La situación en el Arco Minero venezolano es trágica y clama la cielo: una masacre ha puesto de relieve la acción impune de grupos delictivos contra las comunidades indígenas
El diputado por el estado Bolívar Américo De Grazia, lanzaba un grito de socorro en su cuenta de tuiter: “AUXILIO Internacional. Asesinan a nuestros indígenas en su propio hábitat para imponerles la minería. El régimen de Maduro, desplaza, enferma y masacra a nuestras etnias”.
A partir de esa noticia, se ha generado una alarma nacional e internacional con lo ocurrido en la zona del tristemente célebre Arco Minero en la selva venezolana, cuando el pasado día 8 de diciembre se produjo una incursión armada en territorio de los indígenas pemones con saldo de 1 indígena asesinado, 4 indígenas pemones heridos, 3 presuntos Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar ) detenidos por la comunidad, 2 trabajadores de Corpoelec –la empresa eléctrica del Estado venezolano- aprehendidos y 3 presuntos Dgcim prófugos en el área de La Laguna y 9 en el sector de Arenal.
Enterado del asunto, Luis Almagro, desde la OEA, dejó saber su condena al crimen contra los indios pemones en la selva de Canaima.
Se divulgó el video del testimonio de Carlos Peñaloza, pemon sobreviviente al ataque del DGCIM, donde desmiente la presencia de otros armados que no sean los funcionarios del régimen, capitaneados por Alexander Granko (DGCIM, ) el mismo que asesinó al célebre comisario Óscar Perez -el que sobrevoló un helicóptero sobre el Palacio de Miraflores desplegando una pancarta anti-gobierno-, en una operación militar donde varias personas, entre ellas una mujer embarazada, murieron acribilladas a balazos.
La respuesta de los indignados indígenas no se ha hecho esperar. Impidieron la realización de las elecciones regionales del domingo en la Gran Sabana, lo cual ha sido presentado como un éxito de la Resistencia Indígena ante lo que ya se conoce como “el crimen de Canaima”. En este momento, los pemones mantienen 3 funcionarios del DGCIM retenidos en sus predios, exigiendo Justicia.
La Guayana venezolana se ha convertido en un territorio de guerra entre mafias donde las comunidades indígenas se encuentran atrapadas en medio de la codicia que mueve a las distintas mafias que explotan ilegalmente minerales, perpetran ecocidio, masacran mineros y asesinan indígenas.
Nuestros indígenas son acosados en su propio hábitat para imponerles una minería salvaje que arrasa territorios enteros en un ecocidio sin precedentes en América. “El régimen de Maduro, desplaza , enferma y masacra a nuestras etnias. La última evidencia, el Sábado 8 de diciembre en Canaima: 1 Muerto y 3 heridos a manos militares”, denunciaba el valeroso diputado De Grazia en su perfil de redes sociales.
El defensor del pueblo de Venezuela -organismo del gobierno- Alfredo Ruiz, confirmó que este sábado “falleció un indígena” en el municipio Gran Sabana del estado Bolívar (sur), donde se registró lo que calificó como “una situación delicada”. Es lo menos que puede decirse y reconocerse ante el pandemónium desatado tras la incursión del comando de 14 militares armados a la comunidad Arekuna en Canaima, en el Estado de Bolívar.
En un comunicado del Consejo de Caciques Generales del pueblo pemón, los indígenas de la etnia acusan a agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) del asesinato y la agresión contra decenas de personas después de, supuestamente, hacerse pasar por turistas interesados en una excursión al emblemático Salto Ángel para así ingresar en las minas de oro. Según trascendió, contrataron los servicios turísticos para el Salto Ángel y, en plena ruta, amarraron a los motoristas y guías turísticos y se desviaron de la ruta para actuar contra los indígenas.
Los pemones presumen que el grupo foráneo actuó bajo la “anuencia” o “complicidad” de los cuerpos de seguridad del Estado venezolano. “Usaron armas de alta potencia, dos helicópteros gubernamentales pertenecientes a Corpoelec (Corporación Eléctrica del gobierno) y la FANB (Fuerza Armada Nacional Bolivariana), así como un helicóptero privado”, según reza el comunicado que circula desde poco después de producirse el ataque.
Los indígenas respondieron poniendo en marcha acciones defensivas. Capturaron a tres de los presuntos responsables, uno de los cuales permaneció por horas maniatado e interrogado por decenas de personas. La población enardecida protestó, quemó un campamento de la empresa eléctrica estatal y cerró una pista de aterrizaje. Los caciques ordenaron un boicot a las elecciones de concejales en el municipio Gran Sabana de Bolívar, región donde está Canaima, realizadas este domingo, planean un paro de actividades en los próximos días y se declararon en luto durante una semana.
No es esta la primera masacre que ocurre en la zona. Hace poco, 17 mineros en el pueblo de Tumeremo fueron masacrados; y poco después, otros 18 mineros murieron en esa provincia en un operativo del Ejército en el estado Bolívar. Tampoco la minería ilegal es una actividad nueva. Pero, ciertamente, venía desarrollándose bajo otros parámetros, existían ciertos controles y se ejercía de forma equilibrada. A partir del año 2000, aparecen en escena “grupos irregulares, algunos dirigidos por delincuentes desde las cárceles y por sindicatos… Luego, la degeneración económica empujó a muchos a sobrevivir con la minería ilegal, convirtiéndose en casi la única actividad laboral”, dice Armando Obdola, director general de la asociación indígena Kapé Kapé.
De Grazia asevera, para todo el que quiera escuchar, que el gobierno de Nicolás Maduro es responsable de convertir al parque natural Canaima, una joya turística y patrimonio de la humanidad, en “tierras de sangre y destrucción” con su proyecto del Arco Minero. Las riquezas mineras más importantes del país yacen en el Macizo Guayanés y son vistas por el oficialismo como una salvación ante la debacle financiera.
El 24 de febrero de 2016, Maduro decretó la creación de la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” (AMO), una idea de Hugo Chávez anunciada hace siete años. Para opositores y disidentes del oficialismo se trata de una carta en blanco para la explotación de coltán, diamante y oro, entre otros recursos. Las mafias controlan el proyecto desde su inicio, en un área de 111.843 kilómetros de extensión, en otras palabras, el equivalente a un territorio como Liberia.
Los periodistas que informan sobre lo que ocurre han sido amenazados con lo que el gobierno ha bautizado como “Operación Tun-Tun”, que no es otra cosa sino el allanamiento de viviendas para llevarse a las personas en lo que se conoce como desapariciones forzadas.
Todo esto, en los días en que el mundo celebra 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Una cruel ironía.
Lo que muchos conocedores del drama guayanés sostienen es que debemos salir de la República extractivista, minera y contaminada para migrar a la Nación productiva y ecológica.
