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Venezuela: alarmante balance de conflictividad social

VENEZUELA
Shutterstock/Reynaldo Riobueno
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En 2018 se registró cifra record de manifestaciones en el país: 12.715 protestas en 12 meses

El dato equivale a 35 protestas diarias en toda la geografía nacional, según revela el último informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, una ONG de gran prestigio por su nivel profesional y la rigurosidad de sus estudios.

Aleteia tuvo acceso a los detalles del informe que apenas sale a circular entre sectores claves para la vida política y social en Venezuela. Se desprende de sus datos que la cifra mencionada representa un aumento del 30% con respecto a 2017, cuando se documentaron 9.787 manifestaciones para un promedio diario de 27%. Es el mayor número de protestas registradas desde que Nicolás Maduro está en el poder, tiempo en el cual, el incremento de la conflictividad social no ha hecho sino generar alarma por la constante de las cifras en alza.

89% de las protestas obedecen a reclamos por derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Venezuela continúa inmersa en una madeja de conflictos en espiral ascendente y “la observación directa y continuada de los niveles de conflictividad –según el laboratorio mencionado- ratifica que la sociedad civil está empoderada de sus derechos y dispuesta a salir a la calle para exigirlos de manera espontánea, si atender el llamado de líderes políticos ni temor a las amenazas del gobierno con sus políticas represivas”, comenta uno de los expertos.

Las protestas tienen una característica específica y es que suceden de manera combinada. Un 28% del universo exigió distintos derechos a través de mecanismos como el cierre de calles, paros, concentraciones, marchas y tomas de establecimientos. “La calle es el espacio histórico de luchas de los pueblos en la conquista de derechos y exigencia de reivindicaciones”, recuerda el informe.

Los estados con más protestas en Venezuela durante el 2018 fueron el Distrito Capital, Lara y Bolívar. Pero tuvieron lugar en todas las regiones del país y su repercusión en la esfera internacional fue notoria y notable. El hecho de incorporar vastos sectores de trabajadores al servicio del Estado es una de las modalidades más significativas de la conflictividad pues exigen el gobierno, no solo remuneraciones dignas sino respeto a las contrataciones colectivas. Los estudiantes, padres y ongs se suman para denunciar tratos crueles en la represión de calle y contra los presos políticos.

Reiteran que los derechos más demandados son: laborales, básicos, alimentación, salud y participación política. Los servicios básicos son tan deficientes y, en algunas zonas inexistentes que, refiere uno de los investigadores detrás del informe, “de las 12.715 protestas registradas, 3.716 estuvieron vinculadas a la precariedad de los servicios básicos, en promedio 309 protestas mensuales por falta de gas doméstico, electricidad y agua potable. Los poblados del interior del país se han visto obligados a volver al rudimentario procedimiento de cocinar con leña”.

El OVCS, adicionalmente, documentó 281 saqueos o intentos de saqueo en supermercados, abastos, unidades de transporte de alimentos y medicinas, así como de línea blanca –electrodomésticos- y otros productos que pueden ser consumidos, intercambiados o vendidos. “Esto responde al hambre, a la desesperación y a la impunidad, lo cual refleja la agudización de la emergencia humanitaria”, certifica la fuente, al tiempo que se cuida de condenar estas acciones violentas “que en nada contribuyen a resolver los problemas del país”.

Los reclamos de los pueblos indígenas; la ola de protestas, exigiendo investigación transparente, que desató la muerte del concejal Fernando Albán mientras se encontraba bajo custodia de organismos de seguridad del Estado; y la detención arbitraria de líderes políticos, comunicadores sociales y trabajadores que ejercieron su derecho a la protesta pacífica, libertad de expresión y participación política fueron factores que marcaron las manifestaciones por derechos civiles durante 2018.

A lo largo de ese lapso, fueron asesinadas 14 personas en el contexto de ese tipo de protestas, 13 con arma de fuego y una con objeto contundente. Al menos en 7 de los casos, testigos y familiares de las víctimas responsabilizaron a funcionarios policiales y militares -en un 50%- y civiles armados -en otro 50%-. El 38% de estos asesinatos se registró en el estado Mérida (Andes venezolanos).

El Observatorio considera que el principal problema de Venezuela es la “ausencia de democracia y la implementación de un sistema político ideológico que anula los valores republicanos, que asfixia al pueblo venezolano y lo tiene sumido en la peor crisis humanitaria registrada en nuestra historia contemporánea”. Nótese que ya los profesionales de la ciencia política y social no se refieren difusamente a un “déficit de democracia”, sino a la ausencia total de institucionalidad y derechos.

Es también remarcable la coincidencia con la Iglesia Católica que ha venido denunciando lo que ellos definen como “ sistema político ideológico que anula los valores republicanos” y lo ha calificado con la dura frase de “moralmente inaceptable”.

Las recomendaciones del OVCS, luego de estos hallazgos investigativos, se centran en dos aspectos fundamentales: “restablecer el orden constitucional en Venezuela y aceptar la cooperación humanitaria internacional como mecanismo de ayuda a la población para para mitigar la crisis”.–

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