El ataque a bala y granadas y la incineración de un vehículo conmovió a los colombianos por su salvajismo ya que en su interior viajaban seis personas indefensas: dos mujeres y cuatro líderes sociales de Suárez, municipio del Cauca, en el occidente de Colombia.
Según la Policía, el blanco del atentado era la abogada Karina García Sierra, aspirante del Partido Liberal a la alcaldía de su municipio a las elecciones regionales que se efectuarán en toda Colombia el próximo 27 de octubre, en las que serán escogidos los mandatarios y legisladores de cerca de 1.110 pueblos, 32 departamentos (estados o provincias) y el Distrito Capital.
La señora García Sierra, reconocida por su activismo social en la región, había advertido de manera pública sobre las amenazas en su contra y las presiones contra su campaña, entre ellas, la destrucción de publicidad electoral y las advertencias para que no visitara determinados lugares. En videos publicados en redes sociales, la candidata había pedido a otros dirigentes políticos que no la estigmatizaran ni le atribuyeran propuestas que no había hecho durante su campaña, entre ellas que apoyaría la presencia de paramilitares y multinacionales y promovería el despojo de tierras en su municipio.
“Por Dios, no sean irresponsables. Esto puede traer consecuencias para mí fatales. Respeten hoy a esta mujer que se presenta como una opción de cambio”, había advertido Karina unas semanas antes de la masacre.
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En otro video, pidió prudencia a sus contrincantes por divulgar informaciones falsas sobre sus propuestas: “Antes de acudir a esos hechos por ver impedidos sus intereses personales, yo les pido que piensen que aquí, detrás de una candidata, hay una mujer, una madre, una esposa, una hija, una hermana, una amiga que puede salir afectada por este tipo de hechos”.
En las últimas horas las autoridades revelaron que si bien la candidata tenía un esquema de seguridad estatal para protegerla de eventuales ataques, su protección no fue suficiente para evitar el crimen. Pablo Elías González, director de la Unidad Nacional de Protección —organismo oficial encargado de la seguidad de personalidades—, dijo a la cadena radial RCN que los asesinos no tuvieron ninguna consideración con sus víctimas a quienes atacaron, estando dentro del vehículo, con fusiles de largo alcance y granadas de fragmentación. El funcionario manifestó que el ataque fue tan desproporcionado y violento que “para rechazarlo hubiera sido necesario un tanque de guerra”.
Los cuerpos de las víctimas, entre las cuales estaba Blanca Otilia Sierra, madre de la candidata, quedaron calcinados y su identificación ha sido muy difícil para los especialistas de Instituto de Medecinia Legal. Las otras víctimas eran personas reconocidas en su pueblo, entre ellas, Aidé Trochez, representante de víctimas del conflicto armado; Héctor González, presidente de una junta comunal; Lavedis Ramos, activista de la campaña y Yeison Obando, joven de 22 años que aspiraba al Concejo Municipal. El único sobreviviente fue un escolta que huyó en medio de las balas y las granadas y llegó hasta el pueblo para informar a las autoridades sobre el atentado.
También el La Plata, Huila, en el suroccidente de Colombia, la sede del Partido Centro Democrático (en el gobierno), fue objeto de saboteos por parte de desconocidos que en horas de la noche pintaron sus puertas y paredes con consignas ofensivas.
La Misión de Observación Electoral —MOE— organismo no gubernamental que trabaja por la transparencia electoral, informó que entre julio de 2018 y principios de septiembre de 2019 se han documentado 24 hechos de violencia política. MOE señaló que ha habido en ese lapso cinco asesinatos, un atentado, un seuestro y 17 amenazas de muerte en difernetes regiones colombianas.
Alejandra Barrios, directora de la entidad dijo al diario El Espectador que “cada día y medio está ocurriendo un hecho de violencia en algún lugar del país”. Por esta razón urgió al Gobierno, a los candidatos, los partidos y los organismos de seguridad para que se pongan en marcha “mecanismos y alertas tempranas que permitan proteger a los candidatos”. También pidió “una política dirigida a la prevención de la violencia política y, especialmente, contra las mujeres que están en campaña electoral”.
Hasta el momento ningún grupo delictivo se ha atribuido el múltiple crimen —como a veces estilan guerrilleros y paramilitares— pero el Gobierno Nacional no descarta que los autores sean integrantes de una disidencia de las FARC conocida como columna móvil ‘Jaime Martínez’ a quien los organismos de seguridad también le atribuyen los recientes asesinatos de líderes indígenas del departamento del Cauca.
El municipio de Suárez está en una zona de influencia entre los deparamentos del Cauca y el Valle, un territorio que los organismos de inteligencia han considerado como “corredor estratégico” de grupos de narcotraficantes, entre los cuales están los disidentes del ‘Jaime Martínez’. Recientes informes oficiales indican que en la región hay grandes cultivos de coca y laboratorios para el procesamiento de cocaína que luego de ser sacada de la región es enviada a puertos clandestinos en el Pacífico desde los cuales se exporta hacia México, Estados Unidos y Europa. Incluso, en el Cauca se dice que además de este grupo, guerrilleros del ELN y otras organizaciones de narcotraficantes, también actúan cárteles de la droga llegados de México.
Aumenta la tensión
La preocupación entre las autoridades y la ciudadanía sigue creciendo. En las últimas horas se conocieron nuevas acciones delictivas contra otros aspirantes a alcaldías, entre ellos, el atentado a una candidata en la convulsionada región del Catatumbo. La Defensoría del Pueblo —entidad estatal— confirmó que se trata de la candidata a la alcaldía de San Calixto, Norte de Santander, Betsaida Montejo Pérez, cuya residencia fue atacada con explosivos. La Policía informó que en el momento del ataque la dirigente política no estaba en el lugar.
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