Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), dos tercios de la población latinoamericana vive en ciudades de 20.000 habitantes o más y casi un 80% en zonas urbanas. El organismo ilustra la importancia demográfica de las grandes ciudades (de 1 millón de habitantes o más) en América Latina y el Caribe con esta precisión: han aumentado de ocho en 1950 a 56 en 2010 y una de cada tres personas de la región vive en estas ciudades.
Según datos recientes -2018- de Naciones Unidas, la tendencia se mantiene, para América Latina y el Caribe, en 81 %. El Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de ONU divulgó un documento que prevé que el 68 % de la población mundial vivirá en zonas urbanas de cara a 2050, por lo que el desarrollo sostenible dependerá cada vez más de que se gestione de forma apropiada el crecimiento urbano, especialmente en los países de ingresos medios y bajos que son los que liderarán el proceso. “La urbanización va a continuar y lo va a hacer más rápido en los países de ingresos bajos y medios”, señala Lina Bassarsky, oficial de asuntos de población.
El tema es de primera importancia, dada la premisa que los expertos sostienen: lo que ocurra en las grandes urbes es determinante para el desarrollo sostenible. A primera vista pensaríamos que las urbes pobladas y activas dan cuenta de un dinamismo muy provechoso. Pero no siempre urbanización indica progreso y las dificultades que presenta el acelerado avance en la región despierta controversias metodológicas, teóricas y de política, además de tener efectos territoriales complejos.
La planificación urbana inadecuada genera serios problemas al crecimiento y plantea desafíos contundentes. El primero de ellos es presentar rápida urbanización pero lento desarrollo. El problema no es que tengamos más grandes ciudades sino por qué se concentra la gente en ellas y cuanta organización se desarrolla para evitar lo que muchos han llamado “las trampas urbanas”.
Cepal menciona los “déficits urbanos” entre los cuales sobresalen la pobreza y la informalidad y precariedad habitacionales (asentamientos improvisados o tugurios), la falta de cobertura de servicios básicos y su mala calidad, las deficiencias del transporte colectivo, los problemas del transporte privado y la escasez de equipamiento comunitario y espacios públicos.
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