Una denuncia a manos de Defensoría del Pueblo que confirma una de las peores atrocidades de nuestro tiempo y que interpela a América Latina “Uno de los más graves que hemos tenido que verificar”. Así de duras han sido las palabras de la defensora del Pueblo de Ecuador, Gira Benavides, al hacer pública una denuncia que por estas horas conmociona a Ecuador y que enciende las alarmas en América Latina.
Se trata, según Defensoría, de un grave caso de “esclavitud modera” y que afecta a 450 obreros –junto a sus familias- en las provincias de Santo Domingo de las Tsáchiras y de Los Ríos.
En base a esto, estas personas, en su gran mayoría afrodescendientes, viven en situaciones deplorables en plantaciones agrícolas a manos de una empresa de capitales japoneses (Furukawa Plantaciones CA del Ecuador) .
Todo comenzó en octubre de 2018 cuando una delegación de unas 40 personas, que habían sido despedidas por la empresa, se acercó hasta la oficina de la Defensoría en la ciudad de Quito y puso sobre la mesa la constante “vulneración de los Derechos Humanos” ahí vivida.
Principalmente, se hicieron eco de las graves condiciones en las que viven y trabajan dentro de las haciendas de la empresa, lo cual les ha provocado un empobrecimiento generalizado.
A raíz de esta denuncia se procedió a realizar la verificación correspondiente y en base a testimonios e investigaciones se logró confirmar que efectivamente esta empresa “ha vulnerado de forma sistemática los derechos de las personas”.
“Los campamentos en que viven son precarios, viejos y lúgubres, no tienen luz eléctrica, agua potable ni saneamiento ambiental de ningún tipo. Hombres, mujeres, niños y niñas y adultos mayores viven en cubículos pequeños con poca ventilación e iluminación. Su vida cotidiana se restringe a extraer la fibra de abacá que es entregada en su totalidad a la empresa Furukawa, y los que no trabajan, mujeres mayoritariamente, realizan tareas de cuidado de todos los habitantes de los campamentos”, dice la nota publicada por la propia Defensoría y da cuenta de este caso que estremece a Ecuador.
En ‘rueda de prensa’, José Hernández, representante de la Asociación de Trabajadores de la Fibra de Abacá, afirma que “desde los 15 años trabajó para la empresa #Furukawa extrayendo la fibra de abacá. Actualmente tengo 33 años y nunca fueron reconocidos mis derechos humanos”. pic.twitter.com/YJX7xfMjw9
— DefensoríadelPueblo (@DEFENSORIAEC) February 18, 2019
“En estas condiciones de vida y trabajo indignos, inhumanos e ilegales, estas familias afrodescendientes tampoco ejercen de manera adecuada otros derechos: muchos niños no asisten a la escuela por la lejanía y falta de recursos, y empiezan a trabajar para extraer fibra desde los 9 o 10 años”, prosigue.
Debido a esto, la Defensoría no duda en afirmar que estos “hechos configuran una forma de servidumbre que constituye esclavitud moderna, práctica prohibida por Tratados Internacionales”, así como de la propia Constitución.
De esta manera, se exhorta a las autoridades competentes a ponerle punto final a este caso de esclavitud y se llama de forma inmediata a la acción.
“No es algo de otros tiempos”
El propio papa Francisco se ha transformado en una de las voces contemporáneas que más denuncian esta cruda realidad. “La esclavitud no es cosa de otros tiempos”, decía en mayo de 2018 a través de un video mensaje presentado al II Foro sobre esclavitud moderna realizado en Buenos Aires, Argentina.
“Es una práctica que tiene raíces hondas y se manifiesta todavía hoy y en muchas formas diversas: tráfico de seres humanos, explotación del trabajo a través de deudas, explotación de niños, explotación sexual y de trabajos domésticos forzados son algunas de las tantas formas. Cada una es más grave y deshumana que las otras”, agregó en esa oportunidad.
En ese sentido, el Papa pedía no hacerse los distraídos ante esta realidad y exhortaba a “no lavarse las manos”.
Ojalá que este caso, que ahora sacude a Ecuador, pero que representa una dura realidad en otros países de América Latina, logre tener punto final.
