El pasado 8 de junio la Asamblea Nacional de Nicaragua, dominada por los sandinistas, aprobó, con carácter de urgencia, una Ley de Amnistía en la que se absuelve a todas las personas que han sido señaladas de haber cometido delitos durante la grave crisis política que ha vivido ese ese país desde abril de 2018.
A principios de semana han sido “liberados” 106 de los cerca de 700 presos políticos que ha hecho el régimen de Daniel Ortega durante las protestas en su contra. Entre ellos según medios locales, están los líderes estudiantiles Edwin Carcache, Amaya Eva Coppens, Nahiroby Olivas, Byron Corea y Kevin Espinoza; la líder de los comerciantes Irlanda Jérez; los dirigentes opositores Yubrank Suazo y Cristhian Fajardo y los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, quienes estaban en prisión “por delitos contra la seguridad común y tranquilidad pública”.
Sin embargo, no solamente la oposición al régimen de Ortega y su esposa, Rosario Murillo, se ha mostrado recelosa de la Ley de Amnistía. También lo ha manifestado así la Iglesia católica de Nicaragua y hasta los propios liberados. Muchos de ellos, se han pronunciado en contra de la Ley, por considerar que dejará impune la represión gubernamental.
Un represión desde abril del año pasado ha dejado, al menos, 325 personas muertas, de acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por su parte, activistas locales aumentan el número de muertos a 594, mientras que el gobierno ubica esta cifra en 199. Hay más de mil desaparecidos y 30.000 o más refugiados, principalmente en el vecino país de Costa Rica.
El cardenal de Managua, Leopoldo José Brenes comentó: “Estoy pensando en un texto en San Mateo y San Lucas: ‘Por sus frutos los conocerán’. Creo que se han dado muchas amnistías en Nicaragua, y aquí tendríamos que evaluar qué frutos han dado”.
“Que todos los prisioneros estén saliendo es una alegría para las familias porque están esperando que regresen. Vamos a ver cómo se implementará esta ley y, con suerte, no será en su detrimento, y que todos los detenidos pueden vivir libremente en su país”, reflexionó el cardenal Brenes, quien además lamentó que la Ley se haya hecho de forma “tan expedita”.
Por su parte, el padre Edwin Román, quien ha vivido un verdadero calvario en Masaya, al sureste de Nicaragua, ha dicho con claridad que esta Ley no hace justicia a las víctimas. “La Ley de Amnistía es una burla para el pueblo nicaragüense que nadie cree. Qué los criminales paguen por sus crímenes”, dijo el padre Román a las agencias internacionales que cubren el conflicto.
Para algunos de los liberados, como el estudiante Hansell Vásquez, la Ley es “decepcionante”. Vázquez señaló que con esa medida el gobierno de Ortega intenta “tapar todos sus crímenes de lesa humanidad”. Además de que es “inconstitucional” porque impide todo derecho a manifestarse libremente, bajo la amenaza de volver a ser hecho prisionero.
“Te liberan pero te dicen que si vuelves a protestar, si vuelves a ejercer tu derecho constitucional, vas preso; por tanto, es una ley inconstitucional. Entonces, como presos políticos, nos ponemos a pensar que estamos libres de la cárcel pero estamos presos en un país que está secuestrado”, aseguró Vázquez.
Hoy celebramos a...