El crimen ocurrió en Tierralta, una población de Córdoba, al norte de Colombia, y muy conocida por la notable presencia de actores armados de todos los tipos: paramilitares, narcotraficantes, guerrilleros y delincuentes comunes.
El asesinato no solo ha conmovido por su condición de mujer vulnerable, sino porque los sicarios que le dispararon cuatro veces lo hicieron delante de dos de sus cuatros hijos. Además, una persona grabó con su celular la dolorosa escena de uno de los pequeños llorando desgarradoramente al lado de su madre que yacía inerte en el suelo. Junto a ellos, como si la muerte no les importara, un grupo de vecinos observaba sin hacer nada.
María del Pilar Hurtado, de 34 años, había huido de la violencia en su departamento natal, el Cauca, en el occidente de Colombia. Allí, primero se ganó la vida como vendedora de boletas para rifas y, más adelante, fue trabajadora en minas de oro. Según el diario El Tiempo, en Puerto Tejada, donde había nacido, denunció a grupos paramilitares auspiciados por narcotraficantes quienes, al parecer, la amenazaron de muerte obligándola a desplazarse con su familia hasta Tierralta.
En esta población trabajaba como recicladora y recientemente hizo parte de una organización de familias sin casa ni tierras que se habían asentado de manera irregular en un lote desocupado del cual es propietario el padre del alcalde de Tierralta, Fabio Otero Avilés. Este hecho —no establecido por ninguna autoridad— fue señalado por algunos activistas políticos y sociales como una de las posibles causas del crimen. El propio alcalde Otero Avilés desmintió las acusaciones y afirmó que los problemas del lote y los invasores ya habían sido solucionados pacíficamente.
La muerte a plena luz del día, cerca de su modesta casa en el barrio Nueve de agosto, cuando se dirigía a trabajar en compañía de sus hijos gemelos y en total estado de indefensión, desató una ola de dolor e indignación. Desde París, Francia, donde se encontraba en visita oficial, el presidente Iván Duque condenó el crimen y añadió: “Nos duele profundamente la tristeza y el sufrimiento de su hijo. Nuestra solidaridad con sus familiares. Solicité a autoridades acciones inmediatas para dar con responsables de este repudiable hecho”.
El presidente del Congreso de la República, Ernesto Macías Tovar, también se refirió al hecho al señalar que “La cadena perpetua es muy poco para los asesinos de la humilde recicladora María del Pilar Hurtado Montaño, con el macabro agravante de perpetrar el crimen delante de su niño”.
Controversia
No hay claridad sobre la actividad de Hurtado Montaño como lideresa social. En su pueblo afirman que sí intervino como activista la Fundación de Víctimas Adelante con Fortaleza en la cual se destacó por sus denuncias contra narcotraficantes y paramilitares y que por esa razón fue desplazada con su familia. También en Tierralta, el director de la Fundación Cordobexia, Andrés Chica, asegura que la mujer sí lideró acciones relacionadas con tierras y que por esa razón había sido amenazada de muerte por una organización criminal.
La Alcaldía de Tierralta y la Gobernación de Córdoba niegan esas aseveraciones y a través de diversos medios, varios voceros aseguraron que María del Pilar no desempeñaba ningún activismo social. Por su parte, el compañero sentimental de la mujer, Manuel del Cristo Berrío Velásquez, negó la participación de María del Pilar como líder de alguna causa. “No sabemos por qué la mataron, ella era trabajadora, no teníamos problema con nadie, solamente nos dedicábamos a trabajar por nuestros hijos”, señaló el hombre en declaraciones al periódico El Heraldo.
Para algunos comentaristas, defensores de derechos humanos y twitteros es absurdo que se minimice un asesinato en razón al trabajo comunitario de una víctima, como si la vida de cualquier persona no valiera la pena. En este sentido la estatal Defensoría del Pueblo señaló en su cuenta de Twitter: “Los gritos del hijo de María del Pilar Hurtado representan el dolor de todo un país. La violencia no debe ser normal y es deber de todos los ciudadanos indignarnos por la arbitrariedad con la que operan los grupos armados ilegales en el país. ¿Hasta cuando la maldad?”.
Los gritos del hijo de #MariadelPilarHurtado representan el dolor de todo un país. La violencia no debe ser normal y es deber de todos los ciudadanos indignarnos por la arbitrariedad con la que operan los grupos armados ilegales en el país .¿Hasta cuándo la maldad? pic.twitter.com/Gg2Eil8jXC
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) June 22, 2019
El Gobierno, la Fiscalía y otros organismos pusieron en marcha operativos especiales para tratar de identificar y capturar a los autores intelectuales y materiales del crimen, pero hasta la media noche del domingo no había resultados concretos.
De otro lado, los cuatro niños de María del Pilar quedaron a cargo del Instituto de Bienestar Familiar, entidad gubernamental que ejercerá su custodia provisional y dispondrá de un equipo especial de profesionales para su rehabilitación sicológica y social.
Al margen de este caso, el número de defensores de derechos humanos y líderes sociales asesinados en Colombia sigue creciendo de manera preocupante. Según la Defensoría del Pueblo, entre enero de 2016 y febrero de 2019 la cifra ascendió a 462, es decir, que más de un centenar han sido sacrificados anualmente. En Córdoba, de acuerdo con fuentes no oficiales, fueron reportados 31 asesinatos durante el período comprendido entre 2016 y 2019. De ellos, 12 ocurrieron el Tierralta.
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