Aquel verano ardiente de la “crisis humanitaria” –en 2014– decretada por el entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pudiera ser solo un preámbulo de lo que podría suceder este verano 2019 con los migrantes que intentan cruzar a Estados Unidos. En 2014 fueron los menores viajando solos los que motivaron la crisis; en 2019 son las familias migrantes al completo.
Un vistazo a los números muestra que un total de 76.103 inmigrantes sin documentos fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza cuando trataban de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos tan solo en el mes de febrero pasado, lo que representa un incremento de 31 por ciento con respecto al mes de enero de este año.
La frontera, según oficiales de inmigración estadounidenses, se encuentra en un punto de rompimiento y la situación puede acarrear nuevas medidas por parte del gobierno del presidente Trump para enfrentar esto que él mismo ha llamado como una “emergencia nacional”.
Cifras abultadas de familias migrantes
La de febrero de 2019 se trata de la mayor cifra de cruces de indocumentados para un mes similar en los últimos doce años. El aumento se ha visto impulsado –principalmente– por la migración de familias, casi todas provenientes de Centroamérica, que, por cuarta vez en cinco meses, ha superado los registros de la autoridad fronteriza.
Los agentes han retenido desde el inicio del año fiscal 2018-2019 (1 de octubre de 2018) hasta el 28 de febrero de 2019 a 136.150 miembros de las que llaman “unidades familiares”. En solo cinco meses ya se ha “superado” la marca de 107.212 personas registrada durante todo el año fiscal 2017-2018, que a su vez fue más del doble que en 2016-2017.
Esta nueva escalada de familias migrantes ha venido acompañada de nuevas disposiciones legales por parte de la administración federal de Estados Unidos para proteger su frontera con México y, al mismo tiempo, por la defensa que está haciendo de las familias y del derecho a pedir refugio o asilo que éstas tienen (si peligra la vida de sus miembros) de las organizaciones civiles pro derechos humanos y, desde luego, por la Iglesia católica.
Políticas que no aumenten el sufrimiento de las familias
Mediante un comunicado hecho público el pasado 4 de marzo, los obispos de la frontera entre el Estado sureño de Texas y la frontera norte de México, exhortaron a todas las personas de ambos países a descubrir en los migrantes que llegan a la frontera “movidos por situaciones de extrema violencia y pobreza (…) a Cristo necesitado, y a brindarles el apoyo que requieran, sin asumir que ellos son criminales, como en ocasiones son percibidos”.
Los obispos de San Antonio, Brownsville, El Paso, Laredo y San Ángelo, por parte de Texas, y de Saltillo, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Matamoros y Ciudad Juárez, por la parte mexicana, firmaron el documento en el que se hace énfasis en la cara contraria a lo que señala la autoridad federal estadounidense: que muchos de las y los migrantes, sobre todo las familias, vienen huyendo porque “son víctimas de elementos criminales en sus propios países y en el transcurso de su caminar hacia la frontera”.
Como obispos fronterizos reiteraron su compromiso por seguir brindando todo tipo de ayuda a los migrantes y uniéndose a organizaciones religiosas de otras denominaciones, así como a organismos civiles que trabajen en pro del bienestar de los migrantes, y así hacerle contrapeso a las (in)decisiones de los gobiernos que, en gran cantidad de ocasiones, solamente vuelven a hacer víctimas a quienes ya son víctimas de la injusticia, la pobreza, el abandono y la ignorancia.
Nada de devolverlos a México
En donde los prelados que firman el comunicado se muestran, absolutamente, en desacuerdo es en la política del gobierno de Estados Unidos de enviar a México a los inmigrantes que esperan su turno para presentarse ante un juez estadounidense quien decidiría si reciben o no el asilo que estaban tramitando en la Unión Americana.
Tres fueron las causas expuestas por los obispos de ambos lados de la frontera de Texas y México. La primera, y quizá la más importante, es que esto obligará a México a organizar campamentos para decenas de miles de refugiados “minando, efectivamente, así su derecho a buscar asilo en los Estados Unidos, y privándolos del apoyo de familiares en suelo estadounidense”.
Las otras dos razones de la oposición de los obispos fronterizos son, por un lado, el que devolver a los solicitantes de asilo al lado mexicano pone fuera de alcance ejercer su derecho de procurarse representación legal en el proceso ante la corte y, por el otro, que ello creará una situación en la que muchos inmigrantes y refugiados ya no buscarían entrar por los puertos fronterizos ni a procesar su entrada legal, “sino intentando ingresar a Estados Unidos por lugares de alto riesgo para evitar a las autoridades”.
Hoy celebramos a...