El presidente electo Jair Bolsonaro anunció hace pocos días que la tierra indígena Raposa Serra do Sol en el estado norteño de Roraima podría ser explotada. Eso prendió la mecha. Una mecha que ha venido siendo alimentada por situaciones que, históricamente, han degenerado en explotaciones que menosprecian, tanto el equilibrio ecológico como a los seres humanos.
No hay que olvidar que las personas, es decir, las tribus indígenas, las etnias, los habitantes originarios o como se les prefiera llamar, son parte del equilibrio porque tienen una manera de comprender y relacionarse con el entorno acorde con la conservación ambiental.
Raposa Serra do Sol es el hogar de los makuxí, wapixana, ingarikó, taurepang y patamona. Está ubicada al norte del estado brasileño de Roraima y es muy extensa, la más grande del país y una de las reservas indígenas más grandes del mundo, con una superficie de 1.743.089 hectáreas y un perímetro de unos 1000 km.
Bolsonaro -quien adelantó durante su campaña electoral no estar dispuesto a someterse a delimitaciones en la zona- agregó que las tribus indígenas recibirían regalías por las ganancias de esas explotaciones y que serían integrados a la sociedad que de ese proceso derivara, hizo hincapié en que considera necesario explorar el área de “manera racional”. Y coronó con esta revelación: “Hay indígenas que quieren internet”. Pero, los que saben, no pierden de vista que se trata de la zona más rica del mundo.
Raposa Serra do Sol fue identificada por la Fundación Nacional del Indio (Funai) en los años 90, demarcada bajo el gobierno de Fernando Henrique Cardoso (1995-2003) y homologada en 2005 por su sucesor, Luiz Inácio Lula da Silva.
Una piedra en el zapato molesta estos planes: según recuerda Brasil-Agencias, en 2008, el Supremo Tribunal Federal se pronunció a favor de que todo el territorio esté ocupado por poblaciones indígenas, lo que impide la explotación agrícola en la región.
Y no solo eso: en 2017, la Abogacía General de la Unión (AGU) anunció que todos los órganos del gobierno federal deberán adoptar, en los demás procesos de demarcación de tierras indígenas, el criterio establecido en el caso Raposa Serra do Sol.
De acuerdo a información difundida por “Survival”, el movimiento global por los derechos de los pueblos indígenas, fundado en 1969 por un grupo de personas conmocionadas por el genocidio de los indígenas amazónicos, este reconocimiento supuso un hito que se celebró con gran alegría, ya que el territorio había sido objeto de una violenta y continuada campaña por parte de los ganaderos y colonos locales, para evitar que los indígenas lo recuperasen.
En aquella ocasión, el líder makuxi Jacir José de Souza del Consejo Indígena de Roraima (CIR), declaró: “La Tierra es nuestra Madre. Estamos contentos de haberla recuperado y de que el Supremo Tribunal haya defendido a los pueblos indígenas”. Los makuxí, el pueblo indígena más grande de Raposa-Serra do Sol, creen que ellos y sus vecinos, los ingarikó, descienden de los hijos del sol y que éste les dejó el don del fuego, pero también las enfermedades y penurias de la naturaleza. En teoría, los indígenas volvían a tener el derecho de pescar en sus ríos sin miedo. La práctica es otra.
En las tres últimas décadas, los indígenas han sido asesinados asesinados y cientos de ellos heridos durante su incansable lucha para recuperar su tierra ancestral.
Un grupo de arroceros, apoyados por políticos locales, se movilizaron contra los indígenas, utilizando tácticas cada vez más violentas: dispararon e hirieron al menos a diez indígenas, quemaron puentes para evitar que los indígenas entraran o salieran de su tierra y lanzaron una bomba a una de las comunidades.
Desde el siglo XVIII, los pueblos indígenas de Raposa-Serra do Sol han luchado por sus derechos territoriales frente a las oleadas de violentas invasiones, la colonización y los intentos de reasentarles. En el siglo XX, al menos 20 indígenas fueron asesinados en los años 80 y 90.
Según recuento de agencias brasileras de noticias, los buscadores furtivos de oro y diamantes también invadieron su territorio, contaminando los ríos y generando tensiones con las comunidades. Colonos y militares han construido asentamientos y barracones al lado de la comunidad indígena de Uiramutã. Y, como dicen en esta parte del continente, “el que fue picado de culebra, ve bejuco y se asusta”.
Los indígenas saben perfectamente a dónde conducen estos procesos que los desplazan, los ignoran en cada decisión, los despojan, depredan sus lugares y contaminan su forma de vida. Así ha sido y, como quiera que se trata de una lucha atávica en la cual tienen vasta y amarga experiencia, no abrigan razones para dejar de pensar que no será igual en esta oportunidad.
