El escenario es el siguiente: Los indígenas marchan a Quito y rodean la Asamblea Nacional. La Defensoría del Pueblo de Ecuador confirmó el fallecimiento de cinco personas durante las protestas -que se mantienen en ese país desde hace ocho días- en rechazo a las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno. El Ministerio de Gobierno confirma cuatro muertes durante las manifestaciones –otras cifras hablan de siete- ; hay 17 detenidos por participar “en actos vandálicos”, la mayoría de los cuales son venezolanos, según aseguró el vicepresidente de Ecuador Otto Sonnenholzner. Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, indicó que “cada nuevo evento confirma todos los intereses que están detrás del caos en el país. Lo enfrentamos con la fuerza de la ley, la defensa de la democracia y sin subestimar lo que se encuentra en juego”.
Mientras tanto, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) condena la «violencia desmedida de la policía y militares». Calificó de ‘oportunismo’ las declaraciones de Rafael Correa sobre fallecidos, heridos y detenidos pero aclara que “se dispone al diálogo cuando se derogue el Decreto Ejecutivo 883 que eliminó el subsidio a los combustibles, cosa que el gobierno de Lenín Moreno hasta ahora no contempla.
La Oficina de Derechos Humanos de ONU critica el uso de bombas lacrimógenas y EEUU advierte que monitorea “si un actor externo” está mezclado en las protestas.
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Aparentemente, Gobierno y manifestantes dialogan. El Ejecutivo asegura que las primeras reuniones con los sindicalistas y los indígenas empezaban a dar frutos bajo el acompañamiento de Naciones Unidas y la Iglesia Católica. La ONU dice estar dispuesta a ‘apoyar’ los diálogos en Ecuador pues informó “haber recibido una solicitud por parte del Gobierno de Ecuador para facilitar el diálogo con los diferentes sectores de la sociedad civil” y se apresuran a precisar “si las partes involucradas lo aceptan”.
Pero ese “diálogo en directo” que pide el presidente Moreno se desarrolla en medio de tensiones. Hoy sábado, en seis provincias de la Sierra faltan alimentos, agua y combustibles. Los vehículos que transportan alimentos por las carreteras del país han sido bloqueados y, en algunos casos, agredidos por grupos de manifestantes.
Hasta aquí lo usual, lo esperable en estos casos, como una cartilla que se cumple al pie de la letra. No es la primera vez que en América Latina se impone aplicar un paquete de medidas de impacto masivo –como el aumento de la gasolina- que tienden a enmendar errores atávicos en las políticas públicas a fin de recuperar la confianza entre los factores internacionales que proveen las ayudas financieras y fiscalizan el comportamiento de la economía.
En Venezuela ocurrió y se llevó en los cachos a un Presidente y su gobierno, dando comienzo a un trauma que aún hoy, casi tres décadas después, mantiene al país en una crisis de proporciones mucho más “combustibles” que aquél aumento de apenas céntimos. Y tampoco faltaron las manos que mecieron la cuna.
Hoy, Ecuador se enfrenta a un cuadro parecido aunque con características propias que ancla sus raíces en el pasado cultural de esa nación.
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Conflicto histórico
Cuando las condiciones que presenta el sistema económico son desfavorables afectan, por su naturaleza, a los indígenas más que a cualquier otro sector de la sociedad. Por su propia forma de vida, apegada a la tierra y desconfiada de los avances tecnológicos, son más vulnerables. Las enfermedades, los cambios en todos los órdenes de la vida, la propia lucha por la tierra y la vigencia de sus costumbres, los encuentran más desprovistos. La sobrevivencia en condiciones adversas es su prioridad.
Hay países donde el factor indígena, por la conformación de su población y la herencia cultural, pesa más que en otros. En Venezuela y Argentina, por ejemplo, no es así; pero en Ecuador, en Bolivia y en Perú la cuestión es distinta.
Quizá también, por esa misma razón, los enfrentamientos de naturaleza étnica en ambos países son frecuentes y subyacen en el fondo de la problemática. Hoy es el aumento de la gasolina, ayer pudo ser temas relacionados con la tenencia de la tierra, pero en la raíz hay un impelente que impulsa las protestas y las mantiene vivas, sólo pendientes de un elemento que provoque el chispazo: la rebeldía ancestral.
En lo profundo de la motivación, las protestas no sólo son contra un gobierno y sus políticas puntuales, sino que el invisible aguijón es la sublevación de los espíritus. Espíritus que llevan en el ADN la irritación y el desafío por generaciones de lucha contra el sometimiento y la agresión a sus pueblos y a su sistema de vida. Sin comprender esto no se entienden las protestas indígenas.
La Sierra de Quito es la ciudad histórica. Guayaquil, con el río que abre posibilidades de desarrollo y progreso, ha sido el soporte económico y el propulsor industrial. Es el caso, aunque con importantes diferencias, de la relación histórica del Zulia, estado proveedor por excelencia, no sólo petrolero sino agropecuario, que produce la mayor parte de la leche y el queso que se consume –y antes de la debacle sobrevenida en las últimas dos décadas, se exportaba- en Venezuela. Son relaciones tensas entre quienes aportan a la economía del país y quienes constituyen el estamento cuyo liderazgo es más bien político y social, macerado y apuntalado por la historia y la tradición.
