En medio de la pandemia de coronavirus y lo que sería, al menos, el pico de casos en la Argentina, el Ministerio de Salud de la Nación autorizó la compra por 44 millones de pesos, equivalentes a más de medio millón de dólares, de comprimidos de Misoprostol, fármaco utilizado para la inducción de contracciones, y promovido oficialmente como abortivo en el marco del protocolo denominado “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”.
En marzo, el gobierno de la provincia de Buenos Aires había hecho lo propio con una inversión de 18,000,000 de pesos, por 80,000 comprimidos.En abril, también lo hizo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires por una inversión de 12 millones de pesos. También el de Santa Fe, con su propio laboratorio. Además de mil blísteres adquiridos por el gobierno nacional en abril.
Los distritos más poblados de la Argentina ya habían adquirido stock para los abortos autorizados, por lo que llama la atención la prioridad dada a la compra.
Según la resolución firmada por el Ministro de Salud el 22 de julio, la urgencia se “motiva en la restricción de stock y de disponibilidad del insumo por la crisis en la cadena de suministros internacional generada por la pandemia de COVID-19 y la necesidad de prevenir el aumento de abortos inseguros y morbimortalidad materna”.
No obstante, según las cifras del Ministerio de Salud, durante 2017, último dato publicado, se registraron 30 muertes maternas por embarazo terminado en aborto, categoría en la que no necesariamente se incluye aquella que podría haber sido causada por un aborto inducido realizado en la clandestinidad.
Pese a que la tasa de letalidad en la Argentina es más baja que el promedio, más de 3000 personas perdieron la vida debido a la pandemia de coronavirus.
El gobierno de la Provincia de Buenos Aires, donde se concentran la mayor cantidad de casos absolutos, acaba de anunciar que estima una posible saturación de las camas de terapia intensiva para mediados de agosto. Con medio millón de dólares, se podrían haber adquirido, al menos, 20 respiradores para este distrito.
En la Argentina, el aborto está autorizado y promovido por el Estado bajo las causales de violación, y embarazo que implique riesgo para la vida o salud de la madre, entendiendo salud desde una perspectiva amplia. El aborto libre, sin causales, fue rechazado por el Senado de la Nación en 2018, aunque antes de que se desate la pandemia el gobierno nacional estaba presto a enviar un nuevo proyecto al Parlamento.
Sin embargo, está vigente para garantizar la despenalización bajo los causales un protocolo del Ministerio de la Nación, al que adhieren la mayoría de las provincias, en el que de acuerdo a la interpretación podría llegar a ampararse un aborto sin plazos. Un médico de Río Negro incluso fue condenado por negarse a practicar un aborto en un embarazo avanzado, cuya concreción, juzgó en su pericia, hubiese arriesgado la vida de la madre.
La compra, así como la reciente aprobación de parte de la legislatura de Buenos Aires del protocolo nacional de aborto no punible, cuyo veto han pedido numerosas organizaciones porteñas y del país, hace presagiar un inminente debate por el aborto libre en la Argentina. Incluso, algo que parecía imposible meses atrás, que este debate parlamentario se dé aún con el país transitando la Pandemia, sin la posibilidad de que los ciudadanos se expresen con libertad en las calles.
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