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Estados Unidos extiende el TPS a ciudadanos de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán

GUILLERMO ARIAS/AFP/Getty Images
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La presión de miles de personas, grupos pro-derechos humanos, de los migrantes y de alguna parte de la sociedad civil que votaría por los republicanos en las elecciones siguientes, ha hecho que el Departamento de Seguridad Nacional notifique la extensión del Status de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán que gozan de este programa hasta el 2 de enero de 2020.

El aviso, publicado en el Registro Federal el primero de marzo, argumenta que la extensión se produjo en respuesta a una orden judicial preliminar emitida por el Tribunal de Distrito para el Distrito Norte de California en una demanda que desafía los planes para terminar con el estatus especial para los migrantes de los cuatro países.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen M. Nielsen, puede designar un país para TPS debido a las siguientes condiciones temporales en el país: conflicto armado en curso (como la guerra civil); un desastre ambiental (como un terremoto o huracán) o una epidemia. Existen otras condiciones extraordinarias y temporales para obtener el Status de Protección. También puede retirarlo, arguyendo que las condiciones extraordinarias han terminado.

Una vez más un Tribunal de California

El DHS anunció en 2017 que estaba cerrando el TPS para los destinatarios de los cuatro países citados a fines de 2018 y durante todo el 2019. Las autoridades dijeron que las condiciones en esos países habían mejorado y que los migrantes podían regresar, incluso cuando el Departamento de Estado de advirtió en contra de hacer viajes a El Salvador, Nicaragua, Haití y Yemen.

El TPS continuará para los ciudadanos inscritos en el programa de estos países mientras el interdicto preliminar siga vigente. El gobierno ha apelado el recurso judicial preliminar ante el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Noveno Circuito.

Jill Marie Bussey, directora de defensa de la Red de Inmigración Legal Católica, dio la bienvenida a la extensión en una declaración el primero de marzo. “Seguimos agradecidos e inspirados por los titulares de TPS y los niños ciudadanos de Estados Unidos, en este caso, que cuestionan la legalidad de la decisión de DHS de terminar el TPS para estos cuatro países”, dijo Bussey.

¿Y Honduras?

“Somos conscientes de que el recurso preliminar es de carácter temporal y tenue, ya que el gobierno ha intentado anularlo en la apelación. Además, no brinda la extensión de las protecciones a los hondureños, nepalíes o liberianos”, agregó Bussey aduciendo a otros grupos numerosos, especialmente los ciudadanos de Honduras, que necesitan ser amparados por este programa.

Bussey también pidió al Congreso que “proporcione las soluciones a largo plazo que se necesitan con urgencia para brindar protección permanente” a los destinatarios de TPS y a otros ciudadanos bajo otros programas especiales.

Muchas voces se alzaron cuando se anunció la decisión de terminar con el TPS para varios países, entre ellos los cuatro citados. En todos los casos, las condiciones del regreso de quienes viven en Estados Unidos bajo el paraguas del TPS no son, ni remotamente, seguras. Además de la exposición permanente a desastres naturales que siempre están ligados a la geografía de la pobreza.

El Salvador, el más beneficiado

El caso de la corte federal en California impugnó las órdenes del DHS en El Salvador, Nicaragua, Haití y Sudán, debido a que la situación en cada una de las cuatro naciones no había mejorado y que decenas de miles de personas estarían en peligro si regresaban a sus hogares. Tampoco podrían repatriar fácilmente a un gran número de personas.

La mayor parte de los beneficiarios del TPS son ciudadanos de Nicaragua, Honduras, El Salvador y Haití. Nicaragua y Honduras obtuvieron el TPS en 1999 debido a los destrozos causados por el huracán Mitch un año antes; El Salvador ingresó en 2001, tras los terremotos de enero y febrero del mismo año, mientras los ciudadanos de Haití recibieron protección después del terremoto de 2010.

El Salvador es el país con más ciudadanos amparados por el beneficio: 263.282, según datos de la Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración estadounidense. En segundo lugar está Honduras, con 86.163 beneficiarios; sigue Haití, con 60.000 personas protegidas y finalmente los 5.349 nicaragüenses que fueron beneficiados hasta enero de 2020.

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