Por unanimidad el Senado de la Nación aprobó en la Argentina la prórroga de la Emergencia Alimentaria en el país. Extraño resultado en plena campaña, con parlamentarios de acuerdo independientemente de su opción partidaria. La ley prorroga hasta 2022 una emergencia alimentaria declarada en 2016, que debía finalizar a fin de año.
Que en la Argentina existe una crisis alimentaria que afecta a una importante parte de la población, pese a que al país exporta alimentos para al menos 400 millones de personas, no es novedad ni fruto de la crisis social de estos meses ni de este gobierno, ni el anterior.
“No es posible morirse de hambre en la patria bendita del pan”, canta el himno del Congreso Eucarístico de 2004. Sí es cierto, como reflejan las estadísticas del informe de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, desde el año 2010 que no se registra niveles de inseguridad alimentaria del 35,8% en el conurbano bonaerense como en el último período medido. El nivel de falta de comida severo estaría en el 17,4% de los casos. Según ese Observatorio, el 34,4% a nivel nacional recibe algún tipo de apoyo de alimentos gratuito.
La Ley de Emergencia Alimentaria supone, entre otras medidas, un importante incremento en las partidas para políticas de alimentación y nutrición, y posibilidad de adecuación presupuestaria periódica, sin mayores burocracias, de las partidas destinadas a los programas públicos de apoyo a la alimentación. En un contexto inflacionario como el que vive la Argentina, se trata de un ajuste necesario, por ejemplo, en lo que es el aprovisionamiento de comedores y entidades que asisten sobre todo en los sectores más vulnerables de la población.
Una prerrogativa similar de hecho rige en el país desde el año 2002, motivo por el cual muchos consideraban innecesaria esta nueva declaración parlamentaria, aunque vuelve a poner sobre el tapete una realidad que no se puede ocultar y merece toda la atención. No es nuevo: Argentina, otrora granero del mundo, necesita asistir desde el Estado o depender de la solidaridad de los argentinos para que todos los argentinos puedan comer, y en situaciones de crisis, a veces ni alcanza.
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La situación es grave no tan solo por el crecimiento en la cantidad de ciudadanos que asisten a los comedores, sino también por las necesidades que tienen para mantenerse abiertos, especialmente aquellos que no cuentan con una ayuda directa o estable del Estado, y dependen en general de donantes y voluntarios que también sufren las consecuencias de la crisis económica.
“Si bien el Estado Nacional está asistiendo con mayor ayuda alimentaria, no sería suficiente para paliar las deficiencias de este tiempo, por ello solicitamos se dispongan las medidas necesarias para declarar la emergencia alimentaria y nutricional en todo nuestro país de modo que se puedan cumplir sin demoras metas como las propuestas”, había expresado la Comisión Episcopal de Pastoral Social hace poco más de 20 días, una de las primeras entidades en pedir la discusión que concluyó con esta ley.
Otra medida gubernamental que debiera ayudar a las familias argentinas es la eliminación del Impuesto al Valor Agregado, IVA, a los alimentos básicos, lo que debiera suponer un descenso de al menos el 21% en el valor, por ejemplo, en la leche o los aceites. No obstante, el impacto inflacionario licua el aumento.
Que la Iglesia pida por los pobres no es ninguna novedad; baste que con buscar en archivos de todos los años pronunciamientos parecidos. Su reclamo estos meses no responde a una falta de afinidad con el actual gobierno, como así tampoco lo hacía durante gobiernos anteriores. Sino a la constatación real de lo observado en la acción social que lleva adelante en todo el país.
Un venezolano podría sentir que hablar de emergencia alimentaria en la Argentina no sería el término apropiado, considerando lo que vive en su país. Pero para los argentinos, independientemente de su afinidad partidaria, el poder adecuar durante la crisis la asistencia alimentaria y nutricional a quienes más lo necesitan sin burocracia estatal es una garantía. Resta lo más importante, el poder definitivamente avanzar hacia una Argentina que no necesite leyes como éstas durante las crisis, esa Argentina en la que el plato de comida esté en cada casa fruto del trabajo.
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