integridad física y mental del personal que estaba realizando su trabajo, así como preservar los insumos y suministros con los que trabaja la @AccionSolidaria”.
“Estas medicinas e insumos son para atender a las personas que los necesitan para proteger sus vidas y salud. A quienes dictan las órdenes para efectuar este tipo de procedimientos arbitrarios, exigimos el cese de actos de los hostigamientos y abusos…”, indicaba en una serie de mensajes publicados en la red social del pajarito azul.
Muchas gracias a todas las personas y organizaciones que han prestado su apoyo ante esta terrible situación. Ya han sido liberadas las ocho personas pertenecientes a nuestro equipo de trabajo. En cuanto tengamos alguna otra información se las estaremos comunicando. ❤️
— Acción Solidaria (@AccionSolidaria) September 8, 2020
En efecto, la sorpresiva acción de las FAES en contra de esta organización, les llevó a detener de manera arbitraria a 8 personas que trabajan en el Programa de Acción Humanitaria. Aunque no se contó con la información oficial, otra ONG, PROVEA, en apoyo a Acción Solidaria publicó que los funcionarios de seguridad realizaron este operativo por la supuesta “venta de medicinas” y “entrega de medicinas vencidas”. Algo imposible de creer dado el montaje de expedientes que practican las FAES.
Pasadas las 10 de la noche, los trabajadores humanitarios fueron dejados en libertad, ocasión en la que Feliciano Reyna Ganteaume agradeció a las personas y organizaciones que estuvieron pendientes de la detención. Informó que este apoyo “generó las respuestas institucionales urgentes y necesarias para que nuestros colegas estén libres y para que las medicinas y equipos nos fueran devueltos en su totalidad”.
El apoyo de la iglesia a la organización humanitaria
Que un grupo armado con las características de las FAES haya ingresado en la sede de una ONG como es Acción Solidaria, dedicada exclusivamente a ofrecer “atención integral a personas con VIH, sus familiares, parejas y amigos”, despertó las alarmas en organizaciones humanitarias, como PROVEA, cuyo coordinador general, Rafael Uzcátegui, dijo que la presión de la sociedad civil puede vencer al autoritarismo.
También desde la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) se difundió un comunicado firmado por el cardenal Baltazar Porras en su condición de administrador apostólico de la Arquidiócesis de Caracas y presidente de Cáritas Venezuela; y por parte del presidente de la comisión de justicia y paz, monseñor Roberto Lückert León.
La CEV rechazó “categóricamente la violación de derechos y la privación de libertad de los trabajadores humanitarios”, y denunció el “poco transparente procedimiento aplicado al allanar la sede de esta ONG”, dedicada a “distribuir medicamentos y asistencia médica a las personas afectadas por la crisis que vive el país”.
En la nota enviada a Aleteia, se lee: “Estas acciones coartan la libertad operativa de los trabajadores humanitarios en el país y los colocan como objetivos de persecuciones y amedrentamiento”.
Por tanto, pidieron no criminalizar “las actividades inspiradas en los principios humanitarios y el derecho internacional humanitario, ni afectar los bienes dirigidos a mitigar las necesidades de auxilio en los ámbitos de salud, alimentación, agua y otros servicios esenciales para la vida de más de 7 millones de personas vulnerables”.
Una de las exigencias hechas por Michelle Bachelet desde el año 2019 ha sido la disolución de este cuerpo policial, pero todavía no ha recibido respuesta por parte del gobierno de Nicolás Maduro. “Mi oficina no ha recibido información sobre medidas para disolución de las FAES, por el contrario, han recibido apoyo del más alto nivel”, se lamentó Bachelet. No la han escuchado, mucho menos a los familiares de las víctimas.
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