En tiempos en que las redes sociales acrecientan el deseo de conocer cómo serán en el futuro los rostros de las personas jóvenes y de mediana edad de esta época, tal como lo permite la aplicación FaceApp, en Venezuela, la realidad de los “verdaderos viejitos” supera con creces, la ficción de los arrugados pero sonrientes semblantes de quienes buscan el futuro en el mundo virtual. Basta recorrer Caracas y otras ciudades para comprobar a los verdaderos ancianos con gestos de tristeza, enfermedades y abandono.
Nada que ver con el mundo digital que muchas veces genera falsas ilusiones. La realidad es esta: a pesar de que de Nicolás Maduro ha decretado varios aumentos en el salario mínimo, igualando las pensiones y jubilaciones de los hombres y mujeres de la tercera edad con los trabajadores activos, su poder adquisitivo ha disminuido, tanto, “que ya no se lo puede considerar como un salario de subsistencia”, reconoce la Alta Comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
“El gobierno nos mata de mengua”
“Sencillamente no alcanza para nada, y se convierte en una declaración de muerte lenta, en una eutanasia progresiva y pasiva a los pensionados que reciben el monto correspondiente al salario mínimo”, consideró Edgar Silva, un incansable luchador por los derechos de los ancianos en Venezuela. “Las pensiones no sirven para absolutamente nada, sino comprar dos o tres productos. Si compras las medicinas que cuestan más de 40.000 bolívares, no puedes comprar los productos alimenticios”.
Es una “declaración de muerte lenta para los ancianos”, reiteró el luchador social, con quien coincidió la profesora jubilada Amelia Zambrano, de 74 años de edad, al salir de una misa a la que concurrió junto a otros ancianos. “Nuestra realidad no es virtual; es verdadera. No es un juego de computadoras lo que vivimos los ancianos en Venezuela”.
“La comida y los medicamentos; y hasta los productos de aseo personal son inalcanzables para los adultos mayores”. “Por más que la Iglesia y algunas organizaciones no gubernamentales intentan aplacar el hambre con ollas solidarias, farmacias parroquiales, y operativos sanitarios, eso no es suficiente”, dijo Amelia.
Expresó que a pesar de estar jubilada y pensionada lo que recibe “se va en poca comida y medicamentos”. “La verdadera respuesta debe estar en el Estado y en las acciones del gobierno”, explicaba como si una cátedra de formación estuviera impartiendo.
La reserva moral de los pueblos
En Caracas, los ancianos asisten con frecuencia a las convocatorias de las organizaciones que los agrupan. Primero participan en las misas y luego se concentran frente a la sede del Ministerio Público y de otras instituciones del Estado. “El gobierno mata de mengua al adulto mayor”; “Los jubilados y pensionados también comemos”; “Nos matan con pensiones miserables”, repiten en su consignas.
Emilio Lozada, presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados de Venezuela, recordó que el 29 de mayo pasado, justo el Día Nacional del Adulto Mayor, entregaron al Ministerio Público un documento denominado: “La Reserva Moral le habla al país”, en el que denunciaron los atropellos y violaciones a los derechos humanos que sufren los adultos mayores por parte del régimen que gobierna el país bolivariano.
“Estamos padeciendo las inclemencias impuestas por este régimen dictatorial, como son: el hambre, la mala alimentación, la carencia de medicina, la mala atención médica; transporte y servicios públicos destruidos. Estamos soportando una diaria e inimaginable situación, que no nos permite vivir una vejez digna y con júbilo, cual era nuestro sueño; razón por la cual insistimos que, por la Patria que construimos con nuestra juventud hoy, mañana y siempre, estamos dispuestos a enfrentar -desde la calle- esta política genocida”, reza el documento conocido por Aleteia.
Explica que los adultos mayores están dentro del 94 por ciento de la población venezolana que no cuenta con los ingresos mínimos necesarios para cancelar los precios de la canasta alimentaria. Están dentro de los 18,7 millones de personas con condiciones de salud de mayor prevalencia, incidencia y mortalidad sin garantías de acceso, diagnóstico, tratamiento médico de ninguna especialidad, con un alto riesgo de fallecer en un hospital público por las condiciones de atención precarias.
“Esto es una demostración de la flagrante violación de los derechos humanos en la que están sometidos unos 4 millones 560 mil ciudadanos en condición de pensionados”, dijo Lozada paraAleteia, que los acompañó en esta ocasión.
El pueblo debe escuchar a sus abuelos
El padre Gerardo Salas, subsecretario de episcopado los acompañó ese día y resaltó las virtudes de los abuelos. Aprovechó de mencionar las consideraciones que hace el Papa Francisco con este grupo humano, a quien califica como uno de los “tesoros” de la familia por su vasta sabiduría de lo que es el transitar de la vida.
“Un pueblo que no escucha a sus ancianos, es un pueblo que muere, ya que ellos tienen la experiencia de cómo salir adelante ante las dificultades que se nos presentan en nuestra existencia”, dijo el padre Salas en su mensaje. “Desde esta casa de Dios, sientan el apoyo de la Iglesia Católica para que sigan sembrando la esperanza a nuestro país en estos tiempos difíciles en el cual atravesamos”, concluyó.
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