El pasado jueves 3 de setiembre el Gobierno paraguayo promocionó un operativo contra el EPP, en un bosque de Yby Yaú, Departamento de Concepción, como uno de los mayores goles contra el grupo armado que opera desde hace más de dos décadas en el norte del Paraguay.
El propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, en su carácter de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, viajó hasta la zona para supervisar las operaciones. Sin embargo, la versión inicial sobre el abatimiento de dos cabecillas del grupo, se desmoronó luego de confirmarse que habían muerto dos niñas, ambas de solo 11 años.
El Gobierno paraguayo condenó y lamentó el reclutamiento de niños por parte de grupos armados y aseguró, que en este caso, los propios padres de las niñas fueron quienes entregaron armas y pusieron en el la línea de combate a sus hijas. Abdo Benítez calificó el hecho como “cobarde e irresponsable”.
La Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) es un grupo de élite creado para el combate a los grupos criminales que operan en el Norte del Paraguay. San Pedro, Concepción y Amambay, son departamentos de este país donde también opera el narcotráfico.
El Estado Paraguayo 🇵🇾lamenta profundamente el fallecimiento de dos menores de edad en el enfrentamiento producido entre la FTC y la organización criminal autodenominada Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) el pasado 2 de setiembre, en el límite entre Concepción y Amambay. pic.twitter.com/8lNDwrtR3e
— Ministerio de Relaciones Exteriores (@mreparaguay) September 5, 2020
Controversias en torno al operativo
Los familiares de las niñas fallecidas denunciaron el “ajusticiamiento” de las menores y aseguraron que son víctimas de persecución por parte del Estado paraguayo. Por su parte, tanto el Ministerio Público, como las fuerzas operativas, aseguran que las menores fallecieron durante fuego cruzado.
La muerte de las dos niñas reclutadas por el EPP implicó un reclamo internacional para el Paraguay, tras confirmarse que las menores figuran como de nacionalidad argentina. El Gobierno de la Argentina exigió el esclarecimiento del hecho y condenó el resultado del operativo.
Las autoridades paraguayas insisten en que las menores nacieron dentro del monte, en un campamento del EPP, pero luego fueron trasladadas hasta Argentina, donde fueron criadas por familiares de miembros del grupo armado, hasta que fueron regresadas con sus padres y reclutadas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de Estados Americanos (OEA), también se pronunció sobre el hecho. Recordó que los menores reclutados por grupos armados son víctimas y el Estado debería protegerlas.
#Paraguay🇵🇾
— ONU Derechos Humanos – América del Sur (@ONU_derechos) September 6, 2020
Jefe de @ONU_derechos, Jan Jarab, pidió investigar sin demora el "hecho gravísimo que terminó con la vida de dos niñas a quienes el #Estado debía proteger", según su obligación de garantizar los #derechos de los niños, niñas y adolescentes.
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Por su parte, la Arquidiócesis de Asunción calificó el reclutamiento de menores para acciones delictivas como “despreciable”. Al tiempo de condenar que niños sean usados como “carne de cañón” cuestionaron el operativo de la FTC y sus resultados.
La muerte de las niñas también derivó en una movilización liderada por parte de un grupo de mujeres en el centro de Asunción, que culminó con hechos de vandalismo contra el Oratorio de Nuestra Señora de la Asunción y Panteón de los Héroes.
La Iglesia paraguaya lamentó los actos de vandalismo al tiempo de hacer un llamado hacia la paz y el cese de la violencia, cuestionó “las manifestaciones de odio y ofensa a la Nación y a Dios”.
Imágenes agresión aquí:
¿Qué es el EPP?
El autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) es un grupo armado que opera en el Norte del Paraguay, de ideológica marxista-leninista e influencias ambientalistas, que opera desde el año 1994.
El grupo armado se desprende de un grupo político denominado como Partido Patria Libre. Para las autoridades paraguayas existen suficientes elementos para vincular la formación del grupo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Si bien los cabecillas del grupo armado lo definen como una “organización revolucionaria y político militar”, con el correr del tiempo se enfocó en actividades delictivas y se lo relaciona con el narcotráfico. Al EPP se le atribuye una serie de secuestros, atentados, extorsiones y asesinatos.
El grupo armado centra sus actividades en los Departamentos de Concepción y San Pedro, zonas donde existen altos índices de pobreza. Esta región cuneta con millones de hectáreas de bosques rocosos de difícil acceso y con serranías.
