Cinco años y nueve meses de prisión por acudir a protesta que pedían mejoras salariales
El régimen de Maduro, tal y como lo hizo Hugo Chávez, han adoptado como práctica castigar a venezolanos cuyo modelaje, limpio y valiente, representa un emblema para la sociedad. Ha detenido profesionales de todas las áreas, jueces, académicos, comerciantes y empresarios y amenazado a obispos, sacerdotes y defensores de derechos humanos.
Bien asesorados por Cuba, ejercen presión sobre la población a través del terror. Cada desgracia que ocurra a los detenidos y/o torturados debe disuadir a quienes los siguen de abstenerse a observar una conducta similar. Los soviéticos entrenaron a los cubanos en estas prácticas pavlovianas que hoy han heredado al socialismo del siglo XXI.
Los diarios locales titularon al conocerse la noticia: “Los venezolanos exigen la liberación de Rubén González, sindicalista condenado por la justicia militar tras reclamar mejoras salariales”. La pena es de escarmiento: fue condenado este martes a cinco años y nueve meses de prisión por participar en protestas para exigir reivindicaciones laborales en noviembre de 2018 en Anaco, estado Anzoátegui.
El estado, el séptimo más poblado de Venezuela, se encuentra en el nororiente del país. Es rico en arenas silíceas, caliza, carbón, aceite, petróleo y gas natural. La industria petrolero venezolana, en especial la gasífera y minera, tiene uno de sus centros laborales más importantes en Anzoátegui.
Rúben González en un líder sindical que desempeña la responsabilidad de conducir a una de las centrales sindicales emblemáticas del país. Es secretario general de Sintraferrominera, la cual aglutina a un poderoso contingente de obreros del hierro y la minería. Fue detenido el 30 de noviembre de 2018, en el contexto de protestas y reclamos por el respeto a los contratos colectivos y tablas salariales que el gobierno viola o desconoce a su antojo.
Es conocido por su coraje y honradez. Lo apresaron en una alcabala en Anaco, estado Anzoátegui. Regresaba de una marcha de trabajadores en Caracas, en la que exigieron a Nicolás Maduro el respeto a las convenciones colectivas y las tablas salariales, violadas a partir del 20 de agosto cuando se les impuso a las empresas básicas el tabulador de la administración pública. Esta medida desmejoró sus beneficios laborales en más de 70 %, según denunció entonces la dirigencia sindical en Guayana.
La detención del ferrominero fue justificada bajo un expediente que data de agosto del año pasado, con el cual se le acusa de “agresión a funcionarios militares”. Este martes se efectuó la cuarta audiencia de juicio contra el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera. Pese a que González está bajo custodia de la Guardia Nacional Bolivariana, funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) acordonaron el recinto e impidieron a familiares ingresar al lugar.
De los tres delitos imputados por la Fiscalía Militar: ataque al centinela, ultraje al centinela y ultraje a la Fuerza Armada Nacional, el tribunal mantuvo los dos últimos delitos. La defensa reiteró en varias oportunidades que las acusaciones fueron desmontadas, ya que no hubo elementos que demostraran su culpabilidad.
La condena, de 5 años y 9 meses de prisión debe cumplirla en una de las cárceles más difíciles del país: La Pica, en el estado Monagas.
Además de González, el año pasado fueron detenidos otros 14 trabajadores de empresas básicas, en el contexto de estas manifestaciones. El resto fue excarcelado con medidas cautelares. A González no solo se le ratificó la privativa de libertad, sino que fue juzgado por un tribunal militar. Pero Rubén González, el carismático y veterano líder de los obreros mineros, es el más temido por el régimen.
El sindicato denunció que todo responde a una estrategia por sacar del juego a González y eliminar a Sintraferrominera, para dar paso a un sindicato paralelo que presuntamente discutía un nuevo contrato colectivo a espaldas de los trabajadores. Los organismos paralelos han constituido una táctica de la cual el régimen ha echado mano desde sus comienzos para eliminar los liderazgos naturales en los distintos sectores. Un ejemplo evidente es la creación de la Asamblea Nacional Constituyente para arrebatar las funciones al Parlamento legitimo votado por el pueblo en 2015. Hasta intentaron armar una Iglesia paralela a la Católica, lo cual les ha resultado fallido.
Esta es la segunda condena que enfrenta Rubén González. En 2009 fue apresado por liderar una protesta en Ferrominera. En 2011 lo condenaron a 7 años, 6 meses y 2 días de prisión. Dos días después, la sentencia fue anulada por el Tribunal Supremo de Justicia. Esta vez, la condena es firme. El sindicato informó que apelarán el veredicto y ejercerán acciones en rechazo a esta sentencia.
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