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Entendiendo el juicio del cardenal Barbarin

CARDINAL PHILIPPE BARBARIN
JEFF PACHOUD / AFP
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El próximo 7 de marzo se sabrá la sentencia del proceso del cardenal Barbarin, arzobispo de Lyon, y de cinco antiguos miembros de esta diócesis francesa por no denunciar agresiones sexuales a menores

“Roguemos al Señor que se cumpla el trabajo de la justicia, pidámosle también que sane todo lo que deba ser sanado en los corazones de las víctimas de unos actos de pedofilia tan injustos como terribles”, declaró el cardenal Barbarin en un mensaje transmitido por deseo de la diócesis de Lyon, Francia, en la víspera de la apertura de su proceso.

“Nunca intenté ocultar, mucho menos encubrir, estos horribles hechos”, aseguró el arzobispo en una declaración leída ante los jueces del tribunal correccional este lunes. Aleteia intenta explicar las claves para entender este juicio.

¿Por qué hay un proceso cuando la fiscalía de Lyon ya archivó el caso en el verano de 2016?

El caso se hizo público en 2015 cuando Alexandre Dussot-Hezez acusó al padre Bernard Preynat de haber abusado sexualmente de varios jóvenes scouts (entre los que se encontraba el mismo Hezez) pertenecientes a su parroquia de Sainte-Foy-lès-Lyon entre los años 1980-1990.

El padre Preynat fue desocupado de su oficio de sacerdote y suspendido de cualquier ministerio el 31 de agosto de 2015.

Las víctimas de este sacerdote, que fundaron la asociación de víctimas de pederastia en la Iglesia francesa La Parole Libérée, presentaron también una denuncia en febrero de 2016 contra Barbarin por omisión de denuncia de las agresiones sexuales contra menores en su diócesis.

Se abrió una primera investigación preliminar el 4 de marzo de 2016 por parte de la fiscalía de Lyon por “no denunciar un crimen” y por “poner en peligro la vida de otra persona”.

Cinco meses después, el caso se archivó y la fiscalía de Lyon descartó cualquier voluntad de obstaculizar la justicia por parte del obispo Barbarin.

Destacó también que, antes de 2014, fecha en la que el cardenal conoció por primera vez a una víctima, el delito de omisión de denuncia ya había prescrito después de tres años.

No obstante, los denunciantes decidieron iniciar un procedimiento de citación directa ante el tribunal. Inicialmente prevista para abril de 2018, la citación se inició finalmente este 7 de enero de 2019. El fallo se conocerá el próximo 7 de marzo.

¿En qué consiste la citación directa, esta posibilidad que ofrece el código penal francés?

“Cuando consideras haber sido víctima de un delito, planteas una denuncia ante el fiscal”, detalla para Aleteia Henri de Beauregard, abogado penalista.

“Fruto de su investigación de la fiscalía, hay tres posibilidades: bien el fiscal valora que la investigación tiene fundamento suficiente como para convocar a la persona ante un tribunal, bien el fiscal decide profundizar abriendo una investigación judicial con un juez de instrucción o bien decide que no ha habido infracción o que no hay nadie a quien enjuiciar y archiva el caso. En el caso del cardenal Barbarin, el fiscal optó por esta última opción”.

En tal caso, indica el abogado, el derecho francés permite a la persona que inició la denuncia ignorar el archivo y forzar la celebración de una audiencia mediante la emisión de una citación directa. Es el caso que estamos viendo.

“De hecho, los acusados entran en el proceso únicamente por la sola voluntad de los particulares que se dicen víctimas del delito de omisión de denuncia, no están ahí por motivo de una decisión judicial de un magistrado o de un fiscal de la República [francesa]”.

Concretamente, la citación directa permite a la víctima recurrir directamente a un tribunal penal en caso de infracción de la ley. Habrá un juicio sin pasar por una investigación detallada de la policía o de la gendarmería.

La citación directa solamente puede ser utilizada por una víctima por una infracción (actos de violencia leve…) o un delito (robo, violencia grave…).

