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Se marcha la vigilancia de la ONU de Guatemala: ¿triunfó la impunidad?

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Johan ORDONEZ / AFP

Jaime Septién - publicado el 23/08/19

Ahora corresponderá al sucesor de Morales, Alejandro Giammattei, recomponer el descrédito internacional y local en el que cayó su país

Para los gobiernos corruptos de América Latina la misión que durante doce años cumplió la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, mejor conocida como la Cicig, representó una amenaza latente.

Había un país de entre todos que estaba limpiando sus instituciones, ordenando –con todos sus asegunes– la política interna y combatiendo la corrupción asociada a la impunidad o la impunidad asociada a la corrupción.

Y no lo estaba haciendo con medios propios, ni siquiera con organismos “autónomos”, sino mediante una Comisión auspiciada, avalada, sostenida por la ONU y plantada ahí con un comisionado (Iván Vázquez) que nada tenía que ver con las familias guatemaltecas, sino que venía de Colombia.

Era demasiado “entregar soberanía”. Pero allá y los guatemaltecos… Hasta que llegó el aún presidente Jimmy Morales. Y los echó del país de malos modos.

La corrupción es intocable

El “pecado” de Vázquez y de la Cicig fue investigar las posibles estafas y simulaciones de un hijo y un hermano del presidente Morales; algo muy parecido a lo que ahora se enjuicia en México bajo el nombre (los mexicanos siempre “bautizan” a la corrupción) de “la estafa maestra”.

Un esquema que diluye o enmascara –a través de un complejo entramado financiero y de elusión fiscal– dinero público a través de partidas presupuestales que presuntamente se emitieron para apoyar programas sociales, y van a dar a “empresas fantasma” mediante facturas falsas. Y de ahí, a los bolsillos de los políticos, o a financiar sus campañas.

Ahora corresponderá al sucesor de Morales, Alejandro Giammattei, recomponer el descrédito internacional y local en el que cayó su país.

En el ámbito internacional por que Morales se saltó los acuerdos firmados por su gobierno con organismos como la ONU y en el ámbito nacional, porque Morales desoyó al Tribunal Constitucional quien le ordenó que no expulsara del país a la Cicig.

Cuando las puertas se cierran

No solo no acató estos acuerdos y las decisiones del Constitucional, sino que declaró a Vázquez persona “non grata” y a todo el personal de la Cicig lo conminó a abandonar el país centroamericano en un plazo no mayor a 24 horas.

El resultado lógico de esa andanada y acoso, motivó que el pasado miércoles 21 de agosto las luces se apagaran y las puertas de la Cicig se cerraran, quizá, para siempre.

Por lo demás, José Manuel Morales Marroquín y Samuel Morales Cabrera, hijo y hermano del presidente saliente fueron absueltos en la misma semana en que se va la Cicig de territorio guatemalteco.

Y, también, tras las elecciones generales que dieron por resultado el triunfo de Giammattei, ex director del Sistema Penitenciario de Guatemala y candidato presidencial en las elecciones de 2007, 2011, 2015 y ésta de 2019.

Tiempos difíciles

Para los encargados de impartir la justicia en Guatemala, el tema del combate a la corrupción de los organismos de gobierno será más difícil sin el paraguas institucional y el prestigio internacional que había conformado la Cicig en los doce años de trabajo.

El país centroamericano vuelve, dicen los expertos de política interna, a su anterior vulnerabilidad. Y con ello, el resurgimiento de las mafias políticas con el consiguiente aumento de la injusticia social y de la violencia.

El Estado de Derecho vuelve a convertirse, como en el vecino país del norte, México, en lo que el ensayista mexicano Gabriel Zaid ha nombrado, con precisión y agudeza (propia de gran cantidad de países latinoamericanos) “Estado de Chueco”.

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