De nada sirvió que poco más de mil líderes religiosos de Estados Unidos hicieran un comunicado urgente el pasado 7 de julio, instando al presidente Donald Trump y al fiscal general William Barr a detener las ejecuciones federales programadas en julio agosto de este año en el Complejo Correccional Federal de Terre Haute, Indiana.
Hacía 17 años que las ejecuciones de carácter federal habían sido suspendidas en Estados Unidos. Pero ayer martes, a las 8:07 de la mañana Daniel Lewis Lee, de 47 años de edad, fue declarado muerto tras haberle inyectado, un par de minutos antes, un compuesto de tres drogas letales.
La declaración conjunta del 7 de julio señalaba que mientras el país lidia con la pandemia del coronavirus (con más de tres millones de infectados y 135,000 muertes), una crisis económica que hace palidecer de la Gran Depresión de 1929 “y un racismo sistémico en el sistema legal penal”, el gobierno de Trump debía centrarse “en proteger y preservar la vida, no en llevar a cabo ejecuciones”.
A Lee le seguirían, actualmente sentenciados a sufrir la pena capital y desde hace años en “el corredor de la muerte”, Wesley Purkey hoy 15 de julio; Dustin Honken el próximo viernes 17 de julio y Keith Nelson el 28 de agosto. Todos ellos fueron acusados de asesinatos a niños en crímenes separados. Y todos ellos serán ejecutados, si como en el caso de Lee no hay clemencia, en Terre Haute.
¿Clemencia vs. la ley y el orden?
Según un informe difundido el día de ayer por diferentes medios, la declaración final de Lee fue, en parte, “No lo hice. He cometido muchos errores en mi vida, pero no soy un asesino (…) Estás matando a un hombre inocente”, dijo a quien le estaba administrando la inyección letal.
Lee, quien fue supremacista blanco (perteneciente a un grupúsculo llamado República Popular Aria) y que en prisión renegó de esas ideas, estaba acusado de haber torturado y asesinado, en 1996, a una familia de tres miembros, incluida una niña de ocho años de edad: William Mueller, un traficante de armas de Tilly, Arkansas, su esposa Nancy y a su hijastra Sarah.
La ejecución fue llevada a cabo luego de posponerse en numerosas ocasiones (desde su condena en 1999) y no obstante las solicitudes de clemencia de la familia de las víctimas. Es más, en junio pasado, la madre de Nancy, Earlene Peterson, declaró que no deseaba ver a Lee ejecutado. “Como partidaria del presidente Trump, rezo para que escuche mi mensaje: la ejecución programada de Danny Lee por el asesinato de mi hija y mi nieta no es lo que quiero y causaría más dolor a mi familia”, dijo a los medios.
Mientras las organizaciones católicas de Estados Unidos, acordes con la actualización hecha por el Papa Francisco en 2018 al párrafo 2267 del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la pena de muerte en la que se afirma, categóricamente, que es “inadmisible porque es un ataque contra la inviolabilidad y la dignidad de la persona”, el presidente Trump escribió en su cuenta de Tuiter, tras conocer la ejecución de Lee: “Ley y orden”.
“El gobierno federal trazó implacablemente su curso para ejecutar a Daniel Lee a pesar de un declive histórico en el apoyo público a la pena de muerte, una clara oposición de la familia de las víctimas, una oposición católica inquebrantable al reinicio de las ejecuciones federales y una pandemia global que ya ha cobrado más de 135,000 vidas estadounidenses”, dijo en un comunicado Krisanne Vaillancourt Murphy, directora ejecutiva de la Red de Movilización Católica.
¿Por qué no cadena perpetua?
El crimen del que se acusó a Lee fue cometido, según la sentencia, junto con el fundador de la secta supremacista, Chevie Kehoe. A éste último le dieron cadena perpetua. Y era lo que estaba pidiendo tanto la defensa de Lee como los familiares de las víctimas. Siempre según la sentencia, Lee y Kehoe habían robado a Mueller dinero, armas, municiones, mismas que pensaban vender para obtener recursos y fundar “una nación solo para blancos”.
Hasta el final de su vida, Lee sostuvo su inocencia. Era originario de Yukon (Oklahoma), y tuvo, como tantos otros miembros de grupúsculos ultras, una juventud desdichada, pasando por internados religiosos, hospitales psiquiátricos y centros de detención juvenil. Anduvo sin rumbo en la “viciosa periferia de grupos de cabezas rapadas” antes de conocer a Kehoe, el otro condenado por el crimen.
Según del Centro de Información sobre la Pena de Muerte, 78 personas fueron sentenciadas a muerte en casos federales entre 1988 y 2018, pero solo tres fueron ejecutados. Y desde hacía 17 años, ninguno. La ejecución de Lee y la que, seguramente, se llevará a cabo el día de hoy (la de Wesley Purkey, acusado de raptar y asesinar a la niña, Jennifer Long, en 1998) dejará a 61 personas en el “Corredor de la muerte” por casos procesados a nivel federal.
Hoy celebramos a...