Después de trece meses de discusiones jurídicas, tensiones políticas, agrias discusiones partidistas, la presión de Estados Unidos —incluso con mediación de la Iglesia— el “caso Santrich” parece no tener fin pese a una controvertida decisión judicial.
Todo empezó a mediados de abril de 2018 cuando Seuxis Paucis Hernández Solarte, exjefe de las Farc que figura con el alias de Jesús Santrich, fue acusado por la Fiscalía General de Colombia de traficar cocaína hacia los Estados Unidos, varios meses después de que el grupo guerrillero renunciara a las armas y firmara acuerdos de paz con el gobierno de Juan Manuel Santos.
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La acusación del fiscal Néstor Humberto Martínez, basada en pruebas de la Agencia Antidrogras de Estados Unidos —DEA—, fue categórica: “Tenemos copiosas pruebas de un acuerdo para exportar 10 toneladas de cocaína hacia Estados Unidos con un precio en el mercado local de 320 millones de dólares”.
Santrich —invidente y elegido representante a la Cámara, uno de los órganos legislativos nacionales— fue detenido y aunque negó las graves acusaciones no recuperó la libertad. Poco después se declaró en huelga de hambre y se refugió temporalmente en una sede de la Arquidiócesis de Bogotá de donde salió hacia una prisión.
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Lo que surgió después fue una compleja discusión jurídica que involucró al gobierno, la Fiscalía, las Farc, los partidos políticos, los Estados Unidos y el tribunal conocido como Justicia Especial para la Paz —JEP—. Este sistema de justicia transicional fue creado con base en los acuerdos entre la guerrilla y la administración de Juan Manuel Santos para procesar y juzgar de manera preferencial a los involucrados en el conflicto armado.
Desde su creación, la JEP ha sido objeto de múltiples críticas porque, para algunos sectores afines al actual gobierno, beneficia de manera exagerada a los excombatientes, permite la impunidad y no repara integralmente a las víctimas. Desde otras posiciones, especialmente de la oposición al gobierno de Iván Duque, la JEP es un mecanismo idóneo para juzgar a los excombatientes de la guerrilla, el paramilitarismo y los agentes del Estado.
Uno de los puntos clave de los acuerdos y del papel de la JEP, es la posibilidad de investigar, juzgar o extraditar a quienes hubiesen delinquido después de haber firmado la paz. Esta atribución, su aplicación y algunos vacíos jurídicos encendieron una larga polémica que impulsó al gobierno a objetar la ley reglamentaria de la JEP, lo que a su vez desembocó en un fuerte enfrentamiento político y jurídico en el Congreso de la República. Se trata de otra parte de este complejo tramado que tampoco ha tenido fin porque su suerte está en manos de la Corte Constitucional, el más importante tribunal de Colombia.
El coletazo
Este miércoles en la mañana la JEP decidió que Hernández Solarte no fuera enviado a los Estados Unidos y que recuperara su libertad de manera inmediata. Al medio día, de manera inesperada, el fiscal Martínez anunció su renuncia irrevocable por considerar que, pese a las pruebas contundentes, la JEP “desafió el orden jurídico” al negar la extradición y permitir con su fallo que el narcotráfico, hacia el futuro, “no podrá ser investigado por la justicia ordinaria”.
La dimisión del fiscal Martínez sacudió el establecimiento político colombiano en pocas horas, hasta el punto de que algunos medios de comunicación hablaron de un “terremoto institucional”. Otros se refirieron a “choque de trenes” y a un “tsunami político que puede ser devastador”.
Por su parte, el presidente Iván Duque expresó su indignación por la decisión judicial y recalcó que “La genuina verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición quedaría en riesgo en caso de tolerar la reincidencia criminal. La Justicia debe estar siempre al servicio de las víctimas y no de los victimarios”.
Para Ernesto Macías Tovar, presidente del Congreso de la República e integrante del derechista partido de gobierno Centro Democrático, la determinación le quita legitimidad a la JEP y golpea con severidad todo el proceso paz. Una opinión en contrario la expresó el senador izquierdista y líder de la oposición, Iván Cepeda, al señalar que la decisión judicial se tomó de manera responsable y con suficientes elementos de juicio.
No hay claridad en ningún sector político sobre el camino a seguir. Aunque algunos líderes propusieron la convocatoria de una asamblea constituyente que podría reformar todo el Estado y otros dijeron que solo es necesario un referendo para que el pueblo apruebe o rechace la JEP, los pasos para estas alternativas son largos y muy complejos.
Por ahora, lo único claro es que Seuxis Paucis Hernández Solarte saldrá de la cárcel, no irá preso a Estados Unidos y en los próximos días irá al Capitolio Nacional a asumir su cargo como representante a la Cámara a nombre del partido político FARC.
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