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La libertad religiosa es violada, sistemáticamente, en el mundo

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Jaime Septién - publicado el 01/05/19
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Y China va a la cabeza

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Con China al frente de las violaciones a la libertad religiosa y a los derechos humanos, la Comisión sobre Libertad Religiosa de Estados Unidos (USCIRF, por sus siglas en inglés), un grupo de vigilancia independiente, ha puesto a diez países en el rango de “especial preocupación” para este año de 2019.

La USCIRF, con sede en Washington, es un organismo bipartidista creado hace dos décadas, informó el día de ayer que “innumerables creyentes” y hasta no creyentes de todo el mundo continuaron en 2018 “experimentando múltiples sufrimientos debido a sus creencias”. El panorama no es más alentador en 2019.

El derecho humano más violado en el mundo

El informe de 234 páginas, muestra cientos de violaciones a los derechos humanos y a la libertad religiosa en todo el planeta, pero señala –especialmente– la represión por parte de China de una variedad de creencias religiosas, incluidos budistas tibetanos, cristianos, practicantes de Falun Gong, musulmanes uigures y defensores de los derechos humanos.

De los países que investiga la USCIRF (todas las naciones del mundo excepto Estados Unidos), treinta de ellos violan “de manera importante” el derecho humano a la libertad religiosa, consagrado en el Artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que a la letra dice:

*Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.*

Niveles 1 y 2

La USCIRF recomienda que el Departamento de Estado de Estados Unidos “vuelva a designar” a los siguientes diez países como Países de Especial Preocupación o CPC (por sus siglas en inglés): Birmania, China, Eritrea, Irán, Corea del Norte, Pakistán, Arabia Saudita, Sudán, Tayikistán y Turkmenistán.

Además, el organismo bipartidista estadounidense pide al Departamento de Estado que ponga a otros seis países adicionales como CPC: República Centroafricana, Nigeria, Rusia, Siria, Uzbekistan y Vietnam.

La Comisión agrega que ha señalado a otras doce naciones con la designación de Nivel 2, el siguiente nivel más grave de violaciones a la libertad religiosa, y éstas son: Afganistán, Azerbaiyán, Bahréin, Cuba, Egipto, India, Indonesia, Irak, Kazajistán, Laos, Malasia y Turquía.

Además, la comisión está pidiendo al Departamento de Estado que enumere a cinco actores no estatales u organizaciones (aparentemente) fuera del control de un gobierno, como “entidades de interés particular”: el Estado Islámico de Irak y Siria, o ISIS; los talibanes en Afganistán; al-Shabab en Somalia; Houthis en Yemen; y Hay’at Tahrir al-Sham, o HTS, en Siria.

Viejos inquilinos del Informe

China, junto con Rusia y Sudán, ha sido un foco de atención desde 1999, cuando se publicó el primer Informe anula de la USCRIF. Desde entonces, la Comisión ha documentado cómo los musulmanes uigures, en particular, siguen siendo severamente reprimidos por los funcionarios chinos. También exige la liberación de presos de conciencia en China, incluidos musulmanes, budistas y cristianos.

Para China, Vietnam, Sudán, Tayikistán, Eritrea, Arabia Saudita, Pakistán o Rusia, por citar los ejemplos más representativos de esta práctica que viola, flagrantemente, el principio de libertad religiosa, las minorías religiosas son calificadas como “extremistas” y por lo tanto susceptibles de ser “castigadas”.

“En 2018, los actores estatales y no estatales utilizaron cada vez más la religión como herramienta de exclusión para aislar, marginar y castigar al ‘otro’ a través de la discriminación y la violencia”, afirma el Informe, citando las leyes sobre la blasfemia en Arabia Saudita y Pakistán, también como ejemplo.

El Informe, publicado después de los recientes ataques contra mezquitas en Nueva Zelanda e iglesias en Sri Lanka, también pide a la administración federal de Estados Unidos que reserve recursos financieros para que los departamentos de Estado y Defensa capaciten y equipen a funcionarios locales y a las comunidades para proteger los lugares de culto y otros lugares sagrados, “especialmente en países donde dichos sitios enfrentan un alto riesgo de ataque”.

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