En principio el EPP llegó a tener unos 200 miembros de los cuales gran parte opera desde el monte. Las autoridades presumen que actualmente son unos 25 los soldados activos que se desplazan de manera constante por la selva.
El cobro del “impuesto revolucionario” a ganaderos de la zona, el dinero cobrado por los primeros secuestros, el asalto a estancias y una importante red logística, forman parte del sustento de este grupo. Además, la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) sostiene que existen suficientes elementos para concluir que el EPP se dedica al tráfico de drogas.
Actualmente, el EPP tiene secuestrado desde hace más de seis años al suboficial de la Policía Nacional, Edelio Morínigo, mientras que el Ejército del Mariscal López, uno de sus brazos, tiene bajo cautiverio al ganadero Félix Urbieta.
Niños reclutados por el crimen organizado
El mayor Luis Apesteguía, vocero de la FTC, comentó en conversación con Aleteia, que desde sus inicios el EPP reclutó a menores de edad dentro de sus filas e incluso estos fueron responsables de secuestros y asesinatos.
“Hay varios menores dentro de la estructura de este grupo criminal, así como se sabe que para el cultivo de marihuana también se utilizan a los niños. Nos lástima que los menores sean expuestos de esta manera. Desde muy pequeños los mismos son ideologizados y les entregan armas”, explicó.
Apesteguía aseguró que los menores son puestos al frente de batalla y cuando las fuerzas de seguridad reciben disparos “no se puede distinguir las edades que tienen”. Aseguró que existen pruebas de que hay varios menores que nacieron dentro de los campamentos del EPP en la selva.
Para el vocero de la FTC, el EPP no se pudo desarrollar como establece su manual y asegura que esto los obliga a desplazarse hacia otras zonas que no forman parte de su área de influencia inicial.
Luis Apesteguía aseguró que los miembros del EPP fueron hasta Argentina, Colombia y Chile para establecer sus bases, con la intención de constituirse como un grupo guerrillero. Sin embargo, afirmó que están muy debilitados.
Para el integrante de las fuerzas miliares, el EPP podría reclutar a menores de edad como una herramienta para llamar la atención de los organismos internacionales y generar controversia contra las operaciones gubernamentales.
La ausencia del Estado y las posiciones radicales
El sacerdote Pablo Cáceres, párroco de Azotey, Concepción, lamentó que los grupos criminales estén ganando terreno en el norte de país. Aseguró que la pobreza de la población y la injusticia reinate sirven como caldo de cultivo para las actividades ilícitas.
“Si uno analiza el contexto general, debemos decir que Concepción es una de las zonas con muchas carencias. La ausencia del Estado y genera descontento en la gente. Las posiciones radicales, a favor de la violencia, son una tentación constante para los pobladores. La pobreza también obedece a una situación de injusticia. Es muy fácil reclutar a la gente en una situación de necesidad, incluso a niños”, expresó.
El sacerdote explicó que en algunos casos los menores pueden ser reclutados por grupos criminales con el ofrecimiento de un poco dinero o incluso alimentación. Aseguró que el narcotráfico, el tráfico ilegal de rollos y la violencia, son los principales males de la zona.
Para el padre Cáceres, el Estado tiene la premisa errada de buscar erradicar la violencia utilizando como herramienta a la violencia.
“Tenemos muchas denuncias de persecución a la población civil y nos preocupa. La FTC utiliza muchos recursos pero no se avizoran resultados que nos permitan decir que la violencia se acabará en el norte”, denunció.
Cáceres, quien también coordina la Pastoral Social de la diócesis y Pastoral Indígena, señala que en muchos casos la Iglesia suple las responsabilidades del Estado, en una zona donde las necesidades abundan.
“Buscamos contener a la población, trabajamos en la formación de jóvenes, intentamos que conozcan sus derechos. Durante la pandemia, realizamos ollas populares y promovemos actividades para el desarrollo de la comunidad”, explicó.
La FTC que nuclea al Ministerio Público, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Paraguay, es un organismo creado en el 2013 para el combate al EPP y al crimen organizado que opera en el norte del país.
Desde la creación del grupo de élite, se han producido un sinnúmero de cuestionamientos hacia los resultados en el combate contra los grupos criminales y aparecieron varias de pobladores de la zona por la violencia utilizada en sus intervenciones.
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