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Para muestra, un botón: en 1996, un gran grupo de terratenientes agrícolas invadió Raposa-Serra do Sol para establecer campos de cultivo de arroz. Emplearon grandes cantidades de pesticidas que llegaron hasta los ríos y arroyos que usaban los indígenas para bañarse, cocinar y beber. Durante la década que precedió a la mencionada decisión de los tribunales, en defensa de la paz indígena en la zona, estos terratenientes desarrollaron tácticas similares a las terroristas destruyendo las propiedades de los indígenas, amenazando a sus líderes e incendiando sus escuelas.
De allí el dictamen del Tribunal Supremo de 2009 reconociendo a Raposa-Serra do Sol como un único territorio indígena. Los arroceros y terratenientes se fueron de la zona. Hasta el anuncio de las nuevas explotaciones en ciernes, los pueblos indígenas de la Tierra del Zorro y la Montaña del Sol viven en paz en su tierra y desarrollan sus propios proyectos educativos y de salud. La incertidumbre vuelve a inquietar su cotidianidad.
Estamos hablando de 1,7 millones de hectáreas en el estado norteño de Roraima, fronterizo con Venezuela y Guyana, donde los problemas para las étnias originarias abundan, pican y se extienden. Hace unos años, el gobierno de Roraima intentó un recurso para reducir el territorio reservado a las comunidades indígenas, el cual no prosperó.
Apoyados por el gobierno estatal, los arroceros – que según estadísticas de la época llegaban a producir más de 150 mil toneladas de arroz al año – querían que la demarcación fuera revisada en áreas cultivadas. Los defensores de la revisión utilizan datos que demuestran que el territorio del Raposa es considerado un tesoro en recursos hídricos y minerales que atraen la garimpo clandestina, muchas veces comandada por los propios indios.
Existen yacimientos de niobio, metal ligero empleado en la siderurgia, aeronáutica, espacial y nuclear, que pueden llegar a tener 14 veces todo el metal conocido en el planeta, y la segunda mayor reserva de uranio del planeta. Además de oro, estaño, diamante, cinc, caolín, amatista, cobre, diatomito, barita, molibdeno, titanio y cal. “Tenemos que revertir el paradigma de la resistencia ambiental que sirve de fachada a los intereses internacionales por nuestras riquezas que aquí se hacen representar por las Organizaciones No Gubernamentales (Ong)”, justifica un integrante del grupo de transición, según declaró al diario Valor Económico.
Hoy, el nuevo gobierno de Brasil viene con otro proyecto en mente y argumentos que parecen decididos a hacer valer los planteamientos de los revisionistas.
Bolsonaro se ha mostrado abiertamente contrario a las demarcaciones de tierras indígenas y, recientemente, generó una nueva polémica al asegurar que mantener a los indígenas en reservas protegidas es tratarlos como animales en zoológicos.
Muy a su estilo, cuestionó el asunto de manera directa y contundente: “Nadie quiere maltratar a los indios. Ahora, mira, en Bolivia tenemos un indio que es presidente (Evo Morales). ¿Por qué en Brasil tenemos que mantenerlos recluidos en reservas como si fueran animales en zoológicos?”. Sin entrar a considerar la impresión que Morales haya sacado de esta singular referencia, hay asuntos neurálgicos más relevantes.
El problema es que, para los indígenas, la selva no es zoológico ni ellos animales confinados a una reserva. Hay que tomar en cuenta que la lengua y el nivel de contacto con la sociedad mayoritaria brasileña varía mucho entre los distintos pueblos de la reserva. Los makuxí tienen bastante contacto con la sociedad local no indígena, mientras que otros todavía se mantienen apartados.
La mayoría de los indígenas de la reserva no habla portugués. Gran parte del contacto que los indígenas han tenido con la sociedad dominante ha sido a través de misioneros e investigadores. Otros roces no tan amistosos han sido con los buscadores de oro, militares o arroceros que operan en las llanuras húmedas.
Las preguntas tienen sentido: ¿Quiere el nuevo gobierno de Brasil acabar con la vigencia de las decisiones tomadas por Lula y su Administración en relación a las reservas indígenas, habida cuenta del efecto político que ello conlleva? ¿Se propone favorecer las explotaciones en la zona en concesión a la modernidad? ¿Está planteada, por primera vez, una incursión respetuosa con el ambiente, prudente y solidaria con las comunidades?
Eso no lo sabemos. Lo que sí es un hecho innegable es la codicia que ese atolón de inmensas riquezas desata y que un Estado responsable siempre debe regular y vigilar, para bien de su desarrollo integral, pero también para la paz de comunidades que estaban allí primero y que merecen estimación y trato digno. Otro detalle que no se puede soslayar: también son brasileños.
Hoy celebramos a...