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Hidroituango: Un desastre ambiental y social que conmueve a Colombia

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riosvivosantioquia.org-(CC BY-NC-SA 4.0)

Vicente Silva Vargas - publicado el 09/02/19

El cierre de una compuerta del controvertido proyecto energético que se construye en Antioquia, al noroeste del país, secó provisionalmente un tramo del río Cauca y ocasionó la muerte de más de 40.000 peces

La Hidroeléctrica de Ituango, el colosal proyecto diseñado para suministrar el 17% de la energía eléctrica a Colombia, sigue en el ojo del huracán de la opinión de este país. A las supuestas fallas en su construcción que hace unos meses hicieron pensar en un desastre, ahora se suma el secamiento del río a niveles nunca vistos y la muerte de peces que servían de sustento a la población ribereña.

La decisión de la entidad encargada del proyecto, la estatal Empresas Públicas de Medellín —EPM—, de cerrar una de las compuertas para agilizar el llenado de la presa, produjo una dramática disminución del flujo de agua en el cauce natural del río Cauca, el segundo más importante de Colombia. Las consecuencias se notaron casi de inmediato ya que infinidad de peces de diversos tamaños empezaron a morir sobre las piedras o en las playas resecas.

Según los pobladores, se trató de una decisión inconsulta ya que “no se diseñaron planes de contingencia para preparar a la gente ni se pusieron en marcha estrategias que mitigaran el impacto económico, social y ambiental”. En efecto, según dijo Miguel Echeverry Loaiza, un campesino de Tarazá, mucha gente vive de la pesca, consume pescado o comercializa peces en el mercado o restaurantes.

Otros, agregó, Zamira Uribe, “se ganan la vida buscando oro en el lecho del río o sacando arena y piedras para negociarla con constructores”.  Jorge Berrío, poblador de Valdivia, considera que aparte del golpe económico, se afectó el paisaje de toda la población porque, “de un momento a otro, el río Cauca —llamado cariñosamente el ‘Mono’ por su color amarillo— empezó a secarse, como si se estuviera muriendo”.

El impacto fue tan notable que el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Lozano, luego de sobrevolar las poblaciones de Valdivia, Cáceres, Tarazá y Caucasia sostuvo en entrevista con periodistas colombianos que “nunca tuvieron niveles tan bajos en el río Cauca”.

Aunque EPM puso en marcha planes para mitigar la mortandad de peces, algunos habitantes de los pueblos afectados por la presa estiman que los planes no funcionaron porque fueron hallados más de 40.000 ejemplares muertos, entre ellos, especies nativas como bagre, picuda, bocachico y dorada. No obstante, voceros de la empresa consideran que sí cumplió porque manualmente, con ayuda de pescadores locales, se rescataron cerca de 145.000 peces que fueron reubicadas en piscícolas adecuadas para su adaptación y reproducción. Además, recalcaron, se está educando a los pescadores para que aprendan a cuidar los peces.

Adicionalmente, la empresa distribuyó gran cantidad de agua potable para los 72.000 personas que viven en la zona de la emergencia. También coordinó la disposición de los residuos y dispuso un monitoreo constante de la calidad del agua del río.

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¿Qué sigue?

EPM informó que el embalse llegará a su cota o límite ideal de 401 metros sobre el nivel del mar entre el 8 y 9 de febrero. A partir de esas fechas el agua podrá empezar el paulatino proceso de vertimiento al cauce natural del río y su regreso a la normalidad.

Sin embargo, para algunos habitantes y ambientalistas no habrá normalidad porque el Cauca no volverá a ser el río de antes sino un afluente más regulado por unas compuertas que determinarán su fuerza. Además, como le dijo a Aleteia la ambientalista Diana Milena Correa, “todos los ecosistemas circundantes al río y los que hay aguas abajo del río, cambiaron drásticamente en pocas horas, pero su pérdida es inmediata y la recuperación de los pocos que sobrevivieron demandará varios años”.

Los especialistas aseguran que Hidroituango entrará en funcionamiento en pocos meses pero que el daño ambiental, social, económico y de credibilidad entre la población afectada ya está hecho.

Por esas razones, organismos estatales como la Procuraduría General, la Contraloría y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, anunciaron investigaciones independientes para establecer responsabilidades e imponer sanciones. Incluso, varios congresistas anunciaron que promoverán un debate de control político en el Senado de la República.


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