El gobierno de Chile confirmó este fin de semana que una venezolana perdió su embarazo, mientras tramitaba la visa para ingresar al país desde la ciudad peruana de Tacna. La agónica espera de dos semanas para ser atendida y el alto nivel de presión y estrés acabaron con la vida en gestación.
Mientras más de mil venezolanos continúan en las calles sobreviviendo en condiciones infrahumanas en carpas y refugios, Aleteia pudo constatar que el consulado chileno de Tacna procesa menos de 50 visas al día. De mantenerse el ritmo, atender el actual número de migrantes tomará un mínimo de tres semanas.
El director del chileno Servicio Jesuita a Migrantes, José Tomás Vicuña, lamentó el caso de la venezolana Dileymi del Valle Bracho Mogollón, quien perdió a su hijo de tres meses gestación estando en las afuera del consulado de Chile en Tacna, Perú, donde cientos de venezolanos esperan para obtener la visa que les permita el ingreso al país.
La embarazada llevaba al menos diez días esperando para concluir el trámite, por lo que finalmente le dieron fecha de atención para el martes 16 de julio, pero pudo más el nivel de estrés y presión, que le indujo un aborto.
Desmayos y Accidente Cerebro Vascular (ACV)
De acuerdo con los testimonios de testigos, una ambulancia trasladó a la embarazada hasta el hospital, donde según medios locales permanece en recuperación tras perder el embarazo.
El caso no es único, aunque sí el más mediático. La prensa reseña que al menos dos mujeres más se han desmayado en la calle, al tiempo que un migrante sufrió un accidente cerebro vascular (ACV).
“Luego de más de 10 días de espera, Dileymi fue entrevistada ayer en el Consulado. Fue rechazada su solicitud porque su pasaporte era de 2012. Tenía casi 3 meses de embarazo. Comenzó a sentirse mal luego de la entrevista. Perdió a su bebé y sigue hospitalizada. Nada más qué decir”, escribió sobre el caso el sacerdote jesuita Vicuña.
A través de un comunicado difundido el sábado, un escueto escrito señala que “el Consulado de Chile en Tacna lamenta fallecimiento de niño en gestación de madre venezolana en esa ciudad y reafirma su compromiso para atender solicitudes de visas con la mayor celeridad posible”.
Atención demasiado lenta
Las cifras publicadas por la sede diplomática confirman la lentitud de los procesos que no cubren el volumen de la demanda. Entre el 22 de junio y el 12 de julio se entregaron en Tacna “530 visas de turismo, 468 visas de responsabilidad democrática y 91 visas temporarias”, para un total de 1.089; es decir, unos 50 documentos por día.
En el año 2018, el presidente Sebastián Piñera estableció la “visa de responsabilidad democrática” para los venezolanos, quienes huyen en masa de la crisis de su país. Mientras que a mediados de junio se estableció la visa de turista.
Diputados de Chile reaccionaron ante el caso de la venezolana de 37 años de edad, quien estaba esperando por su visa para ingresar al país, mientras que la Cancillería justificó que su consulado en Perú está impedido de brindar asistencia médica a extranjeros.
“No es posible para el país brindar asistencia médica a ciudadanos de otra nacionalidad ubicados en un territorio extranjero”, señaló la legación diplomática en esa ciudad peruana, de acuerdo con la agencia de noticias EFE.
Reacción y condena
Una de las reacciones más enérgicas fue la del abogado, investigador y político chileno José Miguel Insulza, quien calificó como “indignante la muerte de un niño en gestación de madre venezolana en Tacna”.
El ex secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo que advirtió desde el primer día “la necesidad de actuar con celeridad para evitar una tragedia”. Reiteró además que lo que sucede en la frontera entre Chile y Perú es ya “una crisis humanitaria”.
Ex agente de Chile ante la Corte de La Haya, Insulza propuso aprobar “un acuerdo nacional” que permita hacer frente a la crisis y alzanzar “una migración ordenada y humana”, por lo cual instó a que se apruebe “a la brevedad, la nueva ley en el Senado”.
Por su parte, la presidenta de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados, Joanna Pérez denunció que “no hubo apoyo”, por lo que reiteró su llamado al Gobierno de Sebastián Piñera “a que tenga un poco de humanidad y que piense en esta crisis humanitaria”.
“Es realmente lamentable lo que ha ocurrido; se lo dijimos al cónsul, no hubo apoyo (…) Las personas que están allí no son números, esperan que Chile al menos les tienda la mano y que aplique la ley de refugiados y que vea la visa de reunificación familiar”, dijo.
Queman fichas que enviarían a la ONU
En la víspera, el senador Alejandro Navarro dijo que tras haber visitado el consulado en Tacna por la “grave situación de venezolanos en frontera”, llenaron “560 fichas en 4 días” para ser enviadas a la Alta Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.
Sin embargo, más tarde sugería por medio de un trino que la documentación había sido incendiada. “El bus que transportaba las fichas ‘se incendió’. Lo bueno: no hay vidas o lesiones qué lamentar. No quiero pensar mal…”, escribió el parlamentario en su cuenta en Twitter junto a un video que muestra el vehículo en llamas.
También se pronunció la representante diplomática de Juan Guaidó en la nación, Guarequena Gutiérrez, quien se limitó a indicar que “seguimos solicitando al Gobierno de Chile se disponga de una política de reunificación familiar para niños y padres venezolanos. Tanto para los que están en las afueras del consulado en Tacna como en Venezuela”.
La presidenta de la comisión de Gobierno Interior, la diputada chilena Joanna Pérez reconoció que “el tema es complejo” y que “aún no tenemos la nueva ley”, pero advirtió que “tampoco se puede pretender invisibilizar este drama; los derechos humanos se defienden siempre, sin doble estándar”. Y agregó: “¡Busquemos soluciones urgentes!”.
Estimados oficiales sitúan en 400 mil los migrantes en Chile ubicándolo como el tercer país con más venezolanos, detrás de Colombia y Perú, que acogen a 500 mil y 1.4 millones, respectivamente. Representan el 23% de los 1.25 millones de extranjeros que se radicaron en Chile hasta 2018, según cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE).
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