Las nuevas reglas migratorias impuestas por el gobierno de Estados Unidos, en especial la regla “Remain in Mexico” (“Permanecer en México”) han empeorado aún más, si eso es posible, la situación de miles de inmigrantes centroamericanos que han sido devueltos a México para esperar la sentencia del juez migratorio sobre su solicitud de refugio o asilo en Estados Unidos.
¿Qué es “Remain in Mexico”?
El 16 de julio de 2019, el Departamento de Seguridad Nacional y el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitieron una nueva norma provisional sobre aquellos que buscan asilo o refugio en esa nación. La norma prohíbe a los migrantes que llegan a la frontera con México solicitar asilo si ya han pasado por un “tercer país”, es decir, por otro país donde potencialmente pudieron buscar asilo.
Según este programa que busca detener el asilo y la entrada de inmigrantes a Estados Unidos, grupos de migrantes que lleguen a puertos fronterizos, al igual que los que crucen sin inspección, serán seleccionados para el programa de Protocolos de Protección para Migrantes (MPP por sus siglas en Inglés), también conocido como “Permanecer en México”, bajo la discreción del Departamento de Seguridad Nacional.
Si los migrantes llegan a la frontera sin solicitar primero asilo en un tercer país, no serán rechazados de inmediato. Sin embargo, si los solicitantes de asilo fallan en su entrevista de “miedo creíble” (una entrevista inicial para evaluar su miedo a regresar a casa) serán deportados.
Los migrantes que no cumplan con su entrevista de miedo creíble pueden presentar una apelación o solicitar “retención de deportación” o protección bajo la Convención contra la Tortura. Ambos métodos de alivio son muy difíciles de ganar por los migrantes.
Los migrantes de Honduras y El Salvador primero deben solicitar asilo en Guatemala o México antes de poder hacerlo en los Estados Unidos. Los migrantes guatemaltecos primero deben solicitar asilo en México antes de poder hacerlo en los Estados Unidos.
¿Por qué esta regla es incorrecta?
Según el Hope Border Institute (HBI), “la regla cierra la puerta a las personas que persiguen su derecho legal de solicitar asilo en los Estados Unidos en la frontera sur. Los solicitantes de asilo se verían obligados a permanecer en dos países (México y Guatemala) que no tienen los recursos para cuidarlos y donde enfrentan pobreza, extorsión, secuestro, violación y violencia”.
Las instituciones de asilo mexicanas y guatemaltecas no tienen la capacidad de procesar un mayor número de solicitantes de asilo. Además, gran cantidad de solicitantes de asilo provienen de Guatemala, un país emisor primario que está lidiando con el cambio climático, las instituciones políticas débiles, la pobreza y la violencia generalizada. “No es realista esperar que sea una opción segura para salvadoreños y hondureños”, apunta el HBI.
Finalmente, y no menos importante, los solicitantes de asilo centroamericanos a menudo huyen de pandillas que tienen una amplia presencia en Centroamérica y México. Ser forzado a quedarse en México o Guatemala no garantizaría la seguridad de los hondureños, salvadoreños o guatemaltecos frente a estas pandillas porque tienen conexiones en toda la región.
¿Qué está haciendo México?
El gobierno mexicano ya no quiere que se queden en la frontera norte los que solicitan asilo a Estados Unidos, y que este país devuelve a México. Ahora, bajo el pacto migratorio que ha forzado Donald Trump, los lleva a la frontera con Guatemala para que esperen la respuesta de los jueces de migración de Estados Unidos… a 2.200 kilómetros al sur, que es la distancia que hay entre las ciudades fronterizas como Matamoros y Nuevo Laredo a los límites de Chiapas con Guatemala.
La cancillería mexicana ha justificado ese traslado por razones de seguridad, por los altos índices de violencia que existen en la frontera noroeste de México y, desde luego, por la presencia del crimen organizado, los carteles de la droga… y las maras que operan en esa zona y que están dispuestas a todo para “vengar” a los que huyeron de su imperio del terror en Centroamérica.
“Esta oferta de transportación tiene como objeto ofrecer una alternativa más segura para aquellas personas que no desean permanecer en la frontera de México con Estados Unidos, así como desahogar la presión que sufren los albergues ubicados en las localidades de frontera”, según la versión oficial de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Aducen que en Tapachula, en la frontera con Guatemala, puede esperar las familias, los niños, los ancianos que un juez estadounidense resuelva su caso, porque ahí “hay mejores instalaciones y albergues”.
Pero la realidad es muy diferente. La Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, “pudo comprobar que las personas que fueron trasladadas estaban confundidas y algunas no tenían claro que habían llegado a la frontera”, según ha dicho Silvia Garduño, oficial de Información Pública de la institución al portal mexicano Animal Político.
Si quieren pelear su caso en Estados Unidos, tendrán que desandar 2.200 kilómetros, “con sus propios recursos”. En otras palabras, se trata de una expulsión simulada.
La injusticia en su máxima expresión.
Hoy celebramos a...