El asunto trae cola. El 17 de febrero del 2018, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (AVERU) y la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron el llamado a elecciones presidenciales efectuado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), cuya realización estaba prevista para el próximo 22 de abril.
Es oportuno recordar que Averu, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios fue fundada para Defender la Autonomía Universitaria, la Calidad Educativa y Libertad de Expresión. Y para que dejen de lado estas intenciones, así como ha sido práctica habitual del régimen chantajear a los diarios con la entrega de papel, lo mismo se hace a las universidades con el presupuesto estatal que les corresponde por ley.
En el marco “de los llamados realizados por la Conferencia Episcopal de Venezuela” y considerando el voto como la “vía constitucional para expresar la voluntad de las mayorías” y “la solución a la crisis institucional, política, económica y social” que vive Venezuela, los firmantes señalaron que los comicios previstos no contaban con las garantías necesarias para lograr un “proceso imparcial, transparente, justo, equilibrado y auditable” y advirtieron que su resultado no sería reconocido por los venezolanos ni por la comunidad internacional.
En comunicados anteriores, declararon ilegítima a la Asamblea Nacional Constituyente por “consolidar un estado de facto”, enfrentaron por ilegal la intervención de las universidades y, ya en el 2017, emplazaron a Nicolás Maduro “a restablecer el orden constitucional, el respeto a la vida, a la integridad física, psíquica y moral, la paz, la seguridad ciudadana, así como la implementación de medidas que solucionen la grave crisis humanitaria y económica por la que atraviesa la población venezolana”.
Exhortaban los rectores “suprimir el uso de armas y sustancias tóxicas para reprimir las manifestaciones pacíficas, por constituir una flagrante violación de los derechos humanos”. No está demás recordar que por ser una prerrogativa exclusiva del Estado el uso y el control de las armas y corresponde dentro de sus obligaciones de Gobierno girar las instrucciones a las Fuerzas Armadas Nacionales (Guardia Nacional Bolivariana), cuerpos de seguridad de grupos colectivos civiles armados. Y les competía decirlo pues esas prácticas generaron un saldo lamentable de 75 fallecidos, en su mayoría jóvenes estudiantes universitarios.
Rectores bajo amenaza
Una controvertida gaceta oficial hizo pública la solicitud del Ministerio del Poder Popular de la Educación Universitaria de abrir una investigación penal contra rectores de Averu, por cuestionar al gobierno de facto.
Hace apenas un mes, los rectores confirmaban esa investigación en su contra, ordenada por el gobierno de Nicolás Maduro que luego se publicó en Gaceta Oficial bajo en No. 41.684 del 31 de julio pasado.
En efecto, a través del llamado Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (CNU), se concretó un acuerdo para solicitar al Ministerio Público una investigación penal en contra de los rectores universitarios motivada a “pronunciamientos públicos en los cuales desconocen el gobierno legítimo y constitucional” de Maduro, “así como el hecho de profesar y realizar acciones abiertamente hostiles y de conspiración destinadas a desestabilizar el Orden Constitucional y los Poderes legalmente Constituidos”. A partir del 30 de mayo pasado, este acuerdo está en vigencia.
Asalto a la universidad
Un valiente escrito del sacerdote jesuita Luis Ugalde ha dejado al descubierto la trama que se desarrolla contra la universidad. Rector por 20 años de la prestigiosa Universidad Católica Andrés Bello –UCAB- conoce a la perfección la trayectoria y realizaciones de la Educación Superior en Venezuela.
En un escrito que tituló “Asalto a la universidad” expone los datos de la Historia y encara el intento del régimen calificándolo como “terco empeño del dictador en borrar la trágica realidad nacional con mentiras, invento de guerras e invasiones, atentados, drones asesinos, milagros económicos, próximas cosechas ubérrimas y supuestos entusiasmos revolucionarios de gente acarreada”. Y pregunta: “¿No hay sensatez ni capacidad para reconocer la muy dolorosa verdad y abrir puertas para rehacer el país? Aunque no puedan encabezar la reconstrucción democrática, al menos permitirla y no dejar la cárcel cerrada botando la llave”.
La brillante y aguda pluma del padre Ugalde desmonta una a una las acusaciones del régimen que supuestamente fundamentan la orden a Fiscalía contra los rectores. Recuerda que no es la primera vez en nuestra República que los dictadores quieren asaltar la Universidad arrancando de raíz su autonomía, es decir el derecho y el deber de desarrollar el libre pensamiento y la responsabilidad intelectual en una universidad clave para el desarrollo democrático del país.
Su denuncia desnuda intenciones y deja al descubierto debilidades: “Los últimos golpes desesperados han utilizado a la Sala Constitucional del TSJ para decretar unas ilegítimas elecciones en las universidades autónomas (Sentencia del 27-8-19 en plenas vacaciones del poder judicial). Refuerzan el ridículo – no sabemos si por error o por rabia- incluyendo en la sentencia a la UCAB, con otro modo legítimo y aprobado de elegir y de nombrar autoridades”.
La universidad en democracia
Es tangible lo que recuerda: se formaron universitarios en centenares de miles de familias que salían de la Venezuela rural y analfabeta para responder a la rápida urbanización e “industrialización sustitutiva” que demandaba millones de profesionales. “La autonomía se respetó –continúa- incluso en los años sesenta cuando varias universidades eran el epicentro de la lucha armada; muchos de los que querían imponer el modelo cubano fueron autoridades y gozaron de generosas becas en el extranjero pagadas por los gobiernos que ellos querían derrocar. Con tensiones y problemas… pero la autonomía no pereció”.
El problema del régimen actual es haberse convencido, derrota tras derrota en elecciones universitarias, de que electoralmente no podrían ganarlas de manera libre y autónoma, por lo que intentaron rendirlas por hambre y por imposición de autoridades.
“Los presupuestos –precisa Ugalde- en términos reales fueron reduciéndose en reparto con las improvisadas y numéricamente infladas universidades bolivarianas y militares, semilleros de “revolucionarios” clientelares. El asedio a las universidades autónomas fue apretando con un empobrecimiento presupuestario alarmante. Hasta que hace un año – más por incapacidad que por intención programada- les estalló la hiperinflación quitando todo estímulo al trabajo y a la producción nacional y vaciando la universidad de profesores, investigadores, empleados, estudiantes, trabajadores”.
Y es que nadie, y menos en hiperinflación, puede vivir con 2, 10 o 20 dólares al mes. El resultado es que los jóvenes no ven futuro en el país para sus estudios. A pesar del asedio no pudieron tomarla, ni rendirla por hambre. “Ahora –enfatiza el sacerdote educador- con esta decisión esperpéntica y anticonstitucional, anuncian el asalto final, pero lo que queda de universidad resistirá sabiendo que el futuro de la universidad libre y autónoma (como deben ser todas) necesita la liberación del régimen usurpador para que el país y la universidad vuelvan a ser viables. Es imprescindible la salida del dictador y el cambio de régimen”, concluye.
El vaticinio se está cumpliendo: el acuerdo de julio permanece vigente pero el régimen sabe que esa sentencia no va a ser acatada por las universidades y en ella anuncian la verdadera intención: en ese caso el Poder Ejecutivo “designará a las autoridades que les parezca, sin participación alguna de la comunidad universitaria”. Total fraude para tomar por asalto las universidades autónomas, luego de haberlas vaciado con un presupuesto que no llega al 10 % de las necesidades. “Pero no van a poder”, asegura Ugalde.
Lo que sigue es movilización de los estudiantes universitarios que reanudarán sus agendas de protesta en las próximas semanas.
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