Si hay causas que estimulen el malestar social, ello abre espacios para manifestar el descontento, con toda la carga emocional que va oculta y agrega violencia al caldo de cultivo. No es difícil de entender, pero sí de manejar.
Imágenes de las protestas aquí (hacer click en galería):
La “solución de Evo”
Evo Morales, al mando en Bolivia, es un indígena. Viene de esa sangre y esa étnia. Su cultura es indígena y sus tradiciones también. Ha logrado entender a esa parte mayoritaria de la población que le ha dado varias reelecciones para estar al frente de la conducción del país. No han faltado las tensiones derivadas de mandatos tan prolongados, roces que se han incrementado a raíz de sus posturas ante las manifestaciones de protesta por los incendios en la Amazonía que lo han enfrentado a su propia gente. Ante esa contingencia, que involucra su responsabilidad, Evo ha sido más gobernante que indígena.
Pero ha tenido la habilidad de introducir grandes cambios en la Constitución y las leyes bolivianas a fin de empoderar la presencia indígena en las decisiones que afectan la vida del país. Ello mantiene la tranquilidad y la sangre no llega al río, por los momentos.
Un cruce peligroso
Como las aguas que bajan de las montañas se entremezclan y confluyen hacia un delta, así los problemas de América Latina se han agravado por razones que se revuelven y hacen ingnición aunque no siempre tengan que ver, directamente, con asuntos internos de los países.
Para nadie es un secreto que el boom chino -y asiático en general- logró que los países con salida al Pacífico resultaran altamente beneficiados en el comercio y los servicios. Paraguay, por ejemplo, creció 14% en un año pero ese alivio duró sólo dos años. Hoy, Asia desaceleró y, aguas abajo, el asunto se complicó. Ningún crecimiento económico es infinito y las previsiones deben contemplar estas coyunturas.
Son esas “previsiones”, justamente, las que nuestros países latinoamericanos no contemplan con la seriedad debida, las economías no tienen la solidez para enfrentar las “vacas flacas”. Pareciera no haber memoria, en las buenas, para acordarse de los tiempos malos. No hay recursos que se destinen a la Educación y al fortalecimiento del aparato productivo. Todo se resume en un debate ideológico, en la idea desorbitada de los nacionalismos y las soberanías, en el aferrase al poder como sea y en circuitos de corrupción que pronto degeneran en verdaderas mafias a las que poco importa el progreso y la calidad de vida de la gente.
Es en ese punto cuando los gobernantes se encuentran contra la pared. Se junta el cielo con la tierra cuando los pueblos se alzan en demandas justas y la estabilidad, no sólo de los gobiernos de turno sino de la propia institucionalidad, se enfrenta a un riesgo real. Hay quienes, honestamente, se la juegan por poner correctivos con el objetivo de mejorar la resiliencia y la sostenibilidad de la economía; hay quienes sólo apelan a la violencia y la represión. Esta última es la peor carta y así lo demuestra la historia.
La gente quiere “recuperar” su vida
La violencia, como el crimen, no paga. En medio del desbarajuste, cuando las consecuencias se hacen sentir en la cotidianidad, es la propia gente la que solicita un taima para retomar su dinámica propia. El ciudadano quiere “orden” y los latinoamericanos sabemos de qué se trata: puede ser peor el remedio que la enfermedad.
Después de nueve días de protesta, en Quito las pérdidas económicas son patentes. Los negocios reportan trabajar a pérdida desde hace una semana. En Guayaquil, por siete días, las estragos se han hecho sentir y ayer, en el inicio del feriado por la Independencia de la ciudad, las calles céntricas registraron mayor movimiento. La gente comienza a pedir normalidad.
Los hospitales, no obstante, no bajan la guardia y se mantienen en contingencia, prolongando el llamado a donar sangre y vigilando las provisiones que permitan atender debidamente a los pacientes en todas las áreas, especialmente las emergencias.
La alarma internacional por la crisis que ha puesto en jaque al gobierno de Ecuador, sigue activa.
Ecuador estallido imágenes en galería:
La Iglesia, proactiva y certera
En un comunicado el pasado 4 de octubre, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), hizo un llamado al diálogo para superar la crisis social desatada. Los obispos ecuatorianos se expresaron a favor de “la paz social” recordando que “la violencia, manifestada en cualquiera de sus formas, impide una visión objetiva de la realidad y pone en serio peligro la vigencia de los derechos que tanto debemos precautelar”.
Indicaron caminos, identificando causas: “La promoción de la justicia social debe estar en el centro de todas las decisiones estatales y privadas, de tal forma que todo ecuatoriano cuente con las condiciones necesarias para vivir con dignidad. Las compensaciones sociales deben favorecer a los más pobres”. Y pusieron el dedo en la llaga: “la justicia social demanda a los poderes estatales la recuperación de los bienes del pueblo, usurpados mediante sistemas fraudulentos, para invertirlos en educación, salud, seguridad, vivienda, entre otros”.
Igualmente, señalaron responsabilidades: “El diálogo es el camino más adecuado y eficiente para que los ecuatorianos, especialmente los políticos, empresarios y representantes de los gremios y sindicatos, encontremos nuevos caminos que nos conduzcan hacia un país próspero desde una economía justa y solidaria”.
Todos hablan de diálogo en Ecuador. Amanecerá y veremos.
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