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El drama carcelario llevó a Ecuador a declarar “estado de excepción”

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Hacinamiento, deterioro, violencia y muertes, algunos de los motivos detrás de una decisión que busca atender las necesidades más emergentes en los centros de reclusión

Desde hace varios meses la crisis en el sistema carcelario se ha agudizado. Además de varios hechos de violencia registrados recientemente, desde inicios de 2018 los asesinatos dentro de diversos centros penitenciarios no han parado y se registraron más de 30 hasta mayo de 2019.

La compleja situación carcelaria, que implica entre otras cosas también un hacinamiento de 40% y dificultades edilicias, no es exclusiva de Ecuador, pues en América Latina desde hace décadas ha sido un tema de atención, pero con ausencia de solución.

Sin embargo, ante el drama que se vive actualmente desde el gobierno de Ecuador, encabezado por Lenín Moreno, se tomó la decisión este 16 de mayo, mediante un decreto, de declarar “el estado de excepción”, algo que se prevé durará 60 días.

¿Qué significa esto?

Según señala el propio decreto, la declaración surge para “atender las necesidades emergentes de dicho sistema a fin de precautelar los derechos de las personas privadas de libertad como grupos de atención prioritaria”.

También se “suspende el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de correspondencia, libertad de información, libertad y libertad de asociación y reunión”. Además, se menciona la movilización y coordinación -con el fin de mantener el orden y prevenir acontecimientos de violencia- de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores.

 

Muerte que generó conmoción

El pasado 12 de mayo el Centro de Rehabilitación Social de Turi ubicado en la localidad de Azuay fue protagonista de una serie de eventos de violencia que dejaron como saldo la muerte de un recluso en uno de los pabellones de máxima seguridad.

El hecho quedó registrado gracias a otro de los reclusos ahí presentes y rápidamente generó conmoción a nivel local. A través de las imágenes difundidas se puede apreciar el momento de la detonación de una bomba lacrimógena en medio de una riña entre varios reclusos.

 

 

“Tenemos previsto la contratación de nuevos agentes de seguridad penitenciaria, esa es una falencia que hay que reconocerla porque necesitamos alrededor de 3.500 a 4.000 agentes penitenciarios, pero ahora tenemos 1.520”, declaraba a Ecuavisa, Ernesto Pazmiño, titular del Servicio de Atención Integral a Privados de Libertad, en aquella oportunidad y hacía entrever la preparatoria de una declaratoria de emergencia.

Es por eso que a partir de ese día, sumado a otros hechos anteriores, cobró fuerza en el gobierno la idea de trasladar a militares a las zonas carcelarias, algo que luego derivó en la reciente decisión de declarar el “estado de excepción”.

 

 

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