La víctima debe recabar ella misma las pruebas y presentar con ellas la identidad del autor de los hechos, elementos suficientes para probar la culpabilidad del autor sin necesidad de una investigación complementaria (fotos, testimonios, capturas de pantalla…), así como elementos que prueben la magnitud del perjuicio (factura, certificados médicos…).

El proceso se desarrolla luego como cualquier otro juicio. En el caso entre manos, el cardenal Barbarin debe responder a un delito “de omisión de socorro” y a un delito de no denuncia de agresiones sexuales contra menores en el periodo 2002-2015.

“Con este juicio, detrás de las calificaciones jurídicas, en realidad se reprochan otras cosas muy diferentes de las incluidas en las infracciones apeladas para convocar al cardenal Barbarin y los antiguos miembros de la diócesis”.

¿Quiénes son las personas acusadas y a qué penas se exponen?

Los acusados son el cardenal Barbarin y otros cinco miembros de la diócesis de la época, entre ellos el superior en jerarquía del padre Preynat, dos sacerdotes, el antiguo director del gabinete del cardenal y la responsable de la unidad de atención a víctimas de sacerdotes.

“Las partes civiles que se consideran víctimas del cardenal Barbarin reclaman una indemnización simbólica de un euro”, explica Henri de Beauregard.

“Existe un riesgo, que creo que es mínimo porque sería perfectamente incoherente en vista del archivo del caso por la fiscalía en 2016, de que el fiscal decida finalmente cambiar de manera de ver las cosas y reclamar una multa y/o una condena con libertad condicional. Pero la lógica más elemental diría que después de haberse solicitado el archivo del caso, el ministerio fiscal requiera su liberación”.

Si la fiscalía hubiera solicitado una condena, la pena a la que se exponían, según fija la ley para este tipo de delitos, es de tres años de prisión y 45.000 euros de multa. Puede elevarse a cinco años de prisión y 75.000 euros de multa si la víctima de los hechos encubiertos a las autoridades es un menor de 15 años. Sin embargo, el 9 de enero la fiscalía anunció que no iba a demandar a los acusados.

Cabe señalar que el antiguo obispo de Orleans, Fort, fue condenado el pasado mes de diciembre a ocho meses de prisión con pena suspendida por no haber alertado a la justicia de las acciones de un sacerdote que había incurrido en tocamientos sexuales a niños.

¿La ley sobre la prescripción de 2018 puede cambiar la situación?

En Francia, los parlamentarios modificaron el 3 de agosto de 2018 el artículo 434-3 del Código penal que prevé sancionar a “cualquiera que haya tenido conocimiento” de abusos sin informar de ello a la justicia.

El participio ha sido suprimido y a partir de ahora el delito se prolonga en el tiempo: “Cualquiera que tenga conocimiento” de los hechos, debe señalarlos “mientras no hayan cesado”. 

La omisión de denuncia se define ahora claramente como un delito “continuado” y no instantáneo. En otras palabras, mientras una persona falte a su obligación de denunciar, se le puede recriminar.

“Una modificación que, en principio, vuelve la ley más severa no puede ser aplicada a hechos anteriores”, recuerda Henri de Beauregard.

“Pero, sobre todo, eso no cambia fundamentalmente el problema, porque en el caso presente la cuestión no es tanto la prescripción del delito sino la prescripción de los delitos que las víctimas reprochan al cardenal no haber denunciado en su lugar. Esta es, en efecto, la cuestión central de este proceso: ¿se le puede reprochar a alguien no haber denunciado un delito que ya había prescrito cuando tuvo conocimiento de él? Yo creo que no”.

Sobre los abusos sexuales, ¿considera que la Iglesia se ha movido estos últimos años?

A nivel internacional, el papa Francisco ha convocado al conjunto de los presidentes de las conferencias episcopales del mundo entero del 21 al 24 de febrero para un encuentro sobre el tema de la protección de los menores.

En Francia, la Conferencia episcopal francesa ha creado a mediados de noviembre una comisión independiente “encargada de arrojar luz sobre los abusos sexuales contra menores en la Iglesia católica”.

Esta comisión está presidida por Jean-Marc Sauvé, vicepresidente honorario del Consejo de Estado francés y presidente de la fundación Apprentis d’Auteuil de apoyo e integración a jóvenes y familias